la Salzadella - Castellon

Como ya hicieron con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, las comunidades gobernadas por el Partido Popular se convierten en punta de lanza de las estrategias de la dirección de Génova, en este caso contra la Ley del aborto, para boicotear su entrada en vigor.

Tras la huelga de los conductores del metro y las imágenes de los sindicalistas sudorosos y vociferantes, que tanto daño le están haciendo a la pobre Esperanza con este cierre sin servicios mínimos, han descubierto que ya no son el partido de los trabajadores, ¿como se van a identificar con esos marxistas? Así que, a cuento del aborto, han decidido sacar a pasear sus más rancias esencias.

Con la complacencia de la Ejecutiva Nacional, Murcia, Galicia, Madrid y como no, Navarra, gobernada por los antiguos socios de UPN, han mostrado sus cartas el primer día de entrada en vigor de la norma.

El vibrante presidente murciano Ramón Luís Valcárcel, como si reeditara el cantón de Cartagena, ha decidido que, en este caso, su comunidad no ve razones para acatar una ley que ha sido aprobada en el Parlamento de la Nación. Superando las prerrogativas de un Estado Federal, Valcárcel cree que es él y su brillante criterio quien decide que leyes del Estado se acatan y cuales no. ¿Verá Aznar en esta insumisión el riesgo de un Estado constitucionalmente fallido como le ocurre con el Estatuto catalán?

Navarra sigue en sus trece. Convertida en una comunidad en manos del Opus Dei, ni en el supuesto de grave riesgo para la salud de la madre se ha permitido abortar a ninguna mujer. Nada les hace cambiar después de más de treinta años de despenalización de la interrupción del embarazo en nuestro país. El gobierno foral, en un alarde más de hipocresía, pagará el desplazamiento a hospitales fuera de su ámbito territorial a las ciudadanas navarras que quieran abortar, pero lo harán lejos de casa. En Navarra no se peca, lo diga o no lo diga la ley civil y aunque la sanidad pública se pague con los impuestos de laicos e incluso de ateos. Pero ya se sabe que las convicción morales que siempre se han respetado en esta tierra han sido las “de toda la vida”, “las de orden”.

La Comunidad de Madrid ha sido más ambigua. La lideresa tiene olfato político y sabe que la capital cuenta con una sociedad abierta, tolerante y no traga con los dogmas. Por eso y porque sabe que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados, va a poner todos los obstáculos posibles en la sanidad pública pero sin que se note. De momento la excusa es que apoyan la objeción de conciencia de los médicos. Derecho este que queda perfectamente reconocido en el texto de una Ley que ojala sirva para que las mujeres que pasan por el amargo percance de tener que abortar lo hagan, al menos, con todas las garantías jurídicas.

Victoria Lafora es periodista y analista política