Medina de Pomar - Burgos

Al ser ésta mi primera intervención en el foro, tan sólo dedicar estas palabras para dar la enhorabuena tanto al pueblo de Moneo como a sus habitantes, lo lucharon y de que forma y al final lo consiguieron, suele ser siempre así, sobre todo si se usa como carta de presentación la verdad, el raciocinio y la lógica.
Lo dicho enhorabuena y gracias por vuestra dedicación.
A partir de ahora me dedicaré en relación a este tema, a otorgarle más tiempo al alcalde de medina(nunca le llamaré señor)y a sus habitantes, por si hubiera alguno que quiera saber la verdad.

Espero que después de la sentencia del Supremo hecha pública ayer algunos se retracten de las bondades que según ellos tenía esta incineradora, tenemos un alcalde que ha mentido descaradamente a todos los medineses acusando a quienes nos oponíamos a esta incineradora de hacerlo para desgastarle y no ha dudado en intentar enfrentar a unos con otros en el pueblo con este tema, en definitiva, que nos ha mentido y no lo merecemos, aquí dejo la noticia del DB:

Una sentencia del Tribunal Supremo que ayer fue dada a conocer en Valladolid por Ecologistas en A-cción deja sin cobertura legal al proyecto de la firma Reciclados Ecológicos Burgaleses (REB) para instalar una planta de transformación de residuos peligrosos (aceites minerales usados) y no peligrosos (neumáticos troceados, restos no metálicos de vehículos y aparatos eléctricos y electrónicos) en hidrocarburo líquido en la localidad medinesa de Moneo.
La sentencia, fruto del recurso de casación que en su día interpuso la Junta de Castilla y León contra una sentencia favorable al colectivo ecologista dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007, anula el programa de infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. El Supremo desestima el recurso planteado por la Administración regional y mantiene en el fallado por el TSJ. La sentencia establece que de acuerdo a la legislación nacional y también la comunitaria «los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos y por ello han de incluir un mapa que señale su emplazamiento.
De este modo, desde Ecologistas en Acción entienden que quedan sin cobertura legal hasta 18 instalaciones de eliminación de residuos industriales autorizadas por la Junta en toda la región y entre las que se cuenta la planta de Moneo, que recibió la autorización ambiental de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de Castilla y León en septiembre de 2009.
En la mañana de ayer, tras dar a conocer la sentencia en Valladolid, donde se interpuso el primer recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Residuos regional, el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, manifestaba a DB que, «con independencia de que se tuviera o no que haber realizado una evaluación de impacto ambiental, como reclamamos en nuestro recurso contra la autorización ambiental de la planta de Moneo, con esta sentencia que supone anular la autorización ambiental, se puede dar por un proyecto fallido».

Proyecto fallido

Asimismo, Oviedo anunció que la sentencia notificada por el Supremo la pasada semana se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, donde se tramita el contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y que está en fase de presentación de conclusiones. A tenor de esta decisión del alto tribunal, Oviedo da por hecho que el TSJ resolverá en contra de las pretensiones de la Administración regional.
El Tribunal Supremo indica en su sentencia que «los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos y por ello han de incluir un mapa que señale su emplazamiento concreto que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización suficientemente precisos» con el fin de atender a la normativa legal vigente y de carácter europeo. Por contra, el Plan Regional de Residuos Industriales de Castilla y León determinaba tres zonas de una «amplitud desmesurada», en las que se pueden autorizar instalaciones e incluso establece que se pueden hacer fuera de ellas, según explicaron los portavoces de Ecologistas en Acción en Valladolid.
Ante esta situación, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento medinés, Mónica Pérez, manifestó ayer que «siempre hemos defendido que vamos a acatar lo que la justicia diga y, si dice que no, no vamos a pelear por ello». Asimismo, aludió a otras dificultades para que el proyecto se materializara, sobre todo, porque el proceso judicial se está demorando por más de dos años y «a la empresa cada vez se le está haciendo vez más difícil conservar las ayudas económicas que tenía» para su proyecto, una inversión estimada en 20 millones de euros. Recordó también que la licencia de obra obtenida por REB en abril de 2010 caducó el pasado abril y su renovación no ha sido solicitada por la empresa.

La sentencia del Supremo, solo echa por tierra el plan de residuos de la junta, q no es poco, claro!!!!
El triunfo de la verdad y del sentido comun se producira cuando se celebren los juicios pendientes y se ganen por supuesto, contra los permisos concedidos por el Ayuntamiento, ese si sera UN GRAN DIA!!

si señor que se carguen al cromañon y a la rubia tonta de moneo