Vic - Barcelona

DEBERA PAGAR LOS DOCUMENTOS SI LOS QUIERE EN CASTELLANO

Vic (Barcelona).- El abogado murciano José Luis Mazón, que representa a un ciudadano catalán, ha recurrido la providencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic (Barcelona) en la que se le comunica que si desea que unos documentos redactados exclusivamente en catalán sean traducidos al castellano deberá pagar los gastos de traducción. El asunto judicial, señalado para el 3 de noviembre, es un procedimiento ordinario de una demanda civil. El abogado necesita dicha documentación para defender a su cliente.

“Este asunto me parece increíble porque vulnera lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que se procederá de oficio a la traducción si se alega indefensión por desconocer el idioma”, criticó Mazón. El abogado ha elevado también una queja al Consejo General del Poder Judicial.

La resolución emitida por el Juzgado de Vic determina que “dado que las actuaciones se siguen en partido judicial perteneciente a la comunidad autónoma de Cataluña… se puede oficiar a Seprotec (Traducciones Técnicas-Juradas, Intérpretes) a efectos de realizar la traducción solicitada, pero informando al solicitante que tal traducción sería a su costa, para lo cual sería presentado por tal institución, previamente, un presupuesto”.



Según el letrado, la empresa de traducciones cobra 40 euros por folio traducido. “Muchos procesos pueden tener 1.000 folios o más; eso serían 40.000 euros de coste”. El abogado José Luís Mazón complementa su denuncia argumentando que él no es nacional de una “potencia extranjera”, sino que pertenece al mismo Estado del Juzgado, por lo que explica que tiene derecho a que los documentos se le entreguen en castellano. “El resultado práctico final es que nos echan a los abogados españoles de los juzgados radicados en Cataluña porque supone un considerable incremento el coste de llevar letrado que no hable catalán”, denuncia Mazón.

“La interpretación que hace la providencia reenviando a una empresa privada y a costa del propio demandante constituye un menoscabo de precepto legal, una burla del derecho a la traducción y una discriminación del castellano en relación al catalán”, añade el abogado, el cual finaliza su recurso con la petición de que “se reponga la providencia en el punto impugnado y se ordene la traducción de los documentos solicitados sin cargo al litigante, en cumplimiento del precepto 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del derecho a la Justicia y a la no discriminación de los castellanohablantes que no sabemos catalán”.

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Que vergüenza, las dos lenguas son oficiales,se deveria traducir al castellano sin cargos económicos,ya está bien de lo de siempre,me parece perfecto que no se pierda la lengua catalana,pero respetemos tambien la castellana,que parece un delito ser castellanoparlante en Vic.I soc filla de Vic.

Tienes toda la razón.
Yo soy inmigrante extremeña, vine de muy pequeña y me considero tan catalana como los nacidos aquí. Tengo un marido catalán de Vic, y en mi casa con mis hijos se habla en catalán, pero entre mis hermanos y mis padres en castellano.
Tanto me ofende el que critica al catalán como al castellano. Debería ser una riqueza tener dos lenguas oficiales y en vez de eso, se está nada más a ver quien puede más, el castellano o el catalán, el catalán o el castellano.
Quina pena la veritat.... de vergonya com molt be dius.

JODIDOS NACIONALISTAS DE MIERDA.