Chiclana de la Frontera - Cadiz

La Fiscalía satisface al PSOE archivando el caso de los 1.700 expedientes de Chiclana

jueves, 01 de octubre de 2009

Nuevamente el Ministerio Público muestra su tendencia a "comprender" los casos de corrupción en los que se envuelto el PSOE. La Fiscalía de Cádiz ha resuelto a satisfacción del PSOE sobre el archivo masivo de expedientes irregulares de urbanismo en Chiclana. El decreto de la Fiscalía de Cádiz ha resuelto en contra de los intereses del PP ante la denuncia que interpuso esta última formación (a finales de septiembre de 200 contra el equipo de gobierno socialista sobre el archivo de 1.717 expedientes urbanístico entre los años 2003 y 2006, ambos inclusives. La Fiscalía dice no haber detectado la investigación policial "que existieran directrices por parte de los denunciados para que los expedientes se dejaran caducar ni de trato de favor en ninguno de los casos citados por los denunciantes". Eso sí, expresa que la situación de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana durante los referidos años "distaba mucho de poder ser considerada como satisfactoria, adoleciendo de una pertinaz carencia de medios materiales y personales que impedían el ejercicio de las facultades de disciplina urbanística". Vea el decreto de la Fiscal Navarro.

Sin embargo, de aplicarse el criterio de Ángel Núñez, Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo) en el ámbito urbanístico, la prevaricación se deriva solamente de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística. En este sentido, los alcaldes socialistas que gobernaron Chiclana desde 1983 podrían ser acusados de dicho delito habida cuenta que en sus mandatos las viviendas ilegales han llegado ser 40.000. Muy especialmente podría serlo el último de ellos, José María Román, porque bajo su etapa de gobierno se han visto "olvidados" nada menos que 1.707 expedientes de irregularidades urbanísticas. Sin embargo, la fiscalía de Cádiz no ha abierto en todo ese período una investigación especial sobre el caso Chiclana a pesar de las similitudes con el caso Astapa, de Estepona.

Aunque parezca increible, lo que dice la Fiscal de Cádiz, Patricia Navarro Gaarcía, es lo que sigue: " De manera que, sin perjuicio de lo absolutamente censurable de una
situación que efectivamente ha ocasionado, como sostienen los denunciantes, una extensión de la situación de impunidad con los infracciones urbanisticas y probablemente haya actuado como efecto llamada, los hechos descritos -que se adscriben o la esfera de lo negligente y, por tanto, de la imprudencia- no son
susceptibles de ser subsumidos en los tipos peroles de prevaricación de los artículos 320 y 404 del Código Penal."

El PP denunció en 2008 la situación ante la Fiscalía. Según el texto de aquella denuncia, siete concejales del equipo de gobierno de coalición que gobierna Chiclana desde 2007, habían denunciado estos hechos de los que hacen responsables concretos a los Alcaldes-Presidentes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en la época en que ocurren los hechos, fueron DON MANUEL JIMENEZ BARRIOS y DON JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO, pertenecientes al PSOE Igualmente se señala acusatoriamente a los Concejales-Delegados de Urbanismo y vicepresidentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fueron DON JUAN JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN y DON JOAQUÍN MURIANO AYÁN, asimismo pertenecientes al PSOE Finalmente, se acusa a los Concejales-Delegados de Economía y Hacienda, DON JOAQUÍN MURIANO AYÁN Y DOÑA MANUELA DE JESÚS MORENO GÓMEZ, también pertenecientes al PSOE.

Los 1717 expedientes fueron incoados entre 2003 y 2006 según el desglose anual siguiente:
AÑO NÚMERO EXPEDIENTES

2003 399

2004 428

2005 435

2006 455

Del total de expedientes sancionadores incoados, únicamente fueron comunicadas al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Chiclana, un total de quince sanciones, correspondiendo una al año 2005, y catorce sanciones al año 2.006. En los años 2.003 y 2.004, con 110, no se envió al cobro ninguna sanción en materia urbanística.

De las quince sanciones urbanísticas puestas al cobro, tan solo fueron cobradas diez de ellas, todas correspondientes al año 2006, y fueron datadas dos de las sanciones urbanísticas impuestas. Se recuerda en la denuncia de los concejales del PP que fue precisamente un hecho similar el que determinó la Operación Astapa en Estepona. También allí, bajo el mandado del socialista Antonio Barrientos, tuvo presuntamente lugar "el archivo masivo de por infracciones urbanísticas, incluso en menor número que los datos que se aportan de Chiclana de la Frontera.

José María Román Guerrero, otra vez alcalde socialista de Chiclana, se negó a facilitar en cinco ocasiones la información de los expedientes archivados al PP. Por ello, la concejala popular María Teresa Ruiz Sillero interpuso el 27 de febrero de 2007 un recurso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona por la negativa del alcalde a suministrar dicha información. Por aquella información obtenida por sentencia judicial, se supo que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Fra., abrió 1.717 expedientes por infracciones urbanísticas en cuatro años, (2.003 a 2.006) y se procedió al archivo masivo de 1.702 expedientes sancionadores en materia urbanística.

Ahora la Fiscalía de Cádiz niega que existieran directrices por parte de los denunciados para que los expedientes se dejaran caducar ni de trato de favor en ninguno de los casos citados por los denunciantes" y se apoya en la falta de medios del Ayuntamiento para ejercer las faculrtades de disciplina urbanística propias.

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