Esta es la pura verda Dos causas judiciales fuerzan la salida del alcalde de Puerto Serrano La localidad de Puerto Serrano tendrá en menos de un año tres alcaldes distintos después de que ayer se conociera la dimisión de Francisco Javier Gómez, que hizo efectiva el lunes. El año pasado, Gómez sucedió en el cargo a su compañero de partido (IU), Pedro Ruiz, quien tuvo que abandonar la Alcaldía que había dirigido durante 22 años inhabilitado judicialmente por prevaricar en la concesión de una licencia urbanística. Uno de los pocos fortines municipales que tiene la formación de izquierdas en la provincia está en el punto de mira de la Justicia. Gómez responsabiliza al PSOE de haberle forzado a tomar el camino de salida, «de llevar su guerra contra el Ayuntamiento a los juzgados» y de ocasionarle un «grave problema personal y familiar». En sus declaraciones plasmadas en un escrito no hace ninguna mención a la acusación formal que pesa sobre él y que esgrime la Fiscalía Anticorrupción por mantener una política irregular de contrataciones a costa de las arcas públicas de la pequeña localidad serrana. Una causa judicial en la que se juega nueve años de inhabilitación y que está a la espera de que se fije fecha de juicio. Como informara en exclusiva LA VOZ a finales del año pasado, la investigación judicial también ha salpicado al antecesor de Francisco Javier Gómez y uno de los alcaldes de la provincia con la trayectoria más longeva al frente de un Consistorio. Anticorrupción solicita para Pedro Ruiz otros 12 años de inhabilitación porque lo considera el responsable de instalar en el Ayuntamiento un sistema de enchufismo del que se beneficiaron familiares de miembros de la Corporación local y vecinos del pueblo. Algunos de esos trabajadores eventuales del Consistorio, indica en su escrito el Ministerio Público, pudieron acceder al subsidio agrario gracias a esos contratos por horas o días (peonadas). La política populista El ya último alcalde de Puerto Serrano afirma que la presión judicial le ha podido y que las decisiones que acordaba sólo iban encaminadas a aportar soluciones: «Siempre he buscado la forma de ayudar a quienes me lo pedían. Nos vemos superados por la demanda de los vecinos». Según la investigación judicial, también resultaron beneficiados de esa 'ayuda' personas cercanas a empleados y cargos públicos del Consistorio. Así, de las arcas públicas han salido en los últimos años los sueldos como monitoras de la esposa del concejal de Seguridad Ciudadana, de la mujer de un técnico municipal y de la hermana de una funcionaria; unos puestos que eran cubiertos sin mediar convocatoria pública alguna. La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que tanto Pedro Ruiz como Francisco Javier Gómez fueron alertados por cinco interventores municipales que presentaron informes de reparo en contra de esas colocaciones porque no cumplían la ley que rige los contratos en el ámbito de la Administración Pública. Sin embargo, ambos hicieron caso omiso. Una política populista, de favoritismo al vecino, al conocido, al familiar aunque sea saltándose las normas, parece estar detrás de la segunda causa judicial que tiene abierta Gómez y también su antecesor, quien cuenta ya en su haber con una condena por el delito que aparece en todos los procedimientos que cuestionan la gestión de este ayuntamiento serrano: la prevaricación. Esa segunda investigación gira en torno a unas facturas emitidas por el Consistorio a favor de de la mujer de Ruiz Peralta y la de otro concejal de IU que regentan una floristería y una tienda en la localidad. Estas relaciones comerciales endogámicas que no se ajustan a la ley porque los cargos públicos y sus cónyuges no pueden hacer negocios con la Administración pública, es el 'leit motiv' del llamado 'caso uniformes' que recientemente ha llevado a la imputación a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP). Por último, LA VOZ publicaba ayer el tercer frente judicial abierto que tiene el Ayuntamiento. Anticorrupción investiga también si fueron limpias las últimas oposiciones para cubrir tres plazas de la Policía Local. Familiares de miembros del cuerpo y el que fuera yerno de Pedro Ruiz accedieron a los puestos. Los cinco integrantes del tribunal evaluador están imputados. El exregidor polichero está bajo sospecha como responsable de la elección de los examinadores. Ni la pluralidad de asuntos judiciales ni la situación de imputado de Francisco Javier Gómez fue tampoco abordada o reconocida por su partido, que a través de su coordinador provincial, Manuel Cárdenas, justificó la dimisión por «motivos personales». Cárdenas asegura «que Izquierda Unida seguirá gobernando» en la localidad serrana. Desde la oposición, el portavoz del grupo municipal socialista y secretario general de la formación en Puerto Serrano quiso desvincular a su pueblo de «la mala imagen que se está dando con tantos casos», aseguraba Miguel Ángel Carrera, quien añadía el hartazgo de muchos vecinos por ser noticia debido a las investigaciones que salpican a su Ayuntamiento. En referencia a las acusaciones del ya exalcalde de haber sufrido una presión insostenible por parte de los socialistas, Carrera reconoce que detrás de las dos causas judiciales que señalan a Francisco Javier Gómez están las querellas que su partido ha presentado: «No somos responsables de la dimisión del alcalde. Nuestra labor de oposición consiste en velar por los derechos de los ciudadanos y por la buena gestión de los recursos públicos. En varios plenos le fuimos advirtiendo de las irregularidades y no quiso prestarnos atención». |