San Roque - Cadiz

EN ÁVILA:

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN BALEARES:

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

EN BURGOS:

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

EN CÁDIZ:

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN CANARIAS:

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos

Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.


EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.


EN MADRID:

Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.

Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.


Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.


Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

EN MÁLAGA:

Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.


Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.


EN MURCIA:

Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.


Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.



Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.

Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.




San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

EN LA RIOJA:

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.

EN VALENCIA:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.


Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.


-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.



EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Todo esto que esta en estos articulos,es para que vayais abriendo boca.porque estos dÍas he estado recopilando datos de toda la especulaciÓn que han perpetrado estos peperos.os ire informando mas y mas.

Almería

Cristóbal Fernández (Alcalde de Carboneras). Condenado por delito electoral e implicado en el atentado urbanístico de El Algarrobico (urbanización ilegal en espacio natural protegido e invadiendo la servidumbre de protección).

Rosario Fernández (Concejal de Carboneras). Condenada por delito electoral.

Joaquín García Fernández (Alcalde de Níjar). Gobierna con una tránsfuga. Denunciado por adjudicaciones ilegales y corrupción urbanística. Greenpeace denuncia urbanizaciones ilegales en San Miguel de Cabo de Gata, en la Isleta del Moro, en Las Negras y en Aguamarga.

Gabriel Flores (Alcalde de Mojácar). Greenpeace denuncia la urbanización en dominio público marítimo-terrestre y dominio público hidráulico (Playa Macenas). Ana Joaquina García Núñez (Alcaldesa de Antas). Greenpeace denuncia la urbanización masiva: 60.000 nuevas viviendas y cinco campos de golf.
María Dolores Muñoz Pérez (Alcaldesa de Pulpí y Presidenta PSOE Almería). Ha permitido la adjudicación de instalaciones deportivas a la empresa de un hermano del Presidente de la Junta, Antonio José Chaves.


Cádiz

Pilar Sánchez (Alcaldesa de Jerez). Imputada por prevaricación.

Juan Manuel García Bermúdez (Concejal de Jerez). Imputado por prevaricación.

Luis Mario Aparcero (ex alcalde de Chipiona). Condenado por el caso Sanlúcar.

Agustín Cuevas (ex alcalde de Sanlúcar). Condenado por el caso Sanlúcar.

Manuel García (Alcalde de Chipiona). Imputado por malos tratos. Greenpeace denuncia que el nuevo puerto deportivo destruirá la playa Micaela. Depuración incorrecta de aguas residuales.

Antonio Ramírez (Alcalde de El Bosque). Pretende subastar en seis millones de euros la finca pública El Imperio, donde se construirán más de 900 viviendas. Ha sido paralizada.

María José Lara (Alcaldesa de Grazalema). Investigada por la Operación Pinsapar de corrupción urbanística. Se ha aumentado el suelo urbanizable en un 50 por ciento y en Benamahoma (pedanía de Grazalema) en 150.000 metros cuadrados, lo que supone cuadruplicarlo.

Antonio Mateos (ex alcalde de Grazalema). Investigado por la Operación Pinsapar.

Francisco González Cabañas (Alcalde de Benalup y Presidente de la Diputación de Sevilla). Sus hermanos facturaron más de 250 millones de las antiguas pesetas según una inspección de 2001. Se encuentra abierto un procedimiento abreviado en el Juzgado Mixto número 1 de Chiclana.

Miguel Manella (Alcalde de Tarifa). Acusado de prevaricación. Greenpeace denuncia la construcción del complejo Atlanterra, cerca de 2000 nuevas viviendas y un campo de golf. Además de por prevaricación, tiene abiertas diligencias previas por delitos de falsificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medioambiente, en el entorno del Castillo de Santa Catalina.

Francisco Vaca (Alcalde de Castellar). Ha firmado un convenio con Arenal 2000, cuyo dueño está imputado por cohecho en la Operación Malaya.

