Avilés - Asturias

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- Caso Juan Guerra:

A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra para ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

ABC recoge la primera información sobre el que sería el gran escándalo del socialismo el 3 de enero de 1990. Este mismo diario insistía el 28 de enero, enumerando ya una relación de negocios de dudosa legalidad protagonizados por el hermano de Alfonso Guerra. El diario El País, mientras tanto, consideró durante mucho tiempo estos hechos como irrelevantes.

Juan Guerra había cambiado el paro de 28.023 pesetas, que cobraba cuando su hermano era el látigo de la oposición, en 1980, por suculentos beneficios, chalés y lujosos coches.
En muy poco tiempo, el “hermanísimo” pasó de operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara y de vendedor de enciclopedias junto al comunista José María Torres Zapico, a mandar más que el propio delegado del Gobierno, gracias a los buenos oficios de su hermano Alfonso, que hizo realidad en su propia familia las promesas de redimir al proletariado, ya que su otro hermano, Adolfo -el de los langostinos del Sena-, ya era director de Mercasevilla y se distinguía por la liberalidad con la que utilizaba la "visa oro", mientras Antonio, "el patillas", recorría España abriendo gasolineras o comprando solares con la tarjeta de presentación de "hermano de Alfonso".

Pero la puntilla se la dio a Juan Guerra, oficialmente modesto empleado del PSOE, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas mensuales, su ex mujer Ángeles López Rubio, quien harta de las palizas de su marido (así consta en la denuncia que formuló contra él en comisaría) inició una peregrinación con la documentación que comprometía a su marido hasta que la información acabó en manos de Manuel Fraga.

En 1995, la juez Encarna Jiménez condenó a Juan Guerra por delito fiscal a dos penas de un año de prisión menor cada una y a pagar 92 millones de ptas. Su hermano Alfonso ("Arfonzo", como se le conoce en los mítines socialistas) se veía obligado a dimitir de su cargo de vicepresidente del Gobierno.



- Caso Roldán:

El ex-director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ingresó en el PSOE en 1976. Ocupó el cargo entre 1986 y 1993, bajo el gobierno socialista presidido por Felipe González.

Durante este tiempo amasó un enorme patrimonio fruto de sus irregularidades como director del Instituto Armado. El 23 de noviembre de 1993, Diario 16 desvela el gravísimo caso de corrupción, provocando la destitución de Roldán y la creación de una comisión parlamentaria. Sus actividades provocaron, además, la destitución de varios miembros de la Guardia Civil, y afectaron a la carrera política de otros personajes, como el ex-presidente de Navarra, Gabriel Urralburu.

En abril de 1994, Roldán se fuga, lo que le costó el cargo al entonces ministro de Interior, Antonio Asunción. No pudo ser capturado hasta el 27 de febrero de 1995, cuando fue apresado en Laos.

El ex director de la Guardia Civil fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Durante el juicio, en 1997, el propio Roldán reconoció que se había llevado irregularmente 435 millones de fondos reservados y 1.800 en comisiones. La sentencia, que fue confirmada y ampliada en 1999 hasta los 31 años por el Tribunal Supremo, además le imponía una multa de 1.600 millones y una indemnización al estado de 578,9 millones.

Junto a Roldán fueron condenados su testaferro, Jorge Esparza Martín, que fue condenado a nueve años de prisión por malversación y un delito continuado de cohecho, así como a abonar una multa similar e indemnizar al Estado con 578 millones; y la esposa del ex director de la Guardia