Noharre - Avila

Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos
La Agencia Tributaria denuncia una trama de 110 millones en Castilla y León
Cargos regionales y constructores afines agilizaron trámites tras los pagos.

La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.

Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.

El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.

La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.

Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido “altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”, siempre según el informe.

Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su secretaria.

El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona en el informe para señalar que Delgado Núñez “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario general”.

Un portavoz de la consejería señaló que desconocen todo sobre el informe, que por lo que saben las autorizaciones se dieron correctamente y que si hubo transferencias entre empresas eso no les consta. El consejero no quiso hacer declaraciones.

El inspector documenta multitud de pagos que tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha los parques eólicos. En alguno de los casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años. En otros, al fin de la transmisión de las acciones le sigue la firma por Rafael Delgado solo dos días después de la autorización administrativa que estaba parada desde hace tres años.

El “sistema” de funcionamiento es que las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas vehículo junto con cargos de la consejería o empresarios locales “relacionados con el poder autonómico”.

Lo hacían a pesar de que eran las propias eléctricas las que “presentan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actúan como promotoras del parque eólico, ya que son ellas las que realizan los estudios de medición del viento [...] y los que realizan la totalidad de los trámites administrativos para la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones sin participación alguna de los empresarios de Castilla y León”.

Al asociarse con un empresario local o un alto cargo autonómico, agilizaban los trámites. Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían desembolsado.

Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”, señala el inspector de Hacienda.

En esas conclusiones, el inspector asegura reiteradamente que “no nos encontramos ante relaciones empresariales normales, puesto que las relaciones observadas no son propias de la lógica mercantil” y deduce que son traspasos de fondos que “carecen total y absolutamente de motivo económico válido”. La investigación de Hacienda afecta a 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007. Sin embargo, hay pagos posteriores y llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha.

Una de las empresas de renovables que más pagó por la instalación de parques eólicos es Preneal, una sociedad dirigida por el expresidente de Visa en España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Merigó. Ante Hacienda, este “manifestó en reiteradas ocasiones que su sociedad se sentía víctima del sistema”. Merigó no ha respondido a las múltiples llamadas de este diario.

Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind, empresa del alto cargo Rafael Esgueva, y lo hizo “sin obligación ni contraprestación alguna”.

También abonó siete millones a Cronos Global (propiedad al 50% de Esgueva). En diciembre de 2014, un representante de Preneal declaró ante Hacienda que esta firma era la que había hecho todos los trabajos, que “no necesitaba en absoluto la prestación de servicios por parte de ninguna otra sociedad” y que Cronos Global “no colaboró en ningún momento en la obtención de autorizaciones administrativa” “ni realizó ni presentó los proyectos de instalación de parques eólicos”. Esos parques siguen hoy sin estar aprobados, pero Cronos Global sí recibió siete millones de euros tras haber puesto 1,5 millones.

En esos años, Cronos Global tuvo un “importante movimiento de divisas impropio del final de una fase alta del ciclo económico y del inicio de la recesión. Baste decir que una sociedad que podría catalogarse de pequeña, tiene unas salidas de divisas por importe de 100 millones de euros (con destino a Polonia y en menor medida a Estados Unidos) y unas entradas de 38 millones”.

El otro 50% de Cronos Global pertenece a Luis María García Clerigó y su familia. Clerigó es presidente de Parqueolid, una constructora de Valladolid. Clerigó afirmó a este periódico que hace siete años tuvo un ictus y que no recuerda nada de aquello. Parqueolid ya está cerrada. Esta empresa, según Hacienda, recibió de la Consejería de Economía 50 millones por un edificio en el que reordenaba sus sedes. Hacienda ya remitió a la fiscalía esa operación. Por esto, un juzgado de Valladolid investiga las cuentas personales de Rafael Delgado, número dos de Economía durante ocho años e imputado en ese caso.