Ildefonso Gómez (Alcalde de Jimena). Está vinculado con la Operación Malaya y la operación Ballena Blanca. Ha firmado convenios con Arenal 2000, cuyo dueño está imputado en la Operación Malaya. Tiene abiertas diligencias judiciales por una irregularidad urbanística en la Finca de La Bordalla.

Juan Sevillano (Alcalde de Bornos). Condenado por prevaricación.

Rafael Reyes (Alcalde de Benaocaz). Imputado por prevaricación. Pretende construir 200 viviendas nuevas en un municipio que tiene poco más de 700 de habitantes.

Juan María Nieto (ex alcalde de Zahara de la Sierra). Imputado por conceder licencias con informes negativos de los técnicos municipales y de la Diputación.

José María Román (Alcalde de Chiclana). PGOU anulado, plantea 40.000 nuevas viviendas y legalización de 10.000 viviendas. Proyecto para urbanizar el Pinar de Hierro.
Antonio Jesús Verdú Tello (Alcalde de Vejer). Greenpeace denuncia la urbanización de litoral virgen: “En Vejer, uno de los últimos tramos vírgenes del litoral andaluz, se ha autorizado la construcción de 1.850 plazas hoteleras”.
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Juan Solís Segovia (Alcalde de San Martín del Tesorillo). Imputado por un delito de prevaricación urbanística al conceder licencia en contra de informes técnicos.

Alfonso Moscoso (Alcalde de Villaluenga del Rosario y Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz). No llega a 500 habitantes y tiene previstas 400 viviendas nuevas. El PGOU prevé recalificar 109.366 metros cuadrados y contempla un proyecto de campo de golf de 18 hoyos y una urbanización de 125 viviendas.

Arsenio Cordero (Alcalde de Alcalá de los Gazules). Ha firmado un convenio urbanístico para el desarrollo de una zona “turística residencial deportiva y recreativa” que contará con un campo de golf de 18 hoyos, hotel de cuatro estrellas y mil quinientas viviendas, ya que el conjunto ocupará 1.593.000 metros cuadrados con una densidad máxima de 10 viviendas por hectárea.

Ignacio García de Quirós Pacheco (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado. El municipio tiene 3.000 viviendas ilegales y un sin fin de expedientes por irregularidades urbanísticas.

María Consolación Gamero Brun (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado.

Joaquin Corredera Andrés (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado.

Francisco Payán Fernández (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado.

Fernando Pérez Castillo (Alcalde de Prado del Rey). Denunciado por anular recibos de impuestos a familiares directos y por aplicar rebajas arbitrarias de impuestos a un complejo turístico vinculado al alcalde. Pretende recalificar dos millones de metros cuadrados. Adjudicó una piscina cubierta a Climo Cubierta, empresa que pertenece a un hermano del Presidente de la Junta.

Alonso Rojas (Alcalde de Los Barrios). Imputado por denegar información a la oposición municipal y a la espera de juicio por injurias y calumnias.



Córdoba

Antonio Guisado (ex alcalde de Fuente Palmera). Ha dimitido. Está siendo investigado por la venta de zona verde para construir viviendas a la promotora propiedad del alcalde de La Carlota, Francisco Pulido (PSOE).

Maribel Ostos (ex concejal de urbanismo de Fuente Palmera). Denunciada e investigada por el mismo caso.

Francisco Pulido (Alcalde de La Carlota). Es propietario de la empresa Riego y Fontanería Recortes, a través de la cual adquirió 21.070 m2 de suelo verde en Fuente Palmera para construir viviendas.


Granada

José Antonio Morales Cara (Alcalde de Armilla). Supuesta concesión ilegal de la licencia de obras para la construcción del centro comercial Nevada, promovido por Tomás Olivo, imputado en la Operación Malaya. La llaman la “Marbella granadina”.

Gabriel Cañavate (Vicepresidente de la Diputación de Granada). Investigado por la Fiscalía por no someter la modificación del plan parcial del centro comercial Nevada al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Ha comprado sin hipotecas en 8 años tres pisos por 128.000 euros.

