Villamartín - Cadiz

CSIF: AGUSTÍN BARBERÁ TRABAJA EN UN DESTINO ‘INVENTADO’

La Junta coloca en un puesto que no existe a un cargo imputado en los EREs

Agustín Rivera 14/03/2012 (06:00h)

La Junta de Andalucía ha contratado al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá en un puesto virtual en la delegación del Gobierno de Cádiz. Barberá, imputado en el caso de los EREs falsos por la juez Mercedes Alaya, responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, trabaja como coordinador en la unidad de prevención de riesgos laborales, un puesto que no existe en la función pública andaluza.

“La Junta de Andalucía no ha creado ese puesto de trabajo. Son plazas virtuales o plazas mochila, creada para que antiguos altos cargos sean recolocados. Estas plazas se crean al margen de la ley”, destaca a El Confidencial Juan Carlos Moreno, responsable del sindicato CSIF en Cádiz, que ha denunciado el caso.

Para Alicia Martos, portavoz de esta representación sindical en Andalucía, casos como el de Barberá representan una “forma de nepotismo” en la Junta. “Lo hacen para que no se queden sin cobrar la nómina a final de mes. Hay más de 12.000 funcionarios que han concursado y se han quedado sin plaza después de haber concurso legalmente y encima le dan un puesto a alguien que está imputado cuando muchos empleados públicos se desplazan hasta 500 kilómetros para una trabajar fuera de su provincia”, lamenta Martos a este diario.

El caso Barberá se ha convertido una práctica habitual de la Junta con cargos políticos que no sabe dónde colocarlos. Si no son funcionarios los trasladan a la administración paralela, a las agencias públicas de la Junta, que tanto han criticado los funcionarios andaluces con sus manifestaciones contra el decretazo Griñán.

Barberá declarará como imputado ante la juez Alaya el próximo 30 de marzo porque presuntamente era conocedor de la “falta de legalidad de los procedimientos” por los que se concedieron las ayudas. Según Alaya, el exviceconsejero “tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo Antonio Fernández de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía”.

Alaya también asegura que Barberá daría “el visto bueno a los pagos ordenados al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años”. El exviceconsejero ya compareció en calidad de testigo por el caso Mercasevilla y relató a la juez que fue él quien elevó a la Fiscalía las supuestas irregularidades tras oír la grabación realizada por los hosteleros de La Raza, que originó el caso. Fue seis años número dos de Fernández.

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