Preneal además pagó 10,48 millones al Grupo Collosa, una importante constructora de Valladolid, que había colocado 51.000 euros. “El inspector no ha encontrado ninguna prueba, siquiera indicios, de que entre ambas sociedades existiera una prestación de servicios por parte de Inverduero”. Un portavoz de Collosa señaló que “la empresa no tiene constancia de la existencia de ese informe y prefiere no opinar hasta conocerlo”.

No es solo Preneal la que pagó. Una de las filiales de Collosa, Inverduero, firmó en 2005 con Endesa un acuerdo para desarrollar parques eólicos. Fundaron Prodener I para construir un parque eólico en Burgos. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones. Un portavoz de Endesa señala que han revisado el contrato y que no ven nada anómalo. Explica que por problemas de financiación de Inverduero decidió vender para no bloquear el proyecto y que lo hizo por 2,5 millones cuando estaba tasado en 4,2. “Actualmente, se mantienen con Inverduero otros dos proyectos eólicos, a través de Enel Green Power. Uno de ellos es anterior a esta operación y el otro, posterior. Ambos parques se encuentran operativos, por lo que queda patente que Inverduero no era ni es un socio financiero o instrumental, sino un socio claramente industrial local e implicado en el desarrollo de los proyectos, si bien tuvo que salirse del anteriormente mencionado por los problemas financieros que les afectaron en 2009”, explica por correo.

Collosa es una empresa que “se ha caracterizado por la realización de importantes operaciones comerciales con las distintas consejerías del Gobierno autonómico así como organismos dependientes de la Administración central y local”. Collosa participó con un 35% en la empresa que construyó el edificio de las Cortes de Castilla y León. Entre 2006 y 2007 facturó 134,4 millones a la Junta de Castilla y León. Además, uniones de empresas en las que participó Collosa facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo.

Hacienda resalta que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

“Resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques”, añade.

Su conclusión es que “el exorbitante volumen de las cantidades de dinero transferido a los grandes grupos económicos de Castilla y León que, tomando en consideración, exclusivamente los siete casos expuestos sin perjuicio de que hayan existido muchos más, asciende a importes de 47, 35, 10, 7, 6, 4 y 2 millones de euros, en total más de 110 millones de euros, lleva a considerar que no nos encontramos ante el supuesto coloquialmente conocido como conseguidores, pues los importes transferidos, por lo exorbitante de los mismos, multiplican por decenas de veces los que son habituales en lo que se suele denominar como casos de comisiones ilegales”.

El inspector de la Agencia Tributaria concluye su informe recordando que su fin es investigar las deudas tributarias pendientes y que sus hallazgos pueden constituir “indicio o prueba de blanqueo de capitales”. Por eso lo envía a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que “continúen las investigaciones mediante el empleo de mayores medios”.

A ver si con un poco de suerte investigan también las placas solares de Villanueva, los contratos de la Púnica con la consejería de Agricultura por valor de 5,7 millones de euros, la concesión de las obras del CTR de Gomecello, etc,..

A lo mejor la corrupción en Castilla y León deja en poco a los ERES de Andalucía.

Es una noticia de un calado gigantesco, corrupción de cientos de millones de euros en Castilla y León, y en el Norte de castilla la dan de pasada y para El Diario de Avila ni siquiera existe. Viva la objetividad en los medios de comunicación regionales. El poder podrido lo corrompe todo.

Resumen del modus operandi: Constituían una empresa entre el político e Iberdrola con unos pocos miles de euros, a esa empresa le daban una concesión de "tantos kilovatios", entonces ya valía un pastizal, según Iberdrola y esta la compraba por 14 millones, por 40 o por los que fueren en cada ocasión la parte de las acciones al político en cuestión.

No me extraña que Iberdrola cobre así, es que sobornar políticos es carísimo.

Que fuerza tendrá Iberdrola que casi todos los medios digitales de Castilla y León que habían dado la noticia (muchos ni siquiera lo habían subido) lo han retirado de sus páginas digitales, incluso algunos de los nacionales. Y es que son muchos millones de pùblicidad en juego.

