Argentona - Barcelona

OPERACIÓN PRETORIA Había varias ramas y cada uno cumplía su función
La trama desviaba dinero de paraísos fiscales y sobornaba a ediles

* Invertían fondos de paraisos fiscales o desviaban los beneficios

* Compraban solares baratos y pagaban comisiones para recalificarlos

* El centro lúdico y comercial Cúdics bajo sospecha por especulación

Europa Press | Barcelona
Actualizado miércoles 28/10/2009 21:44 horas

Los empresarios implicados en la trama desmantelada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se dedicaban a invertir en proyectos inmobiliarios sobornando a ediles, como el alcalde, Bartomeu Muñoz, para que recalificaran el suelo. Quienes contactaban con todos los interesados, personas como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, se llevaban una comisión y ayudaban a evadir el dinero en cuentas de paraísos fiscales.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron a Europa Press que la trama investigada tenía varias ramas y cada una hacía su función. El ex militante del PSC Luis García puede ser el 'cerebro', ya que conoce el sector inmobiliario y constructor, era dueño de la empresa AGT investigada en los años 90, y tenía contactos con los altos cargos socialistas detenidos. También conocía a Alavedra, ex conseller de Economía, y Prenafeta, ex secretario de Presidencia de Jordi Pujol, de su etapa como diputado del PSC en el Parlament de 1980 a 1992.

El negocio consistía en comprar solares relativamente baratos, pagar comisiones ilegales a cargos municipales para que recalificaran el suelo, convirtiéndolo normalmente en urbanizable, invertir fondos procedentes de paraísos fiscales en promociones inmobiliarias o, al revés, desviar los beneficios a paraísos fiscales como la isla de Jersey. García ponía en contacto a los interesados, por ejemplo los constructores Lluís Casamitjana y Josep Singla, con los cargos municipales --Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el jefe de los servicios jurídicos, Pasqual Vela--, y con Alavedra y Prenafeta para blanquear el dinero.
Sant Andreu De Llavaneras

Otras fuentes explicaron a Europa Press que la Fiscalía de delitos urbanísticos de Cataluña había investigado uno de los proyectos incluidos en el convenio que ayer requirió la Audiencia Nacional, que incluye la finca catalogada de Can Rivière en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), después de recibir una denuncia por parte de la plataforma SOS Llavaneres.

Finalmente, la Fiscalía archivó la causa por prevaricación por falta de pruebas, aunque las mismas fuentes apuntaron a que la Fiscalía Anticorrupción del Estado puede tener más indicios que permitan reabrir este caso.

Esta plataforma también denunció otro proyecto de la localidad promovido por Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, fue arrestado ayer en el marco de la operación.

Lo que no había investigado la Fiscalía de delitos urbanísticos eran proyectos en Santa Coloma de Gramenet como el del centro lúdico y comercial Cúbics, que ahora están bajo sospecha al ser adjudicados por la empresa municipal Gramepark a Proinosa, aunque algunas entidades sí habían criticado la presunta especulación urbanística que suponían y habían llevado algún caso a la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2009/10/28/barcelona/1256755690.html