Villarta de los Montes - Badajoz

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Capitan Fanegas, pertimetme explicar mi punto de vista, siendo funcionario como soy. Y permitidme todos mi larga perorata, pero es que si no, me cuesta explicar mi pensamiento.
Zapatero habia recibido órdenes de reducir el defícit y el problema era cómo. Podía haber varias formas generales hipotéticas pero todas se dividían en dos: o reducir gastos o aumentar ingresos. Pero también podía haber fórmulas mixtas en las cuales se unieran ambas realidades: reducir gastos a la par que conseguir ingresos. En realidad, Zapatero escogió una formula mixta y, para calificarla en un lenguaje facilmente comprensible, reaccionaria socialmente pues se trataba de recortar derechos. La primera medida tomada hace tiempo fue una espectacular subida de impuestos. Pero no todos los impuestos son iguales y Zapatero ni volvió a poner el de patrimonio ni tocó a las SICAV, sino que subió la carga impositiva en el IRPF, con la desaparición de los caciquiles 400 euros que implicó a su vez para muchos una bajada efectiva de sueldo, y los impuestos indirectos que todos pagan por igual, IVA y de carburantes, tabaco y alcohol. La primera medida de aumentar ingresos ya era así reaccionaria en cuanto implicaba un retroceso social no por el mero hecho de subir impuestos sino por subir, en concreto,determinados impuestos en detrimento de otros.

Pero más interesante era la segunda medida a tomar. Si había que reducir gasto, ¿de dónde reducir? No se trataba sólo, como se quiere presentar, de un problema de eficacia sino también de decisión política: lugares para recortar hay muchos. Pero al tiempo, y lo contrario sería caer en la demagogia, se trataba de conseguir el máximo dinero en el mínimo tiempo posible: los mercados mandan. Así, la decisión política era complicada, seamos sinceros. Y hubiera hecho falta un político en el gobierno. No lo tenemos, pero sí tenemos un político, y tal vez de los mejores, en las elecciones. Es ingenuo, mucho, pensar que Zapatero es tonto. Antes bien, Zapatero, como hábil político, ha logrado algo impensable: el mayor recorte social de la democracia con el menor costo político y social. Por menos le hicieron huelga general al PSOE de González y al PP de Aznar. Pero, ¿cómo lo ha hecho?
Primero, las medidas consiguen dinero inmediato. Una medida centrada en impuesto directos no lo haría sino hasta recaudarlos, al menos un año, mientras que las tomadas empiezan a notarse a partir de junio, en un plazo de días. Además, esto mejora inmediatamente la estadística en cuanto a dinero ahorrado y se presentaran como tales en las elecciones autonómicas y ante la UE.
En segundo lugar, y más sutil, la medida dirigida contra el funcionariado tiene un perfil interesante. Primero, porque se dirige a un sector vilipendiando socialmente, de forma justa o injusta y eso es otro tema, y que no va a recibir apoyos extraños a ellos mismos. Efectivamente, la clase asalariada percibe al funcionariado como privilegiado en relación al mercado laboral, cosa que sin duda es cierta, y no está dispuesta a movilizarse para apoyarle. Además, el gobierno conoce que los hasta ahora callados sindicatos, con más de cuatro millones y medio de parados, no se van a atrever a presentar una huelga general porque se les reprocharía, con razón, que por qué no antes. De esta forma, Zapatero sabe que una huelga general es inviable y entiende que una huelga limitada de un sector percibido como privilegiado no le dañará. Pero además hay algo más, y mejor.
Es lo tercero. El gobierno se ha asegurado que pase lo que pase con la futura reforma laboral no triunfará ninguna huelga general. ¿Por qué? Por algo sencillo. En el caso de que las condiciones de despido se modifiquen, y se van a modificar a peor, y los afectados, es decir: los trabajadores de la empresa privada, pretendieran realizar una huelga general se encontrarían ahora de frente con el funcionariado, que les recordaría su escasa solidaridad anterior. Y una huelga general para tener éxito implica, necesariamente en España, el apoyo del funcionariado. Así, la atomización de la respuesta sindical, algo que no pudo conseguir ni González ni Aznar, la ha conseguido Zapatero de la mejor forma posible para sus intereses: al ir primero contra los funcionarios, y encontrar un silencio cómplice social, ha ido contra todos porque ha eliminado cualquier respuesta general. La propia atomización del mercado laboral, entre temporales, fijos y funcionarios –permitida por los sindicatos- ha llegado a un extremo en el cual los distintos intereses son tan dispares que no hay posibilidad de conciliación ni de respuesta conjunta. Cuando Zapatero toma en primer lugar la medida contra los funcionarios, que son trabajadores a cuenta ajena, y el resto de trabajadores se muestra contento no hace sino romper la unidad que hasta ahora había habido en las huelgas generales anteriores. Se cubre la espalda. El sindicalismo de clase tan pretendido por UGT y CCOO queda ridiculizado al haber vendido su alma al diablo.
¿Pero y los pensionistas? Pues otro grupo fácil de presionar pues nadie, realmente, les respalda. Podrá haber fiesta del abuelito, pero a la vista está que la protesta social cuando se violan sus derechos será nula.
Así las cosas caben dos interpretaciones. Una, la de medio plazo. Se la cuento. Después del verano vendrá mucha memoria histórica, mucha guerra de los abuelitos y mucha tontería ideológica, ahora sí en su sentido marxista como falsa conciencia. Además, habrá un impuesto para los “ricos” y algunas palabras malsonantes para los “especuladores” por parte del gobierno. Luego toda una campaña de tonterías varias esperando que la situación internacional empiece a generar empleo, en algún momento tiene que ser. Y si las encuestas remontan, adelanto electoral.

A largo plazo, sin embargo, la cosa es más grave. Porque lo que todo esto significa políticamente es un cambio fundamental político y social. Político, en cuanto que el epicentro de poder ya no es el parlamento elegido democráticamente –da igual nacional o europeo- sino la Unión Europea como gobierno no elegido. Social, porque la finalidad última es finiquitar el estado del bienestar europeo no tanto en sí mismo como en cuanto una realidad pública y estatal. Así, lo que se juega en la crisis no es, como pensaba al principio la eufórica y desinformada izquierda, el capitalismo sino aquellos elementos que aún pervivían, como era la función pública, ajenas a la entrada de la capitalización –sin por ello, por supuesto, querer decir que el estado del bienestar tradicional fuera algo así como la emancipación ilustrada-. Pero todo esto, otra vez, otro día.