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ERE FRAUDULENTOS

Griñán justificó la utilidad del fondo de los ERE en las cuentas de la Junta

Como consejero de Economía avaló las memorias de presupuesto donde se detallaba el uso del programa 31L

eduardo barba / sevilla

Día 16/03/2012 - 01.31h

En su declaración judicial de la semana pasada, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero subrayó que el Gobierno andaluz conocía perfectamente la existencia del procedimiento de concesión de ayudas a empresas investigado y el uso que se le ha dado durante años a los fondos públicos a través del llamado «fondo de reptiles». La propia documentación oficial de la Junta de Andalucía termina dejando claro este extremo y señalando cómo el actual presidente y candidato del PSOE, José Antonio Griñán, era conocedor de la existencia de un fondo aparte de los propios controles de la administración que se nutría de dinero del presupuesto ordinario y desde el que se gestionaban subvenciones a empresas y ayudas a prejubilaciones de compañías en dificultades. Como inspector de Trabajo y habiendo sido ya ministro del ramo en el Gobierno de Felipe González, Griñán no controlaba el asunto precisamente de oídas. La existencia, el funcionamiento y el objetivo del programa 31L —ahora en manos del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por el presunto manejo arbitrario de fondos públicos— y del convenio entre Empleo y la agencia IDEA —antes IFA— aparecen claramente expuestos en la memoria de cada presupuesto anual de la Junta. Unas cuentas que, además, estaban diseñadas por la propia Consejería de Economía y Hacienda, donde el actual presidente autonómico fue máximo responsable desde abril de 2004 hasta abril de 2009, cuando sustituyó a Manuel Chaves en la presidencia andaluza al convertirse éste en ministro.

Como consejero de Economía, elaboró las memorias de los presupuestos, en las que se indica con total claridad la existencia del fondo desde el que se financiaron expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, el de la partida 31L. Por tanto, resulta difícil pensar que la cúpula regional desconocía el programa paralelo a la administración y el procedimiento. De hecho, esto se refleja ya en la memoria del año 2002, la primera en la que aparece al ser el germen del polémico fondo el convenio que se firma en junio de 2001 la Consejería de Empleo (con José Antonio Viera como cabeza visible desde el año anterior). Bajo el epígrafe «31L. Administración de relaciones laborales», la memoria del presupuesto repasa ya el objetivo de dicho programa, que desarrollaría «funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa laboral», etc, apuntando a que este programa genera «compromisos con repercusión presupuestaria». En la siguiente memoria, la del 2003, se menciona ya la necesidad de «mantener políticas de ayuda a prejubilaciones» con este fondo creado con créditos procedentes del presupuesto ordinario.

En la memoria de 2004 y en las de años siguientes, ya con Griñán como consejero de Economía y responsable de la confección de las mismas, se desarrollan incluso con mayor profusión los objetivos y las líneas de acción con la 31L, aludiéndose, por ejemplo, a iniciativas para «enriquecer la negociación colectiva» o para «impulsar la mediación en la resolución de conflictos colectivos». En ese punto, se indica que esta iniciativa «se implementa a través de subvenciones a actividades sindicales». Etéreo pero a la vez esclarecedor el texto de la memoria.

En la de 2006, así, se señala que, «en una cuantía importante», el fondo sirve para «materializar las ayudas a empresas con especiales dificultades de mantenimiento de empleo, prejubilaciones y viabilidad económica». Y entre los objetivos generales se recalca que se usa para «cubrir las necesidades comprometidas asumidas por expedientes de regulación de empleo, ayudas y prejubilaciones, proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas e incentivar la consolidación económica en empresas con dificultades de mantenimiento del empleo». Las ayudas se ejecutan «a través de un convenio con IDEA» y se habla ya incluso de la «contribución a las pólizas de prejubilaciones de Santana Motor y la Faja Pirítica de Huelva». Así, en todas las memorias hasta la de 2012, ya con Carmen Martínez Aguayo como consejera del ramo. En la de 2009 se indica, de hecho, que se trata de una colaboración con IDEA «en vigor desde el año 2001». Parece obvio que los «jefes» de la Junta conocían la existencia de este procedimiento de ayudas, que desde 2005 tenía informes en contra de la Intervención.

También los PAIF

Pero hay más. Los llamados PAIF (Programas de Actuación, Inversión y Financiación) de la agencia IDEA. Por así decirlo, los presupuestos anuales de este ente público desde el que se gestionó el «fondo de reptiles». Éstos, una vez aprobados, se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) e iban con la firma del consejero de Economía del momento. Esto es, que los PAIF de 2005 a 2009 llevan la rúbrica del propio Griñán, que daba así su visto bueno a las cuentas de IDEA y a los programas proyectados para cada año. Entre ellos, el de la 31L, que aparece especificado en las páginas finales de cada documento entre las «transferencias de financiación de explotación» con la cantidad correspondiente. El entonces consejero daba sus bendiciones.
«La mano que mece la cuna»
La vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A, Patricia Navarro, destacó ayer que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, es «la mano que mece la cuna» en la trama de los ERE fraudulentos financiados con cargo a la partida 31L de la administración autonómica —a su juicio, «el mayor caso de corrupción política en Andalucía y España»—, al «impulsar con su firma» modificaciones presupuestarias para incrementar el llamado «fondo de reptiles». «Está más claro que nunca que Griñán supo, consintió, tapó e impulsó con su firma ese caso», resaltó la popular.

https://ww.abcdesevilla.es/20120316/andalucia/sevi-grinan-justifico-utilidad-fondo-201203160119.html