Barbate - Cadiz

Otra noticia sorprendente.
Nuevo episodio de "enchufismo" desde el PSOE, en este caso el beneficiario ha sido el marido de la ministra de Defensa, Carme Chacón. Miguel Ángel Barroso, consejero delegado de la compañía Young & Rubicam, cuya empresa ha sido elegida por el Ministerio de Defensa para adjudicarse el contrato del servicio de información de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

El importe de dicha adjudicación es de casi 400.000 euros y se formalizó el pasado 1 de septiembre. A esto se suma el hecho de que su empresa publicitaria "ganase" el concurso para la privatización de Loterías y Apuestas del Estado, provocando así la sorpresa y perplejidad del resto de empresas publicitarias de España.

Esta es otra.

El pasado 19 de agosto el Consejo de Ministros autorizó la licitación del Centro de Concesión de Obras públicas de título Ejecución, Conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Unos días después, el 24 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicaba el anuncio de dicha licitación con un presupuesto base por un importe de 1.356 millones de euros. Hasta aquí, todo aparentemente normal.

Pero una vez examinados los pliegos de condiciones, se podía comprobar una situación curiosa. El contrato comprende tres áreas de actuación: una primera de “Obras de primer establecimiento presupuestadas en 234,24 millones de euros, incluidas las expropiaciones, el PHE y el 18% de IVA”; una segunda área de “actuaciones de reposición y gran reposición por importe de 75,76 millones de euros”, incluido también el IVA; y una tercera de “conservación y explotación de las infraestructuras por importe de 64,86 millones de euros”, IVA incluido.

El resultado total es de 383,87 millones de euros,¿Por qué esta fiscalización? Pues porque entre esos 383 millones y los 1.356 de la licitación, existe una diferencia de 972 millones de euros, es decir, casi tres veces el presupuesto real de la obra, que comprende los gastos financieros de la misma.

UY UY UY PEPIÑO QUE MAL TE VEOOOOO.

Entendemos a los de la ceja.
Hasta 95.743 euros se ha llegado a gastar la organización del Festival Internacional Almería en Corto, en "chuletones, suites presidenciales, gambas y vino" en la edición del año pasado que al final costó 250.000 euros. Este modo de hacer política consiste, al parecer, en gastarse casi la mitad del presupuesto de un festival cinematográfico de cortos en comilonas y no en proporcionar el cine y los autores jóvenes.

De esta edición del Festival, que aún no se ha celebrado, el ex equipo de gobierno socialista de la Diputación de Almería, de la que depende el evento, ya se ha gastado 81.000 de los 110.000 euros presupuestados y lo ha hecho antes de las elecciones municipales ganadas por el PP. El PSOE no ha desmentido los gatos, pero ha acusado de mezquino al PP por hacerlos públicos.

Y esta es fuerte fuerte fuerte.
La juez Mercedes Alaya empieza el curso judicial andaluz con ganas de hincarle el diente a la trama de los EREs fraudulentos en Andalucía. Este viernes empieza a declarar el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, acusado de cobrar 109.750 euros de la empresa Cydeplast. Rosendo jamás tuvo nómina en esta compañía.

El ex regidor sevillano (18 años en el cargo) figura como beneficiario del llamado fondo de reptiles de 700 millones de euros, destapado por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, y que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Guerrero fue quien firmó los EREs impulsados en 2003 y 2007 por Mercasevilla.

El auto de la jueza Alaya apuntaba a una trama de tráfico de influencias, además de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Guerrero concedió el dinero a Rosendo en 14 subvenciones para seis empresas entre 2002 y 2004. La sociedad Matadero de Sierra Morena, dedicada a elaborar productos del cerdo ibérico, acaparó el grueso de las subvenciones (3,8 millones) y es una de las empresas que más ayudas ha recibido por parte de la Junta sin un control posterior del destino de los fondos.

Alaya también tiene otro asunto pendiente. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo con Manuel Chaves, sigue imputado en el proceso y su acusación por parte de la magistrada conduce de manera directa a la implicación de los Gobiernos de Chaves, aunque Fernández se podría convertir en cabeza de turco para intentar que el escándalo pase de largo por los Ejecutivos socialistas.

Seguro que ves intereconomia. yo antes lo veia, pero no son objetivos, como tampoco lo son los de la sesta.

Que no son objetivos dices?
Estos son nombres y apellidos con pelos y señales y lo mas importante es que tambien te dicen en que juzgado se tramitan los futuros juicios.
La objetividad no es importante ahora.