Pedro Álvarez (Alcalde de Motril). Greenpeace denuncia la construcción de 12.000 viviendas y un campo de golf en el nuevo PGOU.

Arsenio Vázquez Moreno (Alcalde de Rubite). Greenpeace denuncia que incluye 4.000 nuevas viviendas en su nuevo plan urbanístico, destacando una urbanización de 1.500 viviendas con campo de golf, hotel y residencia geriátrica en una extensión de un millón de metros cuadrados.

Victor Sánchez (Alcalde de Atarfe). Acusado de estafa por la venta de unos terrenos de equipamiento público a un promotor que anunció la construcción de una residencia de ancianos convertida ahora en apartamentos. Además ha recalificado cuatro millones de metros cuadrados para construir viviendas.

Manuel Carrascosa (Alcalde de Torrenueva). Ha promovido diez recalificaciones urbanísticas desde 2004 hasta la fecha.

Abelardo Vico (Alcalde de Freila). Tiene a sus espaldas varias denuncias por prevaricación e irregularidades urbanísticas.


Huelva

Rafael González (Alcalde de Ayamonte). Greenpeace denuncia la urbanización de 5 millones de metros cuadrados y alerta de la “especulación” que se esconde tras la masiva recalificación de terrenos a petición de la constructora Rafael Morales S.A.
Juan Antonio Millán (Alcalde de Cartaya). Greenpeace denuncia la urbanización con afección a espacios naturales protegidos. El PGOU aprobado inicialmente supone una grave agresión a los lugares más emblemáticos de la localidad, algunos de ellos enclavados en las inmediaciones y en la zona de influencia del Espacio Natural Marismas del Piedras y Flecha del Rompido.

Juan Manuel Burga (Alcalde de El Granado). Ha autorizado la compra de casi 500 hectáreas en la desembocadura del río Chanza junto a dos empresas promotoras, que pretenden recalificarlas para construir una macrourbanización con dos campos de golf.

Manuel Guerra (Alcalde de Aracena). El nuevo PGOU ha recibido más de 100 alegaciones. Se pretende triplicar el municipio. El Plan Especial del Rebollar permitirá levantar chalets de lujo en plena dehesa y usurpando terreno al Camino Real del Rebollar (cañada real).

José Hernández Albarracín (ex alcalde de Punta Umbría). PA, PP e IU han solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre las supuestas adjudicaciones de cinco parcelas residenciales a la empresa Proantares en el año 2002 por un precio supuestamente inferior a su valor. El PSOE la ha rechazado haciendo valer su mayoría absoluta.


Jaén

Felipe López (Presidente de la Diputación). La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado graves irregularidades contables.

Blas Sabalete (Alcalde de Torredelcampo). Imputado por la Fiscalía por no ordenar el inicio de expedientes sancionadores contra infractores de irregularidades urbanísticas. El Delegado del Gobierno y Vicesecretario Provincial del PSOE en Jaén llegó incluso a decir que lo apoyaría si quiere ser de nuevo candidato.

Miguel Campillo (Alcalde de Baños de la Encina). Denunciado por un particular, que lo acusa de “corrupción” y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales. La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia. Hay ya 17 personas imputadas. El PSOE de Baños de la Encina ha enviado una carta a sus afiliados pidiéndoles unidad frente a lo que considera intentos de desprestigiar la imagen del partido.

Pedro Carmona Úbeda (Alcalde de Arjonilla). Denunciado en los juzgados por corrupción urbanística.

José Antonio Olivares Sánchez (Alcalde de La Iruela). En los dos últimos años ha autorizado más de 500 licencias de obras. Con la revisión del plan urbanístico, se prevé duplicar el censo de viviendas de la actualidad, cifrado en un millar, para lo que ha recalificado más de 100.000 metros cuadrados de suelo.

Cristóbal Relaño Cachinero (Alcalde de Marmolejo). Está denunciado por vender terrenos muy por debajo de su precio.

Carmen Anguita (Alcaldesa de Los Villares). Pretende dar el “pelotazo” duplicando el parque de viviendas del municipio (5280 habitantes), cifrado en 2.000 unidades.

