Sant Pere de Torelló - Barcelona

Enrique de Diego, periodista y líder de Regeneración: “El alcalde y los concejales de Sant Pere de Torelló deben ser detenidos por sedición”

Enrique de Diego.- El alcalde separatista de San Pere de Torelló, Jordi Fàbrega debe ser detenido por sedicioso, así como los miembros de dicha Corporación que voten a favor de la declaración de “independencia” prevista para el lunes y el Ayuntamiento ha de ser disuelto para ser gobernado por una gestora. La detención ha de producirse de inmediato, a la salida del Pleno donde se pretende perpetrar tal acto de deslealtad institucional y de traición.

Ninguna nación puede admitir un hecho gravísimo como el que se pretende llevar a cabo, ningún gobernante puede de hacer cumplir la Ley en materia tan fundamental. El alcalde pretende declarar ese municipio barcelonés como “territorio catalán libre” y exigir al Parlamento catalán una declaración unilateral de independencia en el plazo de dos meses.

Se quiere traspasar, de esta manera, la última línea roja de las muchas que los separatistas se han ido saltando a lo largo de cuatro décadas de cesión y debilidad del Gobierno de España. La Guardia Civil debe ser enviada para apresar a los sediciosos. Es una obligación a la que no pueden sustraerse ni el presidente del Gobierno ni el jefe del Estado, que cobran, y no poco, por mantener la unidad de España y su integridad territorial. La inoperancia en cuestión tan grave acabaría con el mínimo resto de legitimidad de las instituciones actuales y exigiría la apertura de un proceso constituyente, en el que el pueblo español recupere la soberanía y la ejerza de manera directa.

Resulta claro que se trata de abrir una vía, de crear un precedente, que induciría a su seguimiento al Parlamento de Cataluña y, probablemente, en un futuro próximo, al de Vascongadas, por lo que, aunque no sea el coraje político, al menos la prudencia exige de nuestros políticos atajar el reto en sus inicios.

Más allá de esa cuestión estratégica, los españoles habremos de tomar buena nota de, si se produce, la dejación en sus funciones y obligaciones del Gobierno y de la Jefatura del Estado, y más que ningún otro habrán de asumir su responsabilidad los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, constitucionalmente, tienen el deber irrenunciable de velar por la unidad de la Patria y su integridad territorial. En el cumplimiento de ese deber, al que están obligados por juramento, contarían, de seguro, con el respaldo de todos los patriotas españoles.

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