Rubí - Barcelona

Operación Pretoria: ¿el fin de la Cataluña del 3% en comisiones?
Jordi Sacristán | 30/10/2009 - 10:49
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El pasado lunes por la noche el ex presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, fue entrevistado en el programa Ágora de la televisión pública de Cataluña. El presentador del programa le preguntó a Pujol por la financiación de los partidos políticos a raíz del escándalo del Palau de la Música, en el que una fundación de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) recibió dinero de Félix Millet, el principal imputado del caso. Los imputados esperan ya en los calabozos.

Pujol, con la tranquilidad que da el sentirse por encima del bien y del mal, respondió:

- ¡Uy! Si entramos aquí todos nos haremos mucho daño.

El presentador repreguntó y Pujol, un auténtico maestro en esquivar preguntas, reiteró:

- No entremos, pero, ¡ei! Si hace falta entrar, entraremos -yo me parece que no tengo que entrar, pero si tengo que entrar personalmente entraré-, sentenció.

La cara del presentador mudó y Pujol se dejó llevar:

- Yo le podría decir: estos dieron tanto a tanto, pero, todos haríamos un poco de hedor.

Por el momento, ningún juez le ha citado a declarar para que desvele todo lo que sus afirmaciones dejan entrever.

Las frases de Jordi Pujol ilustran a la perfección lo que ha sido la Cataluña del 3 por ciento, aquella que en la gran mayoría de contratos públicos se añadía una cláusula no escrita en la que se solicitaba un recargo del 3% para financiar a los partidos.

- A mi me dijeron que si quería trabajar en Cataluña debía adaptarme al sistema y si no lo aceptaba no obtendría ningún contrato-, reconoce a elEconomista el responsable de una constructora española que prefiere guardar el anonimato.

- Nuestra resistencia a entrar en esa rueda nos hizo perder muchas oportunidades -, añade.
Miedo a perder negocios

El miedo a perder negocios o a formar parte de una lista negra es lo que ha atenazado durante años a la mayoría de empresarios y ha convertido a la sociedad catalana en una sociedad secuestrada por el poder político. En los 25 años que los nacionalistas de CiU gobernaron Cataluña, nadie se atrevió a alzar la voz. Pese a la acumulación de casos de corrupción (el Caso Casinos, que implica a CDC, o el Caso Pallerols, que salpica a Unió, son los más conocidos), ningún empresario acudió al juzgado a denunciar la exigencia de ciertas mordidas por parte de los partidos políticos.

Sólo cuando Pasqual Maragall sucedió a Jordi Pujol se produjo un momento de tensión en el oasis catalán. En febrero de 2005, en sesión parlamentaria, Maragall se excitó en un debate con Artur Mas y le espetó:

- El problema de CiU se llama 3%.

Por fín, alguien se atrevía a poner nombre a un asunto que era la comidilla entre los empresarios catalanes.

- En mi caso, para asegurarse el pago del 3%, incluso querían incluirlo en el contrato. Me aseguraron que en Cataluña las cosas funcionaban así -, explica indignado un empresario del sector servicios que, evidentemente, no quiere dar la cara.
Como una bomba

La denuncia de Maragall cayó en CiU como una bomba y su presidente, Artur Mas, amenazó con tirar de la manta, igual que el pasado lunes hizo Pujol. Maragall, a instancias del PSC, rectificó y retiró sus palabras. Tras la amenaza de Mas figuraba el denominado Caso Movilma, un caso en el que se analizaron las adjudicaciones del Ayuntamiento de Barcelona y las entidades municipales a las tres empresas del grupo Movilma, propiedad de militantes socialistas, entre 1986 y 1996 por un total de 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).

Sin embargo, por primera vez, en una decisión sin precedentes, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, decidió abrir una investigación para analizar la palabras de Maragall y reclamar a los empresarios afectados por el cobro de comisiones que denunciaran los abusos. Sólo un pequeño empresario acudió a la fiscalía e implicó en los hechos al actual secretario general adjunto de CiU, Felip Puig, que ocupó el cargo de consejero de Política Territorial y Obras Públicas. Mena no pudo demostrar las acusaciones y la investigación de la fiscalía se quedó en agua de borrajas.
Cómo se pagaba el 3%

El pago del 3% por parte de las empresas se realizaba siguiendo mecanismos muy diferentes. El más simple, el pago de comisiones por conseguir un contrato. La comisión del 3 por ciento era previa a la adjudicación y en ocasiones alcanzaba porcentajes superiores al 10% según el montante final de la adjudicación.

