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La dictadura franquista recurrió a lo largo de toda su existencia, hasta 1976, a los métodos represivos propios de todo régimen no democrático. La no observancia de estas prohibiciones conllevaba penas de cárcel, sanciones y multas, así como violencia física en la primera fase represiva del Régimen. La represión ejercida por el franquismo se extendió a toda la sociedad y puede clasificarse del siguiente modo:

La represión violenta y física[editar]Véanse también: Víctimas de la Guerra Civil Española#Represión en la posguerra, Desaparecidos del franquismo, Categoría:Ejecutados víctimas de la represión durante la dictadura franquista y Categoría:Víctimas de la represión en la zona franquista.

Localización geográfica de las fosas o lugares de enterramiento de la Guerra Civil Española de las que se dispone información. Símbolos según la actuación realizada sobre cada una de ellas. Verde: Fosa aún no intervenida. Blanco: Fosa aún no encontrada. Amarillo: Transferida al valle de los caídos. Rojo: parcial o totalmente exhumada. acuerdo con las circunstancias del homicidio. Fuente: Ministerio de Justicia de EspañaIncluye los ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales militares durante el periodo de la guerra civil, los asesinatos ilegales, las llamadas sacas, practicadas al margen de las autoridades militares, pero con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Las "sacas" fueron especialmente intensas durante los meses de julio y agosto de 1936. Dentro del ámbito de la represión física también se incluye el encarcelamiento y cualquier pena de privación de libertad. La represión violenta y física ejercida por el régimen continuó después del fin de la contienda, en periodo de paz, y se prolongó hasta los años 1970, adoptando métodos no tan masivos y más ajustados a la legalidad establecida por el sistema judicial vigente en aquel periodo. Las desapariciones forzosas siguieron produciéndose hasta después de la Segunda Guerra Mundial.[6] [7] [8] Muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana, y por este motivo mantuvieron una voluntad de furia y venganza hacia los vencidos.[9] Tampoco los funcionarios de alta instancia de la posguerra se mostraron muy contrarios a este clima de represión y venganza: El Director General de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jurídico Militar, Lorenzo Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.[10]

Balance[editar]Véase también: Genocidio en España.
Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, y sin que su muerte fuese inscrita en los registros civiles. Desde principios de los años 2000, diversas asociaciones de víctimas del franquismo como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se han encargado de localizar estas fosas para identificar los restos de los ajusticiados y entregarles a sus familiares para que pudieran darles una sepultura digna. La ley de memoria histórica, aprobada en diciembre de 2007, pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas del franquismo para equipararles a las víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de fosas y víctimas, en constante actualización.[11]

Según el historiador británico Antony Beevor, el número total de víctimas de la represión franquista podría acercarse a 200.000, teniendo en cuenta que en varias provincias el recuento aún no había sido efectuado en 2005.[12]

Según el historiador británico Hugh Thomas, el balance de la represión llevada a cabo por los nacionales se cifraría en 75.000 muertos durante la guerra, de los que dos tercios corresponderían a los primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones en los campos de concentración, las ordenadas por los tribunales después de 1936 y los muertos en el frente).[13] Estas cifras alcanzarían 100.000 muertos si se incluyen los represaliados por los nacionales en los territorios conquistados.[13]

Diversas estimaciones presentan cifras en torno a 150.000 víctimas,[14] algunas apuntando hasta 400.000 muertos,[15] [16] según el periodo considerado y la inclusión o no de las víctimas muertas en campos de concentración. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron más tiempo bajo el gobierno franquista, siendo éste menos amenazado que el gobierno republicano. En cuanto a los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, 192.000 habrían sido fusilados, a veces varios años después del fin de la contienda, con picos de varios centenares de ejecuciones al día en algunos periodos de 1939 y 1940.[17]

La represión administrativa[editar]Practicada con todos los funcionarios del Estado Republicano, tanto en las instituciones Centrales, como en diputaciones y municipios, llevada a cabo mediante un proceso de purga conocido con el nombre de depuración. Los funcionarios eran castigados con sanciones que iban desde el encarcelamiento, el traslado forzoso, la suspensión de empleo y sueldo, la inhabilitación y la separación.[18] Para la obtención de una plaza, se daba prioridad a los leales al Movimiento Nacional, y se exigía la presentación de "certificados de buena conducta" expedidos por el jefe local de FET y de las JONS y el cura de la parroquia.[19]

