Noharre - Avila

Información aparecida en El Norte de Castilla.



La madeja societaria de Asaja Valladolid tiene un cabo más que ahora está en manos de la Fiscalía. La Junta de Castilla y León ha solicitado al ministerio público que investigue si la sociedad Campo de Peñafiel, administrada por Lino Rodríguez, presidente de la organización agraria, ha incurrido en un delito de estafa y falsedad documental al justificar una subvención de 783.000 euros que le fue concedida en 2009 con ocho facturas que podrían ser falsas y que suman un valor de un millón de euros. La Consejería de Agricultura empezó el pasado mes de enero a investigar la veracidad de esas ocho facturas poniéndose en contacto con varios de los proveedores que figuran en dichos documentos, y ninguno afirmó tener constancia de los mismos. Se trata de empresas locales, pero también francesas y holandesas, principalmente fabricantes de embalajes para patatas. Fuentes próximas a la investigación señalaron que las facturas pudieron ser «fabricadas» en la gestoría que detentan Lino Rodríguez y su esposa para sortear los controles de la Administración. De hecho, Campo de Peñafiel pasó la inspección realizada en diciembre de 2012 por Hacienda. Ahora, la Junta ha solicitado a la Fiscalía que lo investigue de oficio.

La Agencia Tributaria fue la primera en investigar una denuncia por estos mismos hechos contra el presidente provincial de Asaja, Lino Rodriguez, en calidad de administrador único de la sociedad limitada Campo de Peñafiel. La denuncia, que fue registrada el pasado 20 de noviembre en el Registro de Inspección Urgente, apuntaba a supuestas irregularidades en las cuentas de la patatera relacionadas con la presunta utilización de facturas falsas para justificar subvenciones. Un sistema, que según el denunciante, «es idéntico» al que se investiga, a instancias de la Junta de Castilla y León en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid y que se habría utilizado en una cooperativa agrícola de Madrigal (Ávila) inspirada por Asaja, que en la actualidad está en concurso de acreedores.

En esta denuncia pública tributaria se solicitaba el esclarecimiento de la presentación de facturas falsas para justificar la subvención de 783.503,87 euros concedida a Campo de Peñafiel en 2009, una ayuda cuyo expediente, abierto en el Servicio de Intervención de la Junta, señala que la sociedad habría incumplido los requisitos de creación de 10 puestos de trabajo que eran una condición ineludible para cobrar dicha ayuda. El instructor de dicho expediente concluyó que Campo Abierto tenía que devolver la subvención con un 5% de interés, aunque abría un plazo de pago voluntario.

Talones y transferencias

Según el texto de la primera denuncia, las facturas presentadas para justificar la subvención serían falsas porque, «aunque figuran en los libros de contabilidad de Campo de Peñafiel SL, no constan en los libros de contabilidad de las empresas que, supuestamente, han llevado a cabo tales trabajo o servicios, y son firmas españolas y extranjeras». Tales facturas se habrían pagado supuestamente por talón o transferencia realizada desde una cuenta de la que es titular la patatera e ingresado en otra cuenta corriente de la que también es titular la sociedad, y que coinciden por el mismo importe.

En paralelo, el Departamento Regional de Inspección Urgente de la Agencia Tributaria también investiga una denuncia anterior contra Asaja Valladolid por no incluir en la declaración de Hacienda de 2012 una cuantía de 283.000 euros. Esta cantidad, según la documentación aportada al fisco, procedería de las comisiones por la realización de los seguros agrarios y fue facturada a Asaja Castilla y León por la filial vallisoletana, que emitió nueve facturas. Las comisiones se generaban al contratar Asaja Valladolid seguros con los agricultores para la empresa Caser, que abona estos porcentajes a través de la organización regional y, posteriormente, la sede vallisoletana factura estas comisiones a la regional.

Impuesto de sociedades

Las facturas-recibo están numeradas del 1 al 9 y fechadas entre marzo y diciembre de 2012. Sin embargo, esos ingresos que suman 283.000 euros y que fueron pagados por la sede regional a la provincial no fueron declarados en el Impuesto de Sociedades. Por el contrario, aparecen unas pérdidas de unos 90.000 euros. Asaja Castilla y León sí contabilizó esos pagos y facturas en su Impuesto de Sociedades 2012 aunque no los habría declarado en el documento 347 para Hacienda, «posiblemente para evitar que la autoridad tributaria se enterara de la irregularidad al cotejar los documentos 347 de ambas».

La investigación judicial contra el dirigente agrario, acusado por el extesorero Alberto Cano de irregularidades en las cuentas por cursos no impartidos para los que se recibieron fondos europeos, que podrían incurrir en los delitos de estafa y falsedad documental, sigue su curso Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, donde Rodríguez tendrá que volver a declarar por segunda vez para evitar la indefensión a raíz de la ampliación de la denuncia, realizada en enero pasado, por el extesorero por el uso de tarjetas visa de la filial Remolacheros de Valladolid «con fines personales y no agrarios». Se le acusa de haberse apropiado indebidamente, en total, de 1,2 millones de euros desde 2004.

