Arañuel - Castellon

No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Por la puerta que abrió la reciente sentencia del Supremo que volvió a imputar a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de esta comunidad autónoma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisión de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableció en febrero pasado que los informes policiales sobre financiación ilegal del PP había que investigarlos aunque rechazó hacerlo por una cuestión de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscalía, que justifica la necesidad de tomar esta decisión ahora para "evitar la prescripción de los delitos electorales". Anticorrupción se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este año. Según esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscalía y el juez, aconsejan "su acumulación" al procedimiento que instruye el juez valenciano José Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos".

El Gobierno de Camps adjudicó al menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", señala el ministerio público, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420", lo que implicaría que no sería objeto de juicio con jurado y la condena pasaría de una multa a la inhabilitación para ejercer cargo público.

El auto permite concluir que los problemas de Camps con la Justicia ya no se ciñen a "tres trajes regalados" (12.783 euros exactamente) sin ninguna conexión con los contratos a la trama y que, como cohecho impropio, se saldarían con multa de tres a seis meses, en el peor escenario para el Consell. Pedreira avala la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y da una vuelta de tuerca al cohecho impropio para convertirlo en propio. En cohecho crudo, puro y duro. Y eso son palabras mayores cuando se aplican a un presidente. Ese delito está penado con prisión (hasta seis años) e inhabilitación para cargo público con fecha de caducidad de hasta doce años. "El cohecho que se investigaba en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal [el pasivo] sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal", esto es, el propio, señala el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid. Viene a apreciar relación causal entre los regalos que hizo la trama (pagó Orange Market, Servimadrid y Diseño Asimétrico) a los cargos públicos y los contratos que les llovieron de la Generalitat.

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