Francisco Cobo (Alcalde de Mancha Real). Desde los ochenta el PSOE permite la urbanización ilegal de zonas cercanas a la sierra mediante la edificación sucesiva de chalets con piscina junto a caminos rurales (mestas algunos de ellos).

Juan Ramón Romero (concejal y ex alcalde de La Guardia). Inhabilitado para siete años por un delito de prevaricación urbanística cuando era alcalde.

Málaga

Antonio Souvirón (Alcalde de Vélez-Málaga). Greenpeace denuncia que pretende edificar en los terrenos de la desembocadura del río Vélez. El proyecto plantea la edificación de viviendas de lujo y hoteles en una de las zonas naturales más importantes de la Costa del Sol.

Salvador Pendón (Alcalde de Ardales y Presidente de la Diputación). Ha sido denunciado por ecologistas por cuatro supuestos delitos en la firma de un convenio urbanístico en la zona de Laja de Turón.

Antonio Barrientos (Alcalde de Estepona). Denunciado por Greenpeace por promover una urbanización masiva (82.000 nuevas viviendas) y por la legalización de 3.000 viviendas ilegales. Depuración incorrecta de aguas residuales.
Agustín Moreno (Mijas). Greenpeace denuncia la construcción de un nuevo puerto deportivo destruyendo playas. Depuración incorrecta de aguas residuales. Extracción de 20 millones de metros cúbicos de arena para regeneración artificial afectando a LICs en el paraje de Calahonda-Cabopino.

José Jesús Domínguez Palma (Delegado de Urbanismo de El Rincón de la Victoria). Greenpeace denuncia que el nuevo PGOU propone la recalificación de casi 2.000 hectáreas como urbanas (el 68% del municipio) para dar un “pelotazo” de 15.000 nuevas viviendas.

Manuel Vázquez (ex alcalde de Ojén). Condenado a dos años de cárcel por aprobar una licencia en una zona de protección medioambiental.

Miguel Escalona (ex alcalde de Torremolinos). Fue absuelto de un delito de cohecho, por el que sin embargo fue condenado su ex teniente de Alcalde Antonio Romero.

Ricardo Millán (Alcalde de Antequera). Denunciado por negarse a dar información a la oposición sobre facturas sin consignación presupuestaria.


Sevilla

Alfredo Sánchez Monteseirín (Alcalde de Sevilla). Denunciado por Los Verdes por alentar la especulación en el PGOU. Investigado por pagar facturas falsas por obras no ejecutadas en el Distrito Macarena.

José Antonio García Marín (ex concejal ayuntamiento de Sevilla). Imputado por el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena.

José Juan López (Alcalde de Burguillos). Recalificó suelo rústico comprado por uno de sus ediles y por su primo. Investigado por la Fiscalía.

Rafael Garzón (Concejal de Burguillos). Investigado por el mismo caso.

José Vaquero (Secretario Local de Burguillos). Investigado por el mismo caso.

Fernando Rodríguez Villalobos (Presidente de la Diputación). Participa en la sociedad Burguillos Natural, implicada en las recalificaciones de los dirigentes del PSOE.

Antonio Gutiérrez Lora (Alcalde de Las Navas). Imputado por un presunto delito de cohecho en relación con varias anomalías urbanísticas y por uso privativo de materiales del ayuntamiento.

Elena Nimo (ex alcaldesa de Brenes). Investigada por el Tribunal de Cuentas por no justificar 28.000 euros de la construcción de un centro multifuncional.

Manuel Moreno (concejal de Brenes). Investigado por el mismo caso.

Mariano Ocaña (concejal de Brenes). Investigado por el mismo caso.

Antonio Martínez Flores (ex Alcalde de Mairena del Aljarafe). Condenado.

Francisco Ramírez (concejal de Mairena del Aljarafe).

José Vicente Franco (Alcalde de Coria del Río). Denunciado por prevaricación y por la firma de convenio con la empresa Aifos, implicada en la Operación Malaya.