Estos extremos siempre se ha negado por Asaja Valladolid, que ya ha anunciado que está preparando acciones legales contra el extesorero Alberto Cano y el exsecretario que hacía funciones de gerente, Fernando Redondo.

Algunos socios que forman parte de la junta directiva de la organización agraria han solicitado por escrito la pasada semana a Lino Rodríguez que convoque dicha junta para que de explicaciones sobre la investigación abierta a raíz de estas denuncias, sin que hasta la fecha, según indican fuentes próximas a los peticionarios, tengan noticias del presidente. Según los estatutos de Asaja, recuerdan, la junta tiene que ser convocada cada dos meses.

Información aparecida en El Norte de Castilla. 18-03-2014.


Lino Rodríguez, el presidente de Asaja Valladolid, volverá de nuevo a declarar al Juzgado de Instrucción número 5 después de que el ex tesorero de la organización, Alberto Cano, se haya ratificado en la ampliación de la denuncia por supuesta apropiación indebida de fondos públicos que calcula en 1,2 millones de euros. Según explicó José Fernández, el letrado del denunciante, al término de la comparecencia ante la jueza, la ampliación de la denuncia inicial, sobre la desaparición de fondos europeos destinados a la sociedad Derco para la realización de cursos que nunca se impartieron, obedece al uso de tarjetas de otra sociedad vinculada a Asaja, Remolacheros de Valladolid, a nombre de Lino Rodríguez, «para gastos personales en tiendas de moda, ortodoncia, hoteles en el extranjero e incluso zapaterías de niño» y no para gastos de representación y dietas relacionadas con la actividad agraria, como mantiene Asaja. Serían unos 600.000 de gastos y reintegros de cajeros realizados con dichas tarjetas, según la documentación aportada por las propias entidades bancarias. El denunciante, Alberto Cano, afirmó al término de su ratificación que fue una comparecencia «tranquila y breve». También contestó durante la comparecencia a preguntas del letrado Juan José Gómez Muñoz, de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Patata Industrial y de Consumo, másconocida como Indyconsquien se interesó por el trasvase de 80.000 euros a Campo de Peñafiel, sociedad coparticipada por Indycons y administrada por Lino Rodríguez, así como por otros 107.000 euros procedentes de la venta del excedente de patata de la campaña de 2012. Esta sociedad se persona en la investigación como perjudicada al considerar que se utilizaron facturas falsas para justificar un pago que no se ha producido y que ha habido también apropiación indebida.

Evitar indefensión

El letrado de Lino Rodríguez, Jesús Verdugo, puntualizó a propósito de la ampliación de denuncia que este paso del denunciante, dado en enero, obedece a que en su primera declaración de noviembre incluyó el asunto de las tarjetas de Remolacheros, que no estaba en la denuncia original y ello ocasionó indefensión a su cliente, a pesar de que el recurso por tal indefensión fue inadmitido por la jueza instructora y tampoco estuvo de acuerdo el fiscal. Verdugo subrayó que «esta es la consecuencia lógica» de la anterior declaración en la que a su juicio, sí hubo indefensión,y que esta ha sido la manera de subsanarlo.

Por otro lado, desde Asaja se indica que sobre las transacciones con Indycons hay una auditoría externa en la que se aclaran todos los pagos y, respecto de las tarjetas de Remolacheros, que habría varias personas que podían utilizarlas para gastos agrarios, y no solo Rodríguez.

Ayer votaron en asamblea de Asaja Regional de Castilla y León la salida de Lino (presidente de Asaja Valladolid) de esa ejecutiva.
Podían haber aprovechado también para destituir a Obama o para rechazar el referendum en Cataluña.

Es curioso que Donaciano haga esto, debe ser por hacer mal las facturas a la Regional, porque Lino le hizo una factura (presuntamente falsa) de 283.000 euros a la Regional en comisiones de seguros (cantidad astronómica para tal fin, deberían haber estado haciendo seguros día y noche) que ninguno de ellos declaró, curioso ¿verdad? Uy,uy,uy, que igual es para justificar gastos, quedarse con el IVA (unos 50.000) y de rebote no pagar a Hacienda.

Esa intentona de Donaciano de desvincularse de los corruptos, de los que es el campeón no creo que le vaya a dar resultado. Al igual que su amigo Pedro Barato presidente de Asaja Nacional, otro corrupto y corruptor, que pone a indigentes intelectuales, más fáciles de manejar y corromper, y luego le pasan estas cosillas.

Tampoco se libra del todo la Junta, que hace la vista gorda, ya que a cualquier hijo de vecino le revisa los pagos bancarios, de que cuenta a que cuenta van, menos a cierta gente, que se mandaba dinero de su cuenta o otra cuenta suya para justificar pagos. Algo parecido a lo que hizo Joaquin Antonio Pino, al desviarse a una cuenta de Hormoba una subvención que iba para Asaja Avila.

Los cursos de formación han resultado ser un verdadero fraude. Se investiga donde han ido a parar 2.000 millones en cursos solo en una parte de Andalucía promovidos por UGT y CCOO.