Logrosán - Caceres

30.07.09 - JULIÁN MORA ALISEDA


En Extremadura, debido a su escasa población (1.100.000 habitantes) y su gran extensión (41.634 kilómetros cuadrados), tenemos una de las densidades más bajas (26 habitantes por kilómetro cuadrado) de toda Europa, con amplísimas zonas (Sierra de Gata, Ibores-Villuercas, Los Montes del Guadiana, las áreas fronterizas, etc.) que se erigen en auténticos desiertos demográficos, con menos de cinco habitantes por cada kilómetro de territorio.
Sin embargo, como contrapartida, esta región posee una gran riqueza natural basada en su formidable espacio agrícola y forestal. Así, sobre un total de 4,1 millones de hectáreas de superficie agraria, más de dos terceras partes (2,8 millones de hectáreas) corresponden a 'bosques y pastos'. En la superficie boscosa dominan las encinas (el 59,1%), los alcornoques (el 35,5%) y los pinos (el 1,5%), siendo el resto de las especies arbóreas (robles, castaños, etc.) escasamente representativas.
El futuro de Extremadura radica en saber explotar racionalmente su fabuloso potencial, el territorio y su contenido (agua, vegetación, suelos, agricultura y ganadería, patrimonio cultural, paisajes, infraestructuras, asentamientos, recursos humanos, etc.).
En este sentido, una de las amenazas más preocupantes que se repite todos los veranos es la aparición de incendios, intencionados o no, que destruyen grandes superficies boscosas, sin entrar en otros aspectos de la devastación que afecta a cosechas o haciendas.
Sin duda alguna, los efectos ahora son más graves, por la extensión quemada, que antes, porque el mundo rural ha perdido más de la mitad de sus efectivos totales y la población agraria se ha reducido enormemente, pasando del 65% al 9% durante el último medio siglo. El abandono de las actividades tradicionales, la repoblación con especies alóctonas, la delimitación excesiva y falta de rigor en la consideración de 'espacios naturales' (Zepas, Lic y otras figuras administrativas de protección medioambiental), han contribuido también a fragilizar estos agro-sistemas ambientales.
Al mismo tiempo estamos asistiendo en Extremadura a una situación paradójica, por un lado tenemos excedentes de población agraria, con más de 25.000 trabajadores adscritos al AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria) o antiguo PER (Plan de Empleo Rural), que perciben el subsidio cuando cumplen un mínimo de 'peonadas', estando gran parte del año en 'parada biológica', por no existir actividades agrícolas. Ciertamente, estos trabajadores perciben un salario mínimo cuando están desempleados, unos 500 euros mensuales y 650 euros si tienen hijos. Los costes de la seguridad social son también asumidos por el Estado.
Pues bien, considerando la eventualidad de las actividades agrarias se hace perentorio reorientar los objetivos del AEPSA, pues por un coste poco significativo los resultados serían espectaculares. Es decir, que si el Gobierno regional pone 400 euros mensuales por trabajador durante los 6 meses que no existen labores agrícolas y que perciben el subsidio, estarían ocupados prácticamente todo el año en tares diversas. Esto supone, aproximadamente, para las arcas autonómicas, unos 60 millones de euros (el coste de 15 kilómetros de autovía).
Lo que implica que los trabajadores percibirían entre 900 y 1.150 euros mensuales, dependiendo si tienen o no familia a cargo, y desaparecerían de una forma ética 25.000 parados de la EPA.
Claro está, que a cambio esos trabajadores tendrían una ocupación con rentabilidad social y ambiental, además de personal (salario digno y autoestima). Esas labores ambientales (limpieza del matorral, mantenimiento de los bosques, recuperación del patrimonio histórico, reparación de acequias, canales y caminos, vigilancia y control de incendios, etc.) son muy necesarias y se evitarían daños e impactos posteriores sobre el medio ambiente y cultural, de un coste infinitamente superior.
Algunos podrán argumentar en contra de esta propuesta que son tareas no directamente productivas, cuando en realidad lo son en tanto que palían los efectos catastróficos del abandono del medio geográfico. Además, existen muchas actividades con un gran reconocimiento social y no son nada productivas, pero sí necesarias (defensivas, culturales, deportivas, religiosas, etc.) y que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos.
Además, si existe el principio internacionalmente aceptado de que «quien contamina paga», entonces, «quien conserva cobra». Fijémonos, sólo por evitar y controlar los fuegos que arrasan todos los veranos miles de hectáreas ya se habría compensado sobradamente esos 60 millones de euros adicionales.

https://ww.hoy.es/20090730/opinion/incendios-desempleo-agrario-20090730.html

bien