Algeciras - Cadiz

CASO MALAYA | Más de 600 convenios urbanísticos
Un alto cargo de la Junta dice que no impugnaron ningún convenio de Roca

* En un principio se había solicitado la comparecencia testifical de María Gámez

* La defensa trata de demostrar que Crucero Banús no perjudicó al Consistorio

José Carlos Villanueva | Málaga
Actualizado miércoles 09/02/2011 13:24 horas

El secretario general de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Jaime Aguilera, ha reconocido este miércoles ante el tribunal que enjuicia el 'Caso Malaya' que el Ejecutivo autonómico no impugnó ninguno de los más se 600 convenios urbanísticos que orquestó el principal acusado, Juan Antonio Roca, como gerente de Urbanismo en Marbella.

Lo ha hecho como testigo de la defensa del propio Roca, a preguntas de su abogada defensora, Rocío Amigo. En un principio dicha letrada había solicitado la comparecencia testifical de la delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, pero finalmente renunció a su testimonio, a cambio de que fuese sustituida por el ahora declarante.

Jaime Aguilera ha expuesto que firmó un informe, con fecha de 14 de Enero de 2009, utilizado por la defensa de Roca, "en ausencia de la delegada del Gobierno", ha dicho en clara alusión a Gámez, actual candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga.

"Los convenios no eran actos susceptibles de impugación y lo que nosotros impugnábamos eran las propias normas del Planeamiento Urbanístico, pero no del convenio, que era solo válido entre partes y no tenía efecto jurídico".

La afirmación del testigo le va como anillo al dedo a Roca, puesto que en base a la misma trata de eludir cualquier responsabilidad. De ahí que el ex asesor municipal citara al alto cargo de la Junta de Andalucía al juicio.

La defensa de Roca ha leído párrafos del informe que firmó Aguilera, ratificado por éste, en el que se aseguraba que "el objeto de los convenios consistía en incluir en el futuro Plan las características pactadas", así como que dichos convenios de Marbella estaban supeditados a la aprobación, por parte de la Junta, del PGOU; por lo que de no aprobarse el Plan se devolverían las cantidades que correspondieran a los promotores.

El interrogatorio al alto cargo de la Junta se enmarca en los intereses de la defensa para tratar de demostrar que el convenio objeto del juicio oral, conocido como Crucero Banús, "no perjudicó" al Ayuntamiento de Marbella, como declaró este martes el interventor municipal, Juan Antonio Castro.

Pese a ser un testigo del Consistorio marbellí, personado como acusación, dicho funcionario del Estado dio la razón a los acusados, al asegurar que la administración local tendría que devolver los 240.000 euros que percibió por el pago que hicieron los encausados.

El servicio de administración local de la Junta, al que está adscrito Jaime Aguilera, recibió "359 convenios" de Marbella pero no puso reparos a ninguno. No obstante, ha llamado la atención sobre el hecho de que los documentos no llevaran aparejados informes jurídicos emitidos por los funcionarios marbellíes.

"¿Sabe usted si se aprobó el Plan en revisión?", al que estaban sujetos los convenios, ha preguntado, en alusión al PGOU de Gil, la defensa de Roca al testigo de la Junta. Aguilera ha respondido que "no hicimos el seguimiento, porque no entrábamos en discutir la legalidad de un convenio entre partes".

Para afianzar aún más sus intereses la letrada Rocío Amigo le ha preguntado al secretario general de Gobernación "si esa fuerza vinculante entre partes no compromete a la Junta de Andalucía ¿cierto?", a lo que Aguilera ha respondido que no utilizaría la palabra "comprometer", si bien ha insistido en que ellos no fiscalizaban nada hasta que el nuevo PGOU no estuviera aprobado.
'Urbanismo a la carta'

El argumento empleado por el Ejecutivo autonómico, para no impugnar los convenios, se convirtió en una rendija por la que se coló el llamado "urbanismo a la carta" de Jesús Gil y Juan Antonio Roca, al alcanzar cientos de acuerdos con promotores.

El Ayuntamiento de Marbella recibió cantidades millonarias a cambio, incluidos los presuntos sobornos, en base a un Plan General que no había nacido y fue finalmente impugnado y declarado ilegal por los tribunales. La huella dejada fueron más de 18.000 viviendas ilegales consumadas.

La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía sí fiscalizaba e impugnaba el "acto administrativo" que suponían las licencias urbanísticas, otorgadas por el GIL, al contrario que los convenios, ha matizado Aguilera.

El fiscal Juan Carlos López Caballero ha optado por no hacerle ninguna pregunta al testigo propuesto por Roca. Por su parte, el abogado de la Junta de Andalucía ha incidido con sus preguntas en que Gobernación recibía un "extracto" de los convenios donde no se recogían datos precisos sobre posibles irregularidades. Trataba así de despejar dudas sobre una posible omisión del Ejecutivo andaluz.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2011/02/09/andalucia_malaga/1297253226.html