Puebla de Don Rodrigo - Ciudad Real

Las responsabilidades penales de la banca


Vicenç Navarro
El Plural




Si un cirujano opera a un paciente y comete un error, resultado de negligencia o de incompetencia, que causa su muerte, el cirujano probablemente será sancionado, sanción que puede incluso llegar al encarcelamiento y pérdida de su licencia para ejercer su profesión, la cirugía. Es lo que se llama mala práctica médica. Tal sistema de sanciones es necesario para proteger a la ciudadanía de incompetencias y negligencias de profesionales cuyas acciones pueden afectar su bienestar y calidad de vida. Y si un empresario debido a su negligencia y/o imprudencia daña la salud de sus trabajadores, puede recibir sanciones que incluyan también su encarcelamiento. Estas normas y sanciones existen en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En todos ellos se considera necesario que se desarrollen normas y sanciones que protejan a la ciudadanía del daño causad por terceros, resultado de incompetencia o negligencia. Es más, si estos terceros sacan provecho y se benefician de tales daños, la sanción es incluso mayor.
Estas normas y sanciones, sin embargo, han sido totalmente ignoradas en la situación actual en la que los banqueros, debido a sus malas prácticas, han creado la mayor crisis financiera hasta ahora conocida desde la II Guerra Mundial, crisis que ha causado un enorme dolor y daño a millones de personas. A pesar de ello, ninguno ha terminado en la cárcel. La enorme incompetencia, negligencia y avaricia de tales banqueros ha llevado a la ruina a millones y millones de personas. Y el daño era previsible, pues ya a mediados de la primera década del siglo XXI hubo economistas como Dean Baker en EEUU, entre otros, que alertaron de que las malas prácticas bancarias nos estaban llevando a una situación catastrófica. Mientras, las agencias de evaluación de bonos como Moody, Standard & Poor’s, entre otras, estaban dando excelentes notas a los bancos que se colapsaron al día siguiente de que tales agencias les dieran una nota de sobresaliente. Y semejante incompetencia e irresponsabilidad (cuando no complicidad) se presentó entre las agencias e instituciones supervisoras de los bancos y del sistema bancario, incluyendo los Bancos Centrales de tales países. Nadie –repito, nadie- ha sido sancionado.

Este silencio ensordecedor de la actividad sancionadora de los Estados es escandaloso. Pero la situación es incluso peor. En lugar de llevar a la cárcel a los banqueros y a sus supervisores (tanto del sector público como del privado), se les dio millones y millones de dólares y euros, no sólo una sino dos, tres y cuatro veces, a fin de evitar que se colapsaran, conllevando además enormes beneficios personales. Ha sido el caso más bochornoso que ha ocurrido en los últimos cien años y que expresa el maridaje entre poder financiero y poder político en la mayoría de tales Estados. No es de extrañar que en la mayoría de las sociedades donde el Estado ha ayudado con dinero público a los bancos exista un enfado de la mayoría de las clases populares hacia el poder político, enfado que comienza incluso a cuestionar la legitimidad de tales Estados. De ahí que se esté intentando dar una respuesta a tal enfado.

La Comisión Europea ha propuesto hace unos días la homologación entre los países de la UE de los sistemas de normas y sanciones contra delitos financieros, intentando frenar los excesos en la especulación bancaria. Pero incluso estas medidas, bastante moderadas, no han ido más allá de propuestas hechas para intentar dar la impresión de que algo están haciendo. Pero son dramáticamente insuficientes. Como bien ha dicho el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, “hasta que los banqueros y responsables de las instituciones supervisoras del sistema financiero no terminen en la cárcel, la crisis financiera no se resolverá” (Washington Block, 4 de noviembre de 2010).

Pero no sólo no han ido a la cárcel, sino que los representantes de la banca y de los Bancos Centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, están ahora diciendo que los problemas con los que tales sociedades se encuentran, como son el elevado desempleo no se deben a ellos, sino a los sindicatos y a las supuestas rigideces que –según la banca- los sindicatos imponen en el mercado laboral en apoyo de los intereses de los trabajadores. Véanse los continuas y repetidas declaraciones del Gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, atribuyendo el elevado desempleo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo e ignorando su responsabilidad por haber causado la crisis al no prevenir la burbuja inmobiliaria causada por el complejo bancario-inmobiliario.

Ahora bien, la protesta popular a esta situación comienza a tener efecto. Y algunos banqueros y sus supervisores pueden terminar en la cárcel. En Islandia, hace un año y medio, los tres mayores bancos –Kaupthing, Landsbanki y Glitnir- se colapsaron como resultado de sus actividades especulativas. Sólo la ayuda del Estado les permitió sobrevivir. El Parlamento de aquel país acaba de publicar el informe de una Comisión Parlamentaria nombrada para averiguar la causa de lo ocurrido. En el informe se documenta no sólo la incompetencia, sino las malas prácticas de los equipos de dirección de aquellos bancos, así como la incompetencia, cuando no la complicidad, de las agencias privadas (sistema de auditoría) y públicas, que en teoría deberían supervisarlas. Como consecuencia, se han llevado a los tribunales a los equipos directivos de aquellos bancos, así como a sus supervisores, con petición de encarcelamiento y sanción por su comportamiento, que el informe define como criminal. Sería de desear que en España las Cortes Españolas nombraran una comisión para analizar las causas de la crisis bancaria española y ver si los equipos de dirección de los mayores bancos y sus supervisores públicos y privados incurrieron en alguna responsabilidad criminal.

totalmente deacuerdo

Es un texto copia,vale la pena leer la opinion del profesor Chomsky,leedlo sin prisa y con tiempo,nos ayuda a ver EEUU desde el mediterraneo,creo.

07-02-2010


Las empresas toman la democracia de EEUU


Noam Chomsky
Público




El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".

A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".

En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Rivales del Gobierno
Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

La salud pública
Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.

Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.

Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.

Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.

El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.

Fuente: https://ww.publico.es/internacional/292370/empresas/toman/democracia/eeuu





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