Y es que ya sabíamos que nuestros políticos están corrompidos hasta las trancas, pero por fin se empiezan a ver los de la otra parte, los corruptores, y a fe que lo hacen con contundencia. En este artículo se acusa directamente a Iberdrola de corromper con 110 millones de euros a unos pocos políticos y empresarios de Castilla y león. Hasta el momento Iberdrola no se ha querellado con nadie.

47,1 millones a un alto cargo que puso 24.400 euros

La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.

En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante. Esgueva utilizó para ella su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón. Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.

Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.

La Agencia Tributaria señala que “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor de Ibercyl”. Y considera “a todas luces inverosímil” que un alto cargo autonómico recibiera 47 millones de euros después de haber invertido 24.400.

Un portavoz de Iberdrola no quiso comentar al caso al deconocer si está en Anticorrupción. En sus alegaciones ante Hacienda, que figuran en el informe del inspector, Iberdrola asegura que Castilla y León es la comunidad en la que más rápido se tramitaban las autorizaciones de explotación y las gestiones administrativas.

El alto cargo del PP que autorizó los parques eólicos recibía dinero de Suiza.

Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y el hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos entre 2004 y 2007, está cercado por Hacienda. La inspección que la Agencia Tributaria en Valladolid ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción destaca que, tras dejar la viceconsejería, Delgado recibió 535.721 euros desde Suiza de origen desconocido, que una empresa le pagó la hipoteca y una reforma de la casa y una maraña de relaciones con uno de los beneficiados por la trama eólica.

Rafael Delgado Núñez es una pieza clave en la trama eólica que la Agencia Tributaria ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Delgado era quien firmaba la autorización de los parques eólicos investigados por Hacienda del periodo 2004-2007. Las firmaba a menudo después de que las eléctricas que iban a instalar los parques se hubiesen asociado a otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, o con empresarios locales.

Paralelamente, Delgado Núñez realizó una serie de negocios que han llamado la atención de Hacienda. En 2005, compró un chalé y dos plazas de garaje en Comillas (Cantabria) a Alberto Esgueva. Y el año siguiente adquirió otro chalé en Valladolid también a Esgueva. Entonces estaban los dos como altos cargos en la consejería y el segundo era socio de Iberdrola en una sociedad con la que ganó 47,1 millones. Ninguno de los dos ha contestado a las llamadas de este diario.

En julio de 2007, Delgado Núñez dejó de ser viceconsejero y pasó a secretario general de la Consejería de Economía. Cesó el 30 de junio de 2011 "a petición propia”. Ponía fin así a 16 años en los que pasó por tres consejerías siempre bajo las órdenes del actual consejero de Economía, Tomás Villanueva.

Cuatro meses después de dejar la viceconsejería, un amigo íntimo de Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, fundó la empresa Tough Trade, dedicada a “asesoría, ingeniería, instalación, producción y mantenimiento de proyectos de energía renovable”. Fue esa empresa la que canceló en 2008 la hipoteca del chalé de Comillas con un pago de 225.841 euros. Y fue esa sociedad la que pagó los 55.685 euros de una reforma en el chalé de Valladolid.

En 2012, ya fuera de la consejería, Delgado Núñez compró un piso en Valladolid por 498.657 euros. Lo hizo a través de una sociedad con un domicilio en Madrid en el que es desconocida. Es el mismo piso en el que supuestamente tenía su sede la empresa San Cayetano Wind. Esta es la compañía de Alberto Esgueva que recibió 47 millones de Iberdrola después de haber puesto 24.400 euros.

Desenredando la madeja, la Agencia Tributaria ha descubierto que Jesús, el amigo de la infancia del viceconsejero y dueño de la empresa que le pagó las reformas y le compró un chalé, tiene también poderes a nivel mundial de la empresa Nehmo Holding, con sede en Suiza, y a cuya propiedad no puede acceder Hacienda.