Miles de oficiales que habían servido la República fueron expulsados del ejército.[20]

La represión educativa[editar]Artículo principal: Depuración del Magisterio español tras la Guerra Civil Española.
La represión administrativa practicada en el Sistema Educativo fue especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en las universidades. Instituciones pioneras de educación superior y de investigación como la Residencia de Estudiantes de Madrid fueron desmanteladas por ser consideradas subversivas, y los contenidos educativos fueron revisados para ajustarse a los estrictos criterios políticos, religiosos y culturales del Régimen, en todos los niveles de la enseñanza.[21] [18] La cuarta parte de los maestros y profesores de España fueron expulsado de la enseñanza.[22] Ya ha sido estudiada en el caso del Magisterio Nacional, con diversas investigaciones de ámbito nacional y local. El Cuerpo de Funcionarios y Telégrafos también ha sido objeto de estudio e investigación, así como diversos ayuntamientos.

En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, éstas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación.

La represión religiosa[editar]La religión católica fue instaurada religión oficial del Estado, y su doctrina declarada fuente de inspiración de la legislación.[23] [24] Las demás religiones quedaron limitadas al ámbito privado y se prohibieron sus manifestaciones públicas. No obstante, en 1967 fue reformada la ley para incluir en su articulado la libertad religiosa, prohibiendo las manifestaciones externas de toda religión que no fuese católica, y reafirmando la protección oficial que el Estado brindaba a esta última.[25] Los lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica llevaron a que se hablase de nacional catolicismo.[26]

La represión lingüística[editar]Implicaba la prohibición o ridiculización de las lenguas de España diferentes del castellano, única lengua reconocida políticamente.[27]

La represión económica[editar]La represión económica fue practicada mediante multas económicas (pago de cantidades fijas), incautaciones totales o parciales de bienes y embargos de cuentas bancarias, decididas por la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado y por comisiones provinciales de incautación. Se aplicó en virtud de un decreto aprobado el 10 de enero de 1937, en particular su artículos 6 y 8 que sancionaban económicamente a "los responsables de daños o perjuicios causados a España". El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas amplió ese decreto para "liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional". El artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales militares. Estas sanciones se aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado. Las incautaciones se realizaban a particulares, partidos políticos, asociaciones, firmas comerciales.[28]

Esta ley se aplicaba no sólo a todos los opositores al régimen sino también a los que habían servido civil y militarmente bajo la Segunda República. Vulneraba la irretroactividad penal, castigando ideas y actos anteriores al levantamiento franquista, y por lo tanto legales cuando se realizaron.[29]

El 13 de abril de 1945, el Ministerio de Justicia publicó un decreto que declaró extinguidos los procedimientos de Responsabilidades Civiles y Políticas y los tribunales creados para su aplicación, al considerar cumplida su misión. Creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los casos pendientes y los recursos presentados contra las sentencias sancionadoras.[28] Buena parte de los recursos fueron sobreseidos o indultados, y los bienes y el dinero incautados fueron devueltos en las décadas posteriores, por un importe equivalente al que tenían en las fechas de incautación, lo que representaba una fuerte devalorización.[29]

La restitución del patrimonio histórico y acumulado de los sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y sociedades vinculadas a ellos, no se planteó hasta el inicio de la Transición, cuando un Real Decreto Ley de 1976 repartió entre los sindicatos mayoritarios los bienes acumulados por el sindicato vertical, recientemente abolido. La devolución del patrimonio histórico de las organizaciones sindicales no fue contemplada de hecho hasta la aprobación en 1986 de la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.[30]

La represión laboral[editar]Llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con despidos de puesto de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. En el caso de miembros de profesiones liberales, fue llevada a cabo por los propios colegios profesionales, después de su correspondiente depuración. Los funcionarios públicos que habían servido durante la República fueron despedidos de acuerdo con la "Ley de Depuración".

La represión política[editar]Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al régimen. Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias al gobierno o simplemente discrepantes, y se estableció desde las mismas instancias de gobierno un sistema de censura de todos los medios de comunicación.

La represión cultural[editar]La censura fue aplicada a temas no relacionados directamente con la política: literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro. Se impuso un modelo cultural definido según los criterios establecidos por el Estado.

Extensión de la represión[editar]

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