Francisco Casado (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Emilio Osuna (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Ana Raya (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Concepción Ufano (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Concepción Aguado (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Fernando Rodríguez (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Teresa López (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Fernando Bizcocho (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Rafael Cárdenas (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Juan Escámez (Alcalde de Sanlúcar La Mayor). Ha promovido una modificación de las normas urbanísticas para favorecer una promoción de una empresa vinculada a los sobrinos del ex Presidente del Gobierno Felipe González (PSOE).

(Alcalá de Guadaira).

Rufino Campos (Villaverde del Río). Inhabilitado por siete años por un delito de prevaricación.

Jacinto Pereira (Alcalde de Gerena). Condenado como autor de una falta de lesiones y vejaciones a un vecino durante una entrega de VPO.

Justo Padilla (Alcalde de Guillena). Imputado por levantar naves municipales en una zona verde.

Ángel Rodríguez de la Borbolla (ex alcalde de Cazalla de la Sierra). Imputado por vender como urbana una finca rústica de su propiedad.

Antonia Hierro (Alcaldesa de Tomares). Condenada por conducta antisindical. Los juzgados han admitido el recurso contra la sentencia que la exculpaba de un delito de prevaricación por usar la policía municipal para la boda de su hija.

Manuel Castilla Villasanta (Secretario Local del PSOE de Écija). Imputado por el caso de la quiebra fraudulenta de la antigua empresa municipal de comunicación Astitel-Emcomsa.

Juan García Baena (Alcalde de Estepa). Imputado por prevaricación.

Julio Álvarez (Alcalde de Puebla del Río). Imputado por malversación.

Ángel Navia (ex Alcalde de Tocina). Imputado por malversación y exacción legal por unas obras, así como por intento de cobro de un canon por usar un camino.

Manuel González Zarco (ex concejal de Tocina). Imputado por el mismo caso.

José González Martínez (es concejal de Tocina). Imputado por el mismo caso.

En España hay un total de 730 asuntos abiertos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, contra partidos políticos por casos de corrupción. El PSOE ocupa el primer lugar en la lista negra, con 264 causas penales contra cargos públicos o políticos, frente a los 200 procedimientos que afectan al PP, según los datos que aportadospor el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

Todo esto en cinco minutos y con la ayuda del señor google. jejejeje

Borrado por un Moderador.

¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano, y no ves la viga que hay en el tuyo?

Borrado por un Moderador.

Te borran siempre, por que siempres estas con los insultos.

En tu post borrado decias que pumpido era facha.

Me gustaría opinar de este tema y decir que en vez de discutir sobre que partido es más corrupto, porque 264 causas son una burrada, pero es que 200 también sigue siendo una burrada. Lo mejor sería discutir sobre como acabar con la corrupción en los partidos y con los corruptos que manchan el nombre de los partidos y de las personas honestas y honradas que hay dentro de ellos.
Y Alitoxx, creo que con lo de que Pumpido es facha te has equivocado, puesto que éste Sr, que aunque no termina de ser de mi agrado después de lo de WikiLeaks, fue uno de los fundadores de la Asociación de Jueces para la Democracia, y también uno de los fundadores de la Asociación Pro-Derechos Humanos. Así que no sé yo hasta que punto una persona que cree en la Democracia, y defiende los derechos humanos y la libertad puede ser fascista.

Borrado por un Moderador.

En lenguaje familiar llamamos energúmenos a aquellos hombres que se hacen notar por la vehemencia de ciertos sentimientos y la exageración con que los expresan a todos aquellos que calificamos de frenéticos, furiosos, arrebatados, locos de atar, rabiosamente coléricos, etc

Nota vehemencia: Actitud de manifestar con pasión o con gran fuerza un sentimiento incontrolable por su intensidad

Mira que pedi perdona por llamar a pumpido eso,era por varela,en fin me borran siempre,vaya derechos que tiene uno aqui,peperonis no malipuleis masssssssssssssssss