Puerto Serrano - Cadiz

La "Ley de promoción de la Autonomía personal", más conocida como Ley de Dependencia está suponiendo, en su aplicación práctica, un incremento de la desigualdad social y económica, presenta un impacto de género demoledor y va a constituirse en un mecanismo para la acumulación de capital mediante la privatización de un servicio público, realizando un retorno neto de impuestos y renta del trabajo al capital.

En numerosas comarcas y pueblos de Andalucía, cientos de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio están recibiendo preavisos verbales de despido. Son mujeres que desde hace años vienen realizando para los servicios sociales comunitarios, ya sean municipales o de mancomunidad, tareas de atención a personas dependientes. Estas tareas: limpieza del domicilio, curas básicas, aseo personal o alimentación, pasan a gestionarse ahora a través de la ley de dependencia. Esta ha sido la excusa encontrada por muchos alcaldes, especialmente del PSOE, para considerar la prestación del servicio como "nueva" y, desde esta perspectiva, entender que pueden adjudicarla de forma directa a una empresa concesionaria a la que no se exige el mantenimiento en el puesto de trabajo de las mujeres que hasta el momento, venían realizándolo.

Como sólo quedan unos meses de prestación del servicio en este año 2008, y por tanto la cuantía del mismo es pequeña, los alcaldes están adjudicando el servicio de manera directa, sin concurso ni pliegos de condiciones, en muchos casos a empresas "amigas" -siempre la misma- a las que no se exige nada en materia de cualificación del personal o de cumplimiento de convenios colectivos. Tenemos así casos de trabajadoras que están cobrando 4€ ó 5€ por hora, un salario que no cubre el tiempo ni gastos de desplazamiento y que acaba suponiendo que una mujer que trabaja 50 horas semanales cobra tan sólo 40, por un salario total de 650€ mensuales, es decir, por debajo del umbral de la pobreza. En no pocos casos las trabajadoras son obligadas a firmar compromisos de sumisión laboral, renunciando a futuras exigencias con respecto a las condiciones de trabajo. Estas empresas concesionarias reciben por la prestación de servicios 12€ por hora, de los cuales se embolsan una cantidad cercana al 50%, obteniendo unos beneficios exorbitantes con la connivencia casi total de las autoridades locales.

Todo esto se enmarca en la política cicatera de la Junta de Andalucía, que para este año 2008 previó la necesidad de destinar 270 millones de euros para atender los 35,000 casos de gran dependientes que esperaba tener que afrontar. A mes de noviembre, y según datos aportados por la propia consejera de bienestar social, Micaela Navarro, ya hay valoradas 80,000 personas y hay al menos otras 34,000 a las que corresponderá algún tipo de prestación. Esto significa que las previsiones de la Junta de Andalucía se quedaron cortas en un 300% -nadie a dimitido ni ha sido cesado- y que al gobierno andaluz le van a faltar algo más de 500 millones para llegar a los casi 800 necesarios para cubrir las prestaciones por dependencia este año 2008. Aunque parezca increíble, para el próximo año 2009, en el que se prevé la entrada de otras 40,000 personas al sistema de dependencia la Junta ha presupuestado tan sólo 530 millones de euros, es decir, 270 menos de los que ya este año necesita y algo así como la mitad de la cifra real necesaria.

Con estas cifras, no es de extrañar que el PSOE esté presionando a sus alcaldes para intentar abaratar al máximo el coste de la prestación de los servicios relacionados con la dependencia. Mientras, el número de Ayuntamientos que se resisten a esta lógica -casi todos ellos gobernados por IU- es muy escaso, y tienen que asumir desde las maltrechas arcas municipales un esfuerzo que deberían estar haciendo las administraciones central y autonómica.

Que la Ley de dependencia, presentada como cuarto pilar del estado del bienestar acabe creando miles de paradas, salarios de hambre, servicios de mala calidad y enriquecimiento de cuatro amiguetes del PSOE-A es un verdadero despropósito. Algo que, al parecer, sólo puede pasar en Andalucía. La respuesta sólo puede venir de las propias mujeres afectadas y de sus familiares. Urge la organización de una lucha laboral en red, dispersa y de honda raíz social que logre la implicación no sólo de las mujeres afectadas, sino de sus familiares e incluso de las personas dependientes y sus familias que tienen que tener presente que una mano de obra en semiesclavitud difícilmente va a proporcionarles la calidad del servicio que merecen.

Perdonad, me se olvida algo.
Imaginemos que despues de todo esto, sale subcontratas.