Sin embargo, con el paso de los años, los pagos se han ido sofisticando y van desde la aportación de empresas a fundaciones ligadas a los partidos hasta la compra de obras de obras de arte. En este último punto, el ex consejero de Economía de CiU, Macià Alavedra, era un especialista. Su esposa, Dolors Malfeito, pintaba cuadros de paisajes de l'Empordà y luego estas pinturas tenían gran demanda entre los empresarios catalanes. Entre los más ilustres compradores se encuentra el presidente de Cirsa, Manuel Lao, que durante años consiguió un aplazamiento en la tasa del juego, uno de los impuestos que tiene transferidos la Generalitat. Otro despacho donde colgaban muchas obras de Malfeito era el despacho del empresario americano ya fallecido John Rosillo, uno de los protagonistas de la recalificación de los antiguos terrenos de la empresa Ferroviaria Macosa, donde actualmente se levanta el complejo comercial y de viviendas de lujo Diagonal Mar.
Acuerdo PSC-CiU

Desde el episodio protagonizado por Maragall y Mas en 2005, PSC y CiU decidieron correr un tupido velo sobre el asunto del cobro de comisiones. Sin embargo, el estallido del desfalco del Palau de la Música por parte de Félix Millet en julio de este año reabrió el cruce de acusaciones. Millet pagó 630.000 euros a la Fundación Trias Fargas, ligada a Convergència, lo que avivó las críticas del PSC. A modo de respuesta, CiU acusó al PSC de financiarse con dinero de la Obra Social de Caixa Catalunya, entidad que preside el ex ministro socialista Narcís Serra. Además, el propio Mas denunció en televisión que La Caixa había perdonado seis millones de euros en intereses al PSC que mantiene créditos con esta entidad.

Cuando la escalada de acusaciones parecía que empezaba a frenarse, el pasado martes, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, puso en marcha la denominada Operación Pretoria. Entre los detenidos, la mano derecha y la izquierda de Jordi Pujol: Lluis Prenafeta, su secretario general entre 1980 y 1990, y Maciá Alavedra, consejero de Industria y Economía entre 1987 y 1997.

Por parte del PSC, los detenidos son: el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; su teniente de alcalde de Urbanismo, Manuel Dobarco; el director gerente de servicios, Pascual Vera; y el ex diputado del PSC, Luis García Saez. Este último, conocido dentro del PSC como el Luigi, es el nexo de unión entre Prenafeta y Alavedra y el resto de detenidos. A Luigi lo expulsaron del PSC en 2001 cuando se le denunció por estafa con obras públicas a través de la sociedad de su propiedad, la inmobiliaria AGT. El juez archivó el caso, pero los socialistas lo echaron del partido. "Durante la etapa de CiU en la Generalitat, se dedicaba a hacer de comisionista en obras públicas de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona", explican fuentes cercanas al propio partido.
Luigi era el conseguidor

Aunque la causa del juez Baltasar Garzón está bajo secreto de sumario, presuntamente, Luigi era el conseguidor, quien se encargaba de casar la oferta y la demanda. Prenafeta y Alavedra eran los que conseguían los fondos (la mayoría importados de paraísos fiscales como las islas de Jersey, Madeira, Suiza o Andorra) y el Luigi se encargaba de buscar oportunidades de inversión en municipios catalanes gobernados por el PSC. También ejecutaba las diversas operaciones de compraventa que generaban suculentas plusvalías. Según diferentes fuentes, el volumen total de los beneficios logrados por la trama asciende a 30 millones de euros.

El Ayuntamiento de Santa Coloma parece ser el más implicado en la recalificación de terrenos con plusvalías para los propietarios, pero el juez Garzón también ha detectado una operación en el frente marítimo de Badalona y otra en el municipio de Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona). Y es precisamente en este último eslabón de la cadena donde aparecen los dos empresarios de la construcción que también ha sido detenidos: el presidente de Proinosa, Josep Singla, la empresa que compró y construyó en Santa Coloma, y el presidente de la promotora Espais, Lluís Casamitjana, relacionado con la operación del frente marítimo de Badalona. Finalmente, el último detenido es Manuel Carrillo, consejero delegado de la firma de limpieza Limasa Mediterránea.
Más comisiones

Prenafeta y Alavedra cocinaron desde sus puestos de responsabilidad política una red clientelar con empresas de la construcción y concesionarias que durante años permitió financiar a Convergència. El Caso Casinos es el mas evidente: el ex director financiero de Casinos de Catalunya, concesionaria de los tres únicos casinos que existían en la comunidad, denunció que la empresa había pagado 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros) a empresas cercanas a Convergència, de los que al menos 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) habían ido a parar al partido. El juez archivó el caso por defecto de forma.

El problema del cobro indiscriminado de comisiones es que, en algunos casos, se mezcla la financiación irregular de partidos políticos con la ambición de los cobradores que son incapaces de no meter mano y llevarse una parte, adicional o no, de lo que las empresas pagan. A Baltasar Garzón le toca demostrar que los cobros se realizaron y discernir quién se benefició.

https://codiario.eleconomista.es/economia/noticias/1656948/10/09/EL-FIN-DE-LACATALUNA-DEL-3.html

El 3% jaaaaaaaaaaaaaaaa

En las contrataciones directas de los ayuntamientos, si ese dinero que les ha "dao" el gobierno central, algunos contratistas dicen que estan pidiendo el 20%.