Capolat - Barcelona

Los municipios independentistas pagan un «impuesto revolucionario»

LR.- Un impuesto para pagar la independencia. La Junta de Gobierno local de Vic (Barcelona) acaba de aprobar destinar 3.600 euros de su presupuesto de este año a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Esta asociación, que preside el también alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, fue creada hace poco más de año y medio con el objetivo de trabajar por la independencia de Cataluña extendiendo sus tesis a través de los municipios. Su principal objetivo es poner en marcha iniciativas desde el municipalismo para «llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia para lograr las plenas competencias municipales».

Para financiar sus actividades así como para poder tener una infraestructura que permita la celebración de las mismas, ha creado un sistema de financiación que incluye pedir dinero a los ayuntamientos adscritos. Los municipios deben pagar una cuota anual cuyo volumen depende del número de habitantes de la localidad.

La reunión de la ejecutiva de la citada asociación del pasado 15 de abril dejaba constancia de que «son muchos los municipios que aún no han pagado las cuotas de 2012», por lo que «se hace una llamada a todos los ayuntamientos que aún no han abonado su cuota a que lo hagan en breve ya que, difícilmente, se podrá avanzar sin un presupuesto consolidado». Los acuerdos también incluían que «las cuotas del año 2013 se enviarán a los adheridos durante el mes de mayo».

La Asociación de Municipios por la Independencia aseguraba que necesita crear una «estructura mínima de personal» formada por un administrativo a tiempo completo, además de un coordinador y un periodista a media jornada para poder realizar actividades a favor de la independencia de Cataluña.

Uno de los municipios, según ha podido saber LA RAZÓN, que menos ha tardado en aprobar el pago de la cuota independentista de 2013 es precisamente Vic. La corporación municipal aprobó por unanimidad el pago de los 3.600 euros que le toca abonar a este municipio cuya población supera los 41.000 habitantes el pasado 10 de junio. Por su parte, el equipo de gobierno de Begues (Barcelona) pagará cerca de 800 euros este año para financiar a la AMI. En este caso, la Delegación del Gobierno ha enviado un requerimiento pidiendo las actas en las que el gobierno local aprobó el pago.

El espejo vasco

La jurisprudencia es amplia y deja claro que los gobiernos locales no pueden destinar fondos a financiar proyectos que trascienden sus competencias. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado numerosas sentencias anulando los acuerdos de municipios vascos que habían decidido destinar parte de sus fondos municipales a financiar la organización Udalbiltza, que fue creada en 1999 con el objetivo también de trabajar por la indepenencia.

El Tribunal Supremo confirmó en 2006 al Ayuntamiento de Barrundia que, de acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, los municipios pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, pero sólo «para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias». El citado Consistorio había aprobado destinar una cantidad similar a la del Ayuntamiento de Vic para financiar Udalbiltza, también conocida como Udalbide, pero el Supremo corroboraba que «ninguna de las asociaciones subvencionadas encajan entre las competencias municipales». Añadía también que «los fines de promoción de un determinado programa político» para el País Vasco tampoco podían englobarse dentro del apartado 25.2 de la citada ley sobre «actividades culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo».

Los estatutos de la AMI fijan en el artículo 30 sus fuentes de financiación, donde citan las cuotas ordinarias municipales que debe aprobar la Asamblea General de este organismo siguiendo criterios de población. También se nutre de aportaciones extraordinarias y «subvenciones, ayudas y donativos». El presidente de la asociación, que abandonó Unió tras duros desencuentros con la dirección, está totalmente alineado a favor del proceso soberanista abierto por Artur Mas, al que dio «todo su apoyo» tras una reunión que mantuvieron el pasado mes de abril. Cuando el pasado enero el Parlament votó la declaración de soberanía, la AMI hizo un llamamiento a favor de la «unidad» de todas las formaciones soberanistas. A la hora de pagar, buena parte de los municipios adscritos a esta asociación tienen graves problemas económicos. Por ejemplo, Capolat (Barcelona) es una población con 90 vecinos que tiene una deuda que supera los 500.000 euros y el endeudamiento por habitante es de 6.303 euros. En el caso de Vic, la deuda es de 43 millones.

Vuelta de tuerca con las banderas

En el entorno independentista se conoce como «guerra de banderas» y ahora le han querido dar una vuelta de tuerca. Si bien denuncian que colgar la bandera de España en un edificio público como marca la ley supone un desembolso de entre 298 y 1.927 euros difícil de asumir en tiempos de crisis, localidades como Cadaqués o Ripoll han aprovechado sus rotondas para plantar «estelades» de bienvenida.

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