Villalba de los Barros - Badajoz

NOTA PRENSA - DESAHUCIOS ILEGALES


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la
normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del
procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. El
TJUE, que es de obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasando
por encima incluso de la normativa estatal, concluye que se vulnera de
forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y
concretamente el derecho a la defensa, puesto que no le da mecanismos de
oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del
procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados
de oficio y de forma inmediata puesto que la normativa que lo regula es
ilegal.

La sentencia da a los jueces importantes facultades de actuación en los
procesos vigentes, y al declarar la ilegalidad del procedimiento se abren
amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han
tramitado hasta ahora.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la
impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos incapaces
de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los
desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con
esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español que venía
avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado
claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias juridicas posibles ante el fallo del TJUE serán
analizadas este sábado en una reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa
Popular cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo,
cuando a la luz de la doctrina del TJUE la retroactividad no solo es una
posibilidad reconocida en la Constitución sino una necesidad puesto que se
plantea la nulidad de las ejecuciones hipotecarias realizadas desde el año
1993, fecha de la Directiva en la que se basa la sentencia para declarar
ilegal el procedimiento español. No puede sostenerse que una persona sea
condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal.

Ahora es más importante que nunca la movilización de la sociedad civil en
respaldo de los contenidos de mínimos de la ILP, que se están debatiendo
en el Parlamento, que dan respuesta a los planteamientos de respeto a los
derechos fundamentales de las personas afectadas.