Hacienda ha detectado importantes entradas de fondos desde Nehmo Holding a Tough Trade entre las que destacan 535.721 euros en tres fechas entre 2012 y 2013. La empresa unipersonal de su amigo también ingresa 350.728 euros procedentes de una empresa de Alberto Esgueva y 19.400 euros de “sociedades pertenecientes al sector de la energía fotovoltaica”. Las cantidades que llegan desde Suiza al amigo íntimo del exviceconsejero “son distribuidas el mismo día o en días próximos” a otras dos empresas de Rafael Delgado. Además, entre 2011 y 2014, Tough Trade transfirió a sociedades de Rafael Delgado 665.429 euros. Algunas de las transferencias iban al pago de servicios corrientes como el “pago del alquiler de la oficina, del teléfono y del gas”.

Aunque sin citarlo expresamente, la Agencia Tributaria duda de que los ingresos de Tough Trade sean realmente de Jesús Rodríguez Recio, que “realiza su actividad de abogado en comunidad de bienes en Medina del Campo” y que registra principalmente “igualas de pequeña cuantía”.

Rodríguez Recio aseguró a este periódico que se limitó a ayudar a un amigo con dificultades económicas. Hace unos meses declaró dos veces, cuatro horas en cada ocasión, ante el inspector de Hacienda y, según su versión, los pagos procedentes de Suiza los recibía por su actividad empresarial y los transfería a Delgado por amistad. Niega que sea el testaferro de Delgado y añade: “Si yo hubiera querido trincar sería multimillonario”.

Otra de las operaciones denunciadas por Hacienda afecta a otro ex alto cargo de la Junta. Se trata de Andrés Martín de Paz, que fue director general de Deportes hasta 2003, cuando Tomás Villanueva era consejero de Educación.

En 2003, Iberdrola en Castilla y León firmó un acuerdo con Andrés Martín y su esposa para que este entrara con un 20% en el capital de tres parques eólicos. Crearon una sociedad en la que la eléctrica puso el 80% y Martín 357.602 euros por el 20% restante. Poco después, Iberdrola recompró las acciones por 4,23 millones de euros sin que Hacienda haya encontrado “ninguna prueba, siquiera indicios, de que Andrés y su esposa prestaran servicios” a Iberdrola.

Martín de Paz se defiende alegando que todo es una confusión. Por teléfono explica que compró unos terrenos a su familia para arrendárselos a Iberdrola durante 25 años como había hablado con el delegado de la eléctrica en esa comunidad, Ricardo Bravo Sayas, al que este diario no ha localizado. “Al final, después de hacer las mediciones decidieron cambiarlos de ubicación”. Entonces, afirma que pactó que Iberdrola le pagara para compensarle lo que gastó en el terreno. “Perdí dinero en la operación”, explica este conocido empresario en Valladolid, que fue presidente del club de balonmano.

Martín de Paz recuerda su declaración hace meses ante la inspección de Hacienda: “Yo era una mosca comparado con lo que buscaban. Iban detrás de Iberdrola por la adjudicación de megavatios, pero lo mío no era el problema”. Admite que el inspector le enseñó un organigrama de la consejería de Economía.

Esto es lo que le dieron al empleado de Iberdrola que firmaba esas compras de las empresas de los políticos a pérdidas de millones de euros. Curioso.


Premio a operación con pérdidas

El inspector de la Agencia Tributaria que ha destapado la trama eólica descarta que los pagos respondieran a una actuación individual de algún directivo de una eléctrica. Como ejemplo señala la operación por la que Iberdrola dio 47,1 millones a Alberto Esgueva, un alto cargo de la comunidad que había desembolsado 24.400 euros. “Ningún gerente ni administrador de una sociedad que causase un perjuicio tan grande a la sociedad para la que trabaja como consecuencia de una decisión como esta, carente total y absolutamente de fundamento económico, permanecería en el cargo más allá de unos días, tras haber causado semejante pérdida y despropósito, si la situación hubiera sido conocida por sus superiores, circunstancia que tuvo que ocurrir ya que Iberdrola SA fue la que realizó el desembolso inicial mediante un talón de 13.595.000 euros”.

