La Coronada - Badajoz

Arrancan 380 encinas centenarias por un ‘despropósito’ administrativo entre dos consejerías de la Junta

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias tras emitir dos organismos de la Junta de Extremadura informes contradictorios con un intervalo de nueve días, lo que permite al propietario, sin la autorización de impacto ambiental, ejecutar la masacre en

Es la historia de todo un despropósito administrativo y la prueba de que el desarrollo de la España de las Autonomías no sólo ha producido dislates legislativos entre diferentes regiones sino dentro de una misma comunidad autónoma. Es el caso de Extremadura, donde dos consejerías chocan entre sí en sus resoluciones oficiales y el resultado de ello es la tala impune e indiscriminada de 380 encinas centenarias dentro de una finca ubicada en plena dehesa dentro de un espacio natural protegido (ZEPA), junto al embalse de Orellana (Badajoz).

Sin embargo, detrás de este conflicto legal no sólo estaría la mala gestión de la burocracia administrativa sino, según sospechan los grupos ecologistas, la posible especulación con los terrenos para la implantación de plantas termosolares, el último gran negocio de la especulación, con el ladrillo ya ‘al limbo’.

El fin es establecer alquileres millonarios para las compañías eléctricas que explotan esta energía. Estarían en juego en este caso seis millones de euros, según han confirmado expertos del sector a este periódico. De ahí, la existencia de informes contradictorios y los brutales intereses políticos y económicos de los protagonistas de esta triste historia, a los que no les ha importado la devastación mortal de esta gran zona medio ambiental que ha quedado, sin solución, arrasada.

La historia comienza cuando la Consejería de Agricultura autoriza a Alejandro Díez a un cambio de cultivo en un terreno rústico de su propiedad. La intención es transformar 300 hectáreas de secano en olivar de regadío. Para ello, necesita talar los árboles existentes en el terreno. Y este organismo da luz verde al arranque masivo sin el perceptivo informe de declaración de impacto ambiental obligatorio en una zona ‘Zepa’, incluida en la Red Natura 2000, y que sirve de hábitat para especies como la cigüeña negra, y el águila real y perdicera.

También adolecía del obligatorio estudio de afección a esta Red.

Sin embargo, el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, con el informe en contra de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, resuelve a favor del propietario y además deja claro que su resolución positiva “pone fin a la vía administrativa”. Era el 15 de diciembre de 2009.

Sin embargo, nueve días después, otra consejería, la de Industria y Medio Ambiente, emite un nuevo informe donde desautoriza y suspende el permiso emitido por Agricultura, acusa al propietario de la finca, a través del director general Guillermo Crespo, de un delito de desobediencia a la autoridad y le denuncia por la vía penal ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha abierto diligencias. En el caso se ha presentado como acusación particular el grupo ecologista ‘SEO/BirdLife’, que advirtió a la Junta de las irregularidades desde el principio, y lo hará en breve ‘Ecologistas Extremadura’.

Ahora en funciones políticas, Crespo ocupó con anterioridad el puesto de gerente de AFRUEX (Asociación de Fruticultores Extremeños), y fue catapultado a su nuevo cargo político por el diputado del PSOE José Luis Viñuela, hombre fuerte del socialismo pacense, y que con anterioridad habría estado interesado en la compra de la finca, y en otras dos cercanas también adquiridas por el ahora denunciado.

Para que todo resulte aún más estrambótico, existe una resolución del Consejo Consultivo de Extremadura a favor del propietario, que aduce que “no procede la revisión de oficio, es decir no procede la anulación de la orden de corta del arbolado por cuanto se pretende anular por un órgano administrativo la resolución dictada por otro órgano distinto”.

De ahí que Alejandro Díez haya contraatacado y acabe de presentar la semana pasada una querella criminal contra el director general de Medio Ambiente por presuntos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En la misma, explica que solicitó préstamos bancarios por un importe de 2.800.000 euros para poner en marcha el cambio de cultivo que además generaría empleo en la zona. El querellante reclama 6.300.000 euros en concepto de daños contra el patrimonio de la empresa y un lucro cesante de 600.000 euros anuales por las cosechas dejadas de producir. Díez asegura sentirse “una víctima, indefensa, maltratada y víctima de oscuros intereses”.