Bolaños de Calatrava - Ciudad Real

El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la
mayor trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la concesión de licencias a locales, fija
su investigación ahora sobre 16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del equipo de
Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Se trata de Luis Asúa, edil responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto,
de Chamartín; Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de Hortaleza. Tres de ellos
estaban en otros distritos en el mandato anterior, periodo sobre el que pide información el titular del
Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.
Los cargos que ostentaban entonces todos ellos (salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en
una gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la Concejalía de Medio Ambiente,
departamento del que partieron las irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10 ediles
y nueve cargos de confianza, según esa documentación, ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las
anotaciones hechas en los expedientes por los funcionarios.
Torres pide información sobre quiénes, en determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de
concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas en la providencia del juez, del 10 de junio,
coinciden con las anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena Sánchez, entonces edil de
Ciudad Lineal, que pidió agilizar una licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo
anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad Lineal".
Las coincidencias en las fechas siguen en el caso de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de
Centro, para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de Dolores Navarro (Tetuán) para un
restaurante en Capitán Haya. Cuando el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS
hace año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por las quejas recibidas de los dueños
de los locales por el atasco de las licencias.
El magistrado solicita también datos de quiénes eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la
mano derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21 distritos: Hortaleza, Chamartín,
Latina, Retiro, Barajas, Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de esta petición
es la declaración de una funcionaria imputada, Esther del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación
Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de la trama, Victoriano
Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos imputados-, eran los responsables.El testimonio de la
imputada Del Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "ha resultado crucial". Y
eso significa, según la misma fuente, que el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o
imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de
Madrid,
"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece en la base de datos", aseguraba uno de los altos
cargos sobre quien reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos". Considera que la declaración de Del Olmo es una
maniobra exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque, Joaquín Fernández de Castro y
Victoriano Ceballos, compañeros de Del Olmo.
Asimismo, el juez pide las declaraciones a Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en febrero por estar implicado en el caso
Correa de corrupción vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un restaurante suyo una
licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un
portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar conocer los bienes de la mujer de
López-Viejo. El juez Torres ya se interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó las
declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad y el de Bienes y Derechos
Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil el régimen económico del matrimonio.