Sin embargo, “Ricardo Bravo Sayas, que llevaba la dirección de Ibercyl [filial de Iberdrola en esa comunidad], firmante de los aparentes contratos con San Cayetano Wind [...] no solo no tuvo que responder de los perjuicios causados y de una posible administración cuando menos negligente, sino que en el año 2007 dejó de trabajar, posiblemente por jubilación, y percibió de Iberdrola Renovables las nada despreciables cantidades de 1.174.681,68 euros sujetos a retención y, además, otros 778.385,9 exentos, en total 1.962.929,14 euros”.

Esta es la forma que tiene Iberdrola de agradecer "los servicios prestados".
¿En que caja han terminado esos 110 millones de euros en solo 3 años? ¿En la A, en la B, o en la C? señor Herrera.

Cuando se lo proponía, la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León podía ser la administración más eficaz del mundo. El análisis de la tramitación de los parques eólicos en los que participaba la empresa de Alberto Esgueva, alto cargo de la consejería entre 2004 y 2006, demuestra que los parques eran autorizados solo días después de que las eléctricas le dieran entrada en el negocio de los molinos. En seis casos, la participación de Esgueva en los parques desbloqueó en menos de 10 días instalaciones que llevaban años en tramitación. La empresa que más participó en este sistema es Iberdrola, que luego recompró la participación de Esgueva por 47,1 millones. Iberdrola no quiso este miércoles comentar la noticia y Esgueva no responde a las llamadas de este diario.

Un expediente tiene firmas distintas en Soria y Valladolid

el mismo día

El 10 de agosto de 2001, Iberdrola Renovables solicitó la autorización administrativa para instalar el parque eólico Cerro Blanco, en Galbarros, Briviesca y Salinillas de Bureba, Burgos. El parque seguía su tramitación cuando en julio de 2003 llegó a la Consejería de Economía el popular Tomás Villanueva, hombre fuerte en el Gobierno autónomo. Ya ocupó la cartera de Industria entre 1995 y 1999 y tras un paso por Educación volvía a llevar la economía regional. Con él fue de segundo, Rafael Delgado. Había sido su escudero desde 1995, cuando fue secretario general de Industria. El 14 de abril de 2004, Villanueva decidió que todos los parques eólicos de la comunidad deben llevar la firma de Rafael Delgado. Hasta ese momento los aprobaba la delegación de la Junta en las nueve provincias.

El 5 de agosto de 2005, la delegación de la Junta en Burgos publica la declaración de impacto ambiental que da el visto bueno a los 21 aerogeneradores. Cerro Blanco había superado el mayor escollo. Tras unos cambios en el proyecto, el 3 de febrero de 2006 la filial de Iberdrola en la comunidad “solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución”. Habían pasado cuatro años y medio de papeleo y parece que todo estaba ya listo. Sin embargo, el 18 de mayo de 2006, Biovent, la marca de Iberdrola en la región, pide que la autorización sea para Energía Global Castellana. Se trata de una firma creada en 2005 en la que Iberdrola tiene el 60% y Esgueva el 40%. Este fue hasta 2006 consejero delegado de la empresa pública Excal, dependiente de Economía. Esgueva posee el 40% de Energía Global Castellana pese a que solo ha puesto 24.400 euros del capital. Usa para ello su sociedad San Cayetano Wind, con sede en Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”, según la Agencia Tributaria.

