Arañuel - Castellon

GUERRA EN EL PSOE ANDALUZ: LA JUNTA DESTAPA UN ESCÁNDALO QUE DAÑA A MONTESEIRÍN.
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, conocía la implicación de ex director general de Mercasevilla en la presunta extorsión de un empresario de hostelería de Sevilla, al que pidió 300.000 euros que debían "olvidarse" en un maletín, y sin embargo, la silenció sin denunciarla.
Izquierda Unida, su socio de gobierno en Sevilla, ha sido cómplice del silencio. Antonio Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde y miembro de esta formación, es el responsable directo en la gestión de Mercasevilla, como vicepresidente de la empresa y su Fundación. Pero fue curiosamente la Consejería de Empleo de la Junta la que remitió a la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla una grabación en la que se oye una conversación de dicho empresario con Fernando Mellet, ex director gerente de Mercasevilla.
Es preciso tener en cuenta que Monteseirín, además de alcalde, es presidente de la Junta General de accionistas de Mercasevilla, y que Fernando Mellet está vinculado a la Agrupación socialista de Macarena, feudo de Monteseirín y afectada por escándalos de financiación irregular y facturas falsas que se han juzgado y condenado recientemente en los tribunales.
En la grabación transcrita por la Policía Judicial ambos directivos de Mercasevilla explicaban a sus interlocutores que la propuesta de aportación de 300.000 euros para un proyecto que había sido subvencionado por la Junta en su totalidad era algo habitual y que tenían instrucciones de que así se hiciera para sacarlo adelante, a pesar de que el proyecto había sido comprometido dos años antes en un protocolo, ya que insinuaban tenían otros posibles adjudicatarios.
Esta parte de la conversación, con independencia de las declaraciones que los directivos han realizado sobre la procedencia de las "instrucciones" puede llevar a la Fiscalía a citar en breve a algún responsable político de la empresa pública, que preside Sánchez Monteseirín y que tiene en su socio de gobierno, Antonio Rodrigo Torrijos, su responsable directo en la gestión, como vicepresidente de la empresa y su Fundación.
El Gobierno local (PSOE-IU) sabía desde el 4 de febrero que la Junta de Andalucía disponía de una grabación de audio que refleja cómo presuntamente el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, reclamaron una comisión de 300.000 euros a los directivos del Grupo La Raza a cambio de permitirles instalar una escuela de hostelería en su recinto.
De eso hace 55 días. Sólo este marte los socios de Gobierno emitieron un comunicado en el que admiten que la Junta le informó de la denuncia y que por eso destituyó a Mellet y Ponce, hace ya mes y medio. Entonces, Mellet alegó "motivos personales" – la grave enfermedad de su padre y su suegro – para dejar el mercado de mayoristas, cuando más proyectos se habían emprendido y más saneadas estaban las cuentas.
El expediente ha sido enviado por la Consejería de Empleo a la Fiscalía de Sevilla, donde la fiscal jefe, María José Segarra, se está encargando de la investigación. El delito del que son sospechosos es el de cohecho, que puede acarrearles penas de entre dos y seis años de cárcel después de un juicio con jurado popular.
El Gobierno municipal ocultó, pues, lo sucedido a pesar de ser advertido por la Consejería de Empleo el pasado 4 de febrero de la gravedad de las conversaciones de la dirección de Mercasevilla a empresarios sobre cómo se realizaba el proceso de adjudicación de subvenciones de la Junta.
El empresario ya habría recibido una primera propuesta en la que le indicaba que "la Junta colabora con quienes colaboran" y le habrían explicado que la forma de depositar el dinero era dejando olvidado un maletín con 300.000 euros en un despacho. El comunicado de la portavoz del Gobierno de este martes pone de manifiesto cómo a pesar de conocer los pormenores del caso a través de la Consejería de Empleo, el Gobierno admitió públicamente la dimisión "por motivos personales" de Fernando Mellet el pasado 17 de febrero silenciando los motivos de la misma.
En El Correo de Andalucía, se dice textualmente: "El caso de la empresa de mercados afecta directamente a los dos socios de Gobierno al igual que a la Junta de Andalucía. Ambos han dejado pasar casi dos meses y han tratado de evitar hacer público un escándalo de estas características. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, preside la junta general de accionistas, y Fernando Mellet está vinculado, según varias fuentes consultadas, a la Agrupación socialista de Macarena. IU, por su parte, ha hecho bandera de la buena gestión de la sociedad pública, de sus resultados económicos y de su plan de expansión con medidas como la absorción de tres de las plazas de abastos de la ciudad. El Gobierno local incide en que actuó a tiempo. Pero no destituyó públicamente a Mellet. Suspendió el consejo de administración, le dejó justificar su dimisión, y quedó a la espera".
Según ABC, la Consejería de Empleo anunció este martes que ha paralizado los expedientes relacionados con el protocolo de colaboración entre la Fundación Socio Asistencial Mercasevilla y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el desarrollo de planes de formación para desempleados del sector de la hostelería de Sevilla, a raíz del presunto cobro de comisiones a un empresario.
En un comunicado, Empleo explicó que remitió el 13 de febrero a la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla material audiovisual que incluye la grabación de una conversación, facilitada por un empresario de Sevilla del sector de hostelería, y que contempla elementos "que podrían ser constitutivos de algún tipo de ilícito penal relacionado con el desarrollo del protocolo de colaboración". La Consejería no ejecutó ninguno de los pagos de la subvención excepcional de 900. 000 euros y espera que la investigación llegue "hasta las últimas consecuencias".
REACCIÓN DEL PP DE SEVILLA.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pidió explicaciones al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, por el "escándalo" de Mercasevilla y aseguró que llegarán "hasta el final". "Otro escándalo más", lamentó en declaraciones a los periodistas Zoido, quien apuntó que "se han confirmado las sospechas del PP" y aseguró que por esta causa el representante del PP en la empresa municipal "no ha cedido a firmar las cuentas de la Fundación Mercasevilla a pesar de los muchos requerimientos, porque había un rumor de que directivos de Mercasevilla exigían a algunos empresarios algunas cantidades". Así, se mostró "respetuoso" con las diligencias emprendidas por la Fiscalía, a lo que añadió que "el PP va a seguir investigando todo lo que pueda pasar tanto en Mercasevilla como en su Fundación", en la que no tiene representación la oposición.
Además, consideró que el alcalde "no está o no debe estar ajeno" a tal situación y añadió que "puede ser que no estuviera al corriente, lo que ya es bastante grave, o lo que sería más grave, que conociéndolo lo haya ocultado". Por tanto, criticó que "se haya aceptado la dimisión" del director general y director adjunto de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, en lugar de ordenar su "cese inmediato y hacer públicas las razones". Del mismo modo, el portavoz popular recordó que el vicepresidente de Mercasevilla es Antonio Rodrigo Torrijos, quien a su juicio "también tendrá algo que ver", y al que dijo aplicarle "la misma teoría que al alcalde".
En esta línea, apuntó que "Mellet llegó a Mercasevilla de mano del alcalde" y añadió que "los apellidos Mellet Jiménez no son casuales ni nuevos en este Ayuntamiento, una hermana suya es trabajadora social de Unidad, desde donde se emitían los fax diciendo como hacer facturas falsas".
"Tras estas situaciones tan reiteradas en distintas áreas el alcalde tiene que salir inmediatamente y dar una explicación, es el presidente de Mercasevilla y sin más dilaciones tiene que decirnos qué sabe de esto, desde cuando lo conoce, qué medidas han tomado y por qué motivo se ha callado", reafirmó Zoido. "Me cuesta mucho creer que llevan estos hechos más de diez días en Fiscalía y el alcalde no tuviese ninguna idea de lo que ha acontecido con Mellet", agregó el portavoz popular, quien se preguntó si "habrá más".

