la Salzadella - Castellon

La decisión del fiscal jefe de abrir diligencias de investigación por el supuesto fraude en el censo de Vall d'Alba supone que el vicepresidente de la diputación, Francisco Martínez, pasa a engrosar la lista de mandatarios de la corporación salpicados por escándalos políticos.
Así, el presidente Carlos Fabra figura como imputado en uno o varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal desde el año 2003, cuando un empresario le acusó de cobrar comisiones millonarias por hacer favores en ministerios y consellerias. Tras más de 6 años de investigación judicial, el mandatario popular no ha podido explicar por qué no declaró al fisco 1,7 millones de euros. Fabra vive su verano más difícil desde que el Juez de Nules anunciara, hace unos días, la apertura de un juicio con jurado contra él. Además, el fiscal anticorrupción ultima su escrito de acusación provisional, en el que podría solicitar penas de cárcel por 5 delitos contra la Hacienda Pública.
Al mismo tiempo, Vicent Aparici, vicepresidente segundo de la diputación, libra su particular batalla con la Justicia. El fiscal ha pedido ya 7 años de cárcel para él por el caso de los vertidos de la Vall en su etapa de alcalde de este municipio. El Juzgado de Nules ha remitido el expediente a la Audiencia Provincial, que debe fijar día y hora para el juicio.
Pese a la gravedad de las imputaciones que se ciernen sobre los tres "ases marcados" del PP, ninguno de ellos se se ha planteado la dimisión. Tampoco se han exigido responsabilidades desde la dirección nacional y autonómica del partido