El consejero dice que no ha hallado irregularidades al revisar los papeles

El 25 de mayo de 2006, solo siete días después de que Esgueva se hiciera con el 40% del parque eólico, el viceconsejero, Rafael Delgado, firmó la autorización de Cerro Blanco. Iberdrola, que llevaba años con los papeles y los estudios, dio entrada a un socio de la consejería y, días después, recibió el visto bueno. La Agencia Tributaria considera que esa transmisión se hizo “sin motivos económicos válidos”. Ha hallado pagos y compras de Esgueva y sus sociedades a Delgado, que también recibía transferencias desde Suiza.
La secuencia se repite en otros 15 parques en los que participa Energía Global Castellana y que ha analizado este diario. La tramitación se acelera cuando la empresa promotora cede la titularidad a la firma en la que Esgueva participa. Seis de ellos se aprueban menos de un mes después de que entre Esgueva.

Iberdrola, que es líder en la región, recompró sus participaciones a Esgueva, al que abonó 47,1 millones de euros entre febrero de 2007 y octubre de 2009. Habían instalado 492 megavatios, por lo que Esgueva recibió unos 100.000 euros por megavatio instalado. Esa era la cantidad por la que se compraban y se vendían los permisos de parques eólicos en la comunidad en esa época, según fuentes del sector.
El parque de Ventosa del Ducado, en Soria, recibió la aprobación tres días después de que Iberdrola traspasase la titularidad a la empresa que tenía con Esgueva. El 15 de junio de 2007, la delegación de la Junta en Soria aprueba la declaración de impacto ambiental. Ese mismo día firma la aprobación en Valladolid el viceconsejero. Las firmas se acumulan en junio de 2007, un mes antes de que Rafael Delgado deje el cargo y pase a ser secretario general de Economía, cargo que ocupó hasta 2011. Estuvo 15 años seguidos junto a Tomás Villanueva.

“Es milagroso. ¿Viajó el expediente en coche de Soria a Valladolid ese mismo día?”, preguntó con sorna el procurador de Unión del Pueblo Leonés, Alejandro Valderas, al consejero Villanueva el lunes durante su comparecencia en las Cortes sobre el tema, realizada a petición propia, con la Cámara disuelta y solo una semana después de que este diario destapara el caso.

Pese a que las fechas de las tramitaciones están en el Boletín Oficial de Castilla y León, Villanueva sostuvo allí que los expedientes están impolutos: “Quiero destacar la rectitud y sujeción a la legalidad con la que se han tramitado todos los expedientes de autorización administrativa”.

El secretario del PSOE en la región, Luis Tudanca, criticó este miércoles el sistema: “Las fechas son la demostración palmaria de que cuando había una transferencia el trámite se aceleraba sin que saltaran alarmas. Se ve sin mayor investigación pues es información pública”.

El PSOE cargó este miércoles en el Congreso contra el PP por apoyar a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte que, siendo diputados, cobraban 9.000 y 5.000 euros al mes respectivamente de la constructora de Valladolid especializada en obra pública Collosa.

Soraya Rodríguez, diputada por Valladolid, criticó que los pagos, desvelados por este diario y que la Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción, son ilegales. “Los diputados no pueden, en ningún caso, ser contratados o hacer valer su cargo de diputado informado para ejercer cualquier tipo de actividad mercantil”, declaró.

Rodríguez añadió que Pablo Trillo, hermano de Federico, “fue nombrado en septiembre de 2005 secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”, denunció. “Asesorar a una empresa que está en una trama para conseguir licencias [...] sin duda es una actividad ilegal”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no entró en el fondo del asunto. “No voy a hacer ninguna valoración pública”, dijo. Y afirmó que “las filtraciones no deben anticipar conclusiones de esas investigaciones”.

Otro diputado socialista, Gabriel Hernández, volvió a interpelar al ministro de Hacienda sobre el tema: “En el Reino Unido dimitió un ministro por ocultar una multa de tráfico y ustedes envían como embajador de España a un señor que ocultó al Parlamento el cobro de 354.000 euros por susurrar al oído de un empresario”.