Vic - Barcelona

El PP pide a sus concejales que,con el padrón,denuncien a los sin papeles
12 Abril 10 - Barcelona - Maria Molins

El Gobierno advierte que no actuará contra los inmigrantes delatados en Vic

La polémica del Ayuntamiento de Vic de delatar al Estado a los sin papeles que pidan empadronarse ha reabierto la tormenta política en Cataluña sobre la ley de inmigración. Mientras el PP instó ayer a sus concejales a presentar mociones en los ayuntamientos para que comuniquen todas las presuntas situaciones irregulares reveladas en el padrón, los socialistas consideran que se podría estar vulnerando la ley de protección de datos con ésta táctica «electoralista».
«Todos los ayuntamientos deben facilitar el padrón municipal a la Delegación del Gobierno para cumplir la ley». Con estas palabras la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, defendió el acceso al padrón para detectar a los inmigrantes sin papeles. La dirigente popular, mostró su preocupación por el control de los flujos migratorios, uno de los ejes de su campaña electoral, al considerar que «la inmigración ilegal prejudica en especial la economía sumergida y provoca marginalidad». Por su parte Sánchez Camacho recordó que «ya denunciamos la contradicción que representa la normativa que permite empadronar a irregulares y que también sean expulsados».
Por su parte, el secretario adjunto de CDC, Felip Puig, informó que «dará libertad a sus alcaldes para denunciar o no ante el Gobierno los casos de inmigrantes irregulares». Referente a Vic, eje de la polémica y donde regenta un alcalde de su partido, Jospe Vila d’Abadal, el número dos de convergència defendió que «Vic no delata, sino usa el padrón como instrumento de información ante administraciones para que las competencias del Estado sean ejercidas con todo rigor».
Ante las reacciones de la oposición, el presidente de la Generalitat, José Montilla, criticó a la federación nacionalista de «usar la inmigración para obtener votos electorales». Por su parte, el PSC apuntó que Vic «podría vulnerar la ley de protección de datos» y avanzó que hablará con sus concejales para que se opongan a Vila d’Abadal. El alcalde viguetano reconoció que los irregulares se enfrentan ahora a una «situación preversa ya que si quieren acceder a los servicios que otorga el padrón correrán el riesgo de ser devueltos a sus países». «El actual sistema tiene muchas contradicciones y el Estado lo tiene que arreglar con una ley justa, coherente y bien hecha», dijo el edil, cuyo municipio no ha informado aún a la Delegación del Gobierno de ningún caso de empadronamiento irregular.
La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, manifestó que a psar de la polémica, el Gobierno no cambiará la política migratoria ya que «se está cumpliendo estrictamente» la ley.

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