Jerez de la Frontera - Cadiz

La juez imputa a Jiménez y Becerra en el 'caso de los asesores' y los cita el día 1

El ex jefe de gabinete de Alcaldía y la delegada de Medio Ambiente, colocada en 2005 vía Serjil, declararán junto a los otros dos socialistas ya imputados por posibles contrataciones ilegales del gobierno de Sánchez


Francisco Sánchez Múgica / Jerez | Actualizado 19.11.2010 - 09:36

La juez que instruye el polémico 'caso de los asesores', la querella de Pacheco contra Pilar Sánchez por cinco presuntos delitos en relación con 32 supuestas contrataciones ilegales desde 2005 y que han podido costar "más de 7 millones" a las arcas municipales, ha citado a declarar en calidad de imputados a Juan Carlos Jiménez, marido de la regidora y jefe de gabinete de Alcaldía hasta marzo de este año, y África Becerra, actual delegada de Medio Ambiente y colocada vía Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) en la etapa del pacto PSOE-PSA de la anterior legislatura. Según reza en la providencia emitida por la magistrada, ambos prestarán declaración el próximo 1 de diciembre entre las nueve y media y las once y media de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 3.

Será la misma jornada en la que la titular de dicha instancia judicial también ha solicitado la comparecencia como imputados de los socialistas Dolores Caravaca y Rubén Pérez, actualmente trabajadores municipales y cuyas presuntas contrataciones irregulares también estuvieron vinculadas con el Serjil. Precisamente, el hecho de que la prueba testifical de los dos anteriores quedase suspendida para pasar a llamarles a declarar como imputados ante los serios indicios de delito detectados, ha motivado que la juez haya optado por imputar directamente a Jiménez y Becerra -que, en principio, iban a declarar como testigos hoy día 19- para que comparezcan ante la Justicia con todas las garantías legales.

Ya el pasado viernes la ex responsable del Serjil testificó en relación con la contratación de Becerra, asegurando que se inscribió en el servicio el mismo día que apareció la oferta de trabajo por la que fue contratada, por lo que "se supone que se inscribió para esta oferta en concreto". Oferta, por cierto, a la que aspiraban otros candidatos con titulación de ingeniería y temas medioambientales con mucha más antigüedad en el servicio.

En el caso del actual escolta y antiguo jefe de gabinete de Alcaldía, la querella presentada dedica un apartado con consideraciones especiales al contrato de una persona que percibía "más de 6.000 euros al mes" fruto de una contratación "basada en las relaciones personales de la querellada". De hecho, expone literalmente la denuncia, Sánchez "suscribe contrato de asesor con Juan Carlos Jiménez, que se realiza mientras mantiene una relación estable, y que finaliza con casamiento llevado a efecto en el verano de 2009". Un verano antes, en julio de 2008, la cúpula regional del PSOE forzó a la alcaldesa a rebajar el salario de Jiménez -que pasó de cobrar 55.000 a 68.000 euros brutos anuales- tras una agria polémica desatada por la oposición. Entonces, la alcaldesa justificó todo en una "maniobra vil y cruel" previa a la celebración del congreso local socialista de otoño de ese año.

Sea como fuere, la propia alcaldesa venía a reconocer en su declaración como imputada ante la juez el pasado julio una de las tesis que sostiene la parte querellante: que Jiménez se "extralimitaba" de las funciones propias que la legislación marca para el personal eventual de confianza, pasando a realizar tareas ejecutivas. El relato de la alcaldesa ante la juez, al hilo de lo anterior, fue el siguiente: "Juan Carlos se encargaba de ver cuál de las peticiones de las delegaciones que le llegaban era conveniente realizar; sus funciones consisten en coordinar todas las actividades de la alcaldesa; supervisar de forma diaria su agenda; funciones de seguridad; auxiliarla en la gestión de eventos como el Mundial de Motos; dar el visto bueno a toda la agenda o corregirla; preparar los informes de los actos relevantes de Alcaldía". Hay que recordar que esta causa arranca tras la denuncia de Anticorrupción, a instancias de la propia Sánchez, contra Pacheco por dos posibles casos de enchufismo en 2005, etapa del pacto PSOE-PSA.

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