Noticia del diari el mundo sobre el exalcalde socialista 08-04-2012 Us deixo l'enllaç i copio i pego la noticia. https://ww.elmundo.es/elmundo/2012/04/08/barcelona/1333876815.html El Fiscal pide inhabilitar al excalcalde de Cabrera d'Anoia por prevaricación Barcelona Actualizado domingo 08/04/2012 11:20 horas El fiscal pide una pena de diez años de inhabilitación para el exalcalde de Cabrera d'Anoia (Barcelona) Salustià Monteagudo, dos exconcejales y un exsecretario municipal por prevaricar a favor de un exarquitecto municipal, que compró seis fincas que él mismo había tasado por debajo del precio de mercado. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal acusa al exalcalde Salustià Monteagudo, a los dos exconcejales Miquel M.B. y Dionisio V.H., y al exsecretario municipal Manuel E.M. por un delito continuado de prevaricación y como cooperadores necesarios en un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas. El fiscal también pide que se inhabilite durante seis años y se multe con 14.400 euros al exarquitecto municipal Jordi C.B., acusado de un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas. Salustià Monteagudo García (PSC) fue elegido por primera vez alcalde de Cabrera d'Anoia en las elecciones municipales de 1991 y se mantuvo de forma ininterrumpida en el cargo hasta 2007, tras encadenar cuatro mandatos consecutivos. Posteriormente, en la pasada legislatura municipal ocupó la alcaldía entre enero de 2008 y mayo 2011 -ya que los primeros seis meses el primer edil fue un independiente-, por lo que ha sido alcalde durante diecinueve años y medio. Según el fiscal, el exalcalde, los dos exconcejales y el exsecretario municipal colaboraron con el exarquitecto municipal para facilitar los trámites para que pudiera comprar las seis fincas, que previamente había tasado a un precio inferior al del mercado, pese a ser conscientes de que había un conflicto de incompatibilidad por su cargo. En su escrito, el fiscal detalla que el exarquitecto municipal adquirió en mayo de 2002 una parcela de propiedad municipal en la urbanización Can Ros de Cabrera, por un valor de 5.449,5 euros -que él mismo había tasado en ese precio-, después de que quedó desierta en una subasta. Para poder formalizar la venta de forma directa, el exalcalde acusado llegó incluso llegó a enviar una solicitud de informe previo al departamento de Gobernación de la Generalitat, en la que omitía expresamente que el interesado en comprar la parcela era el entonces arquitecto municipal, según el fiscal. Posteriormente, en junio de 2002, el consistorio hizo una nueva subasta de tres solares municipales, también de la urbanización de Can Ros, así como de cuarenta parcelas o solares edificables en la urbanización Castell de Cabrera. El arquitecto acusado hizo una tasación de las fincas que le interesaban en las que "otorgaba un precio muy bajo y alejado del mercado inmobiliario de aquel momento", según el fiscal, y luego concurrió a la subasta pública, en la que licitó por cinco de ellas. El entonces alcalde, los concejales y el secretario municipal, puestos de común acuerdo para favorecer al arquitecto, decidieron adjudicar a los mejores postores las fincas, ya que sabían que Jordi C.B., al conocer la tasación que él mismo había hecho, acabaría siendo el adjudicatario de las cinco parcelas a las que aspiraba, como finalmente ocurrió. Tras aquel trámite, un concejal de la oposición denunció en un pleno de marzo de 2003 esta situación, alegando que la adjudicación había sido indebida por manifiesta incompatibilidad. No obstante, el alcalde y los concejales acusados impusieron su mayoría y argumentaron que no había ningún conflicto de incompatibilidades porque el adjudicatario hacía un ingreso económico al ayuntamiento, sin tener en cuenta que lo hizo a un precio ventajoso que había fijado previamente. Pese a que en las cláusulas de condiciones se especificaba que las fincas adquiridas no se podían vender antes de dos años, el arquitecto acabó vendiendo una de las parcelas a la hija del alcalde al cabo de un año y diez meses, según el fiscal. Ante esta situación, el fiscal pide que se acuerde también la nulidad de las transmisiones hechas a favor del ex arquitecto municipal, dejando sin efecto las inscripciones practicadas a su favor en el registro de la propiedad, siempre que no haya de por medio terceros de buena fe. |