socialistos en plena accion.............luego hablan de 3 trajes...jajajajjajaajjaj

Una presunta trama destinada a colocar falsos prejubilados en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía amplía las causas investigadas en el caso Mercasevilla, instruido por la jueza Mercedes Ayala, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Junta y el Ayuntamiento de la ciudad hispalense se ven afectados por la investigación.

Como de una caja de pandora, el caso Mercasevilla va desprendiendo presuntos delitos. Cobro de comisiones ilegales, delitos urbanísticos y, por último, una trama de prejubilaciones ficticias, en las que se mueven posibles irregularidades que han costado casi 650 millones de euros, según la Policía Judicial.

La Junta ha ido desvelando en los últimos días algunos expedientes de falsos prejubilados por ERE, en expedientes que fueron subvencionados por la propia Comunidad Autónoma. En este momento, hay cinco causas abiertas en el juzgado y una investigación interna de la Consejería de Economía, de la que estuvo al frente, entre 2004 y 2009, el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Entre los detenidos e imputados dentro de las cincos causas hay algunos cargos socialistas, que tuvieron responsabilidades autonómicas y municipales.

Investigación incial
En el origen hay un intento de soborno. Dos de los que fueran directivos de la empresa mixta Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron supuestamente 450.000 euros a dos empresarios. A cambio esperaban obtener la concesión de una escuela de hostelería.

Los contactos fueron grabados por los hosteleros y las cintas se hicieron llegar a la Consejería de Empleo, que las remitió a la fiscalía. El pasado 24 de abril, el Partido Popular presentó una denuncia. Desde entonces lo investiga la jueza Mercedes Ayala, quien ha imputado al ex delegado de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y la directiva de Mercasevilla Regla Pereira.

Por el camino, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, dimitió y una auditoría del Ayuntamiento encontró un desajuste contable de más de un millón de euros. La Fundación Mercasevilla fue disuelta. Se habían descubierto también irregularidades de unos 30.000 euros en la gestión de los directivos que no se justificaba.

ERE de Mercasevilla
En 2003 y 2007, Mercasevilla vive un Expediente de Regulación de Empleo, que en parte es costeado por la Junta de Andalucía. Es el comité de empresa el que desvela la presencia de un beneficiario que nunca trabajó en la empresa municipal. La investigación destapó otros casos. Entre ellos, estaba un ex miembro de la directiva del PSOE en Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo.

La policía judicial tomó declaración a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, y ex alcalde de El Pedroso entre 1995 y 1997, localidad de la que también fue alcalde uno de los presuntos beneficiarios irregularmente por el ERE. Según su testimonio, la comunidad autónoma había aportado casi 650 millones de euros para expedientes de regulación de empleo. El propio interrogado calificó como "fondo de reptiles", porque no había control.

La policía sostiene que Guerrero gestionó entre el año 2000 y 2008 este dinero "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello". Según la investigación, la policía cree que todas las disposiciones o despidos colectivos "son, además de nulas de pleno derecho, constitutivas de infracción penal por su arbitrariedad y ser dictadas a sabiendas de que son injustas".

Desde la Junta se considera que los fondos manejados por la Dirección General de Empleo para ayudas a empresas en crisis están incluidos en los presupuestos. "Otra cosa es que pueda haber habido uso indebido de esos fondos", según Mar Moreno, consejera de la Presidencia.

"Hemos ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que pueden haber sido irregulares", ha manifestado este miércoles el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2009, recordó que la Junta ha puesto los hechos en conocimiento de la fiscalía, ha pedido personarse en la causa, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio, y remitirá todos los expedientes a la Cámara de Cuentas.

Sobre la Intervención General de Hacienda que en 2005 ha mostrado su disconformidad con el procedimiento en un informe que no era vinculante, Griñán ha dicho que el "reparo" que hace la Intervención no es en la aplicación de los fondos -que es correcta- sino en el hecho de que el procedimiento debía mejorar, un cambio que se produjo en 2008 y 2010, según destacó el presidente andaluz.


¿Quién está detenido por los ERE?
La policía judicial ha interrogado a 11 detenidos, supuestos partícipes de la trama de dos prejubilaciones fraudulentas subvencionadas por la Junta, la de Mercasevilla y la de Río Grande. Fernando Mellet, acusado de estafa, ha sido el último en prestar declaración. Lo hizo el pasado martes y afirmó no tener relación con la trama.

Por el camino, han declarado un sindicalista de UGT de Jaén, un miembro de la ejecutiva socialista de Torredonjimeno y Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y mediador en los ERE de Mercasevilla y Río Grande, acusado de falsedad documental, estafa y cohecho. También lo han hecho algunos de sus familiares.

Por el expediente del restaurante sevillano Río Grande han declarado su dueña; una supuesta beneficiaria, quien habría recibido 140.000 euros en una cuenta, gestionada por Francisco González, comercial de la aseguradora Vitalia, empresa a través de que la que abonaba la Junta. Además de éste, también han prestado declaración su socio Francisco Limón y Antonio Garrido, conocido por su anterior pertenencia al Psoe.

La investigación interna de la Junta
El caso Mercasevilla ha hecho que la Junta de Andalucía esté revisando los ERE en vigor con subvenciones de la Comunidad Autónoma. Son 45 en total y afectarían casi a 7.000 personas. El estudio de los expedientes ha revelado que 37 casos de prejubilados podrían ser fraudulentas y lo han denunciado ante la jueza que lleva el caso.

Figura entre los beneficiarios el Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso, en Sevilla.

Las ayudas librabas por este método constituyen según la Policía Judicial un "incumpliento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta, ya que ni siquiera están publicadas en el BOJA, boletín autonómico."Prueba evidente -dicen- es quen no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de la empresas beneficiarias".

El PP ha pedido este miércoles la dimisión de la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y del titular de Empleo, Manuel Recio, por haber "mentido y ocultado" en los últimos tiempos las irregularidades detectadas en las ayudas de la Junta a los expedientes de regulación de empleo a empresas en crisis.

que les den........ a ellos y a ti tambien por pesao.
me importa un pimiento