Serrejón - Caceres

Noticia del periodico Hoy extremadura publicada el domingo 23 de diciembre de 2012 sobre las carboneras en Extremadura.

//www.hoy.es/v/20121223/regional/carboneras-amenazadas-20121223.html

Solo en Zahínos, el principal foco productor de España, mueve cerca de 40.000 jornales al año y allí más de 65 hornos esperan su legalización
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La estricta normativa pone en riesgo el auge que este tipo de negocios está viviendo en los últimos tiempos
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EL DATO

10

millones de kilos al año es el dato que se da como producción de carbón en la región. Sin embargo la realidad es que es mucho mayor (se habla de casi 20) por la situación ilegal de los hornos. El 90 % se hace en Zahínos.
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En Zahínos, foco de producción del carbón en Extremadura y por extensión de España, reina la desconfianza hacia el forastero. Y si es periodista, más. «Es que faltan los papeles. La gente no quiere salir y tampoco hablar del negocio, aunque vaya bien», advierte un carbonero, una profesión que en medio de la depresión general vive un florecimiento sobresaliente en el territorio extremeño. La producción de esta materia, junto a la leña y el corcho, se ha incrementado y la exportación llega a países como Polonia, Portugal y Alemania, además de copar buena parte de las estanterías de los supermercados Mercadona (a partir de febrero todo su carbón será extremeño), DIA o Supersol. Sin embargo, no reina la felicidad en este pueblo a 21 kilómetros de Jerez de los Caballeros.

Ese «nos faltan papeles» es la clave. Se refiere a que la aplicación de la legislación autonómica, tanto medioambiental como urbanística, ha puesto en la ilegalidad a la práctica totalidad de las carboneras extremeñas, todas familiares. Esa frase refleja muy bien la situación, agravada colateralmente por otra circunstancia. Desde hace semanas, inspectores de Trabajo están en Zahínos (2.800 vecinos) y Oliva de la Frontera (5.500) y ponen denuncias por la práctica de no tener dados de alta a sus trabajadores.

Problemas

La realidad es que los zahineros siguen trabajando en este sector pero comienzan a estar desesperados y no quieren aparecer en la foto. Hablan, pero no quieren que aparezcan sus nombres. Hasta la alcaldesa, Aquilina Díaz (Ipex, en coalición con el PP) lo hace con reparos. «Se trata de un tema delicado. Ojalá todo se solucione pronto porque muchas familias viven de esto». Hay en juego entre 35.000 y 40.000 jornales para desarrollar esa antiquísima actividad, vital para la economía y, no hay que olvidar, para el mantenimiento de la dehesa.

En la vecina Oliva, hace un par de años desaparecieron casi todos los hornos por la denuncia de vecinos que vivían en chalés en el campo. La emisión de monóxido de carbono (CO2) y la inexistencia de mejoras técnicas aplicables a estas instalaciones para minimizar esas emisiones son un primer problema.

Una de las posibles vía de solución pasa por seguir el principio de quien contamina, paga. Pagar por unos derechos de emisión. Otra opción pasa por buscar resquicios legales y que, aunque se supere el tope de los valores de emisión, se compense con los llamados de inmisión, la concentración de contaminantes en el suelo.

El segundo obstáculo es la calificación urbanística, ya que la inmensa mayoría se asientan en suelo rústico y se exige que sea en industrial, con los requisitos que implica. «Esta traba tiene más fácil solución. Solo con que se considerase la actividad del carbón vinculada al medio rural, a lo agroforestal, y no industrial propiamente dicho», asevera un ingeniero agrónomo que prefiere no dar su nombre. Las carboneras no tenían licencia de apertura, porque no podían tenerla. Los ayuntamientos ya no deciden. La Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de Extremadura cubrió un vacío legal que permitían su funcionamiento. Una ley que obliga a tener una autorización ambiental unificada (AUU) de la Junta .

Al menos 65 expedientes de hornos en la comarca de Sierra Suroeste se han tramitado ante la Administración autónoma para conseguir su legalización. No es nada fácil. Lo normal es que casi todos se echen para atrás salvo que se encuentren rendijas o reinterpretaciones de la norma. Hay que esperar. «Ese es otro problema. En teoría deben responder en seis meses pero yo tengo expedientes sin resolver desde hace tres años», indica otro ingeniero agrónomo.

Que pasa con la de Serrejón?

los del pueblo están en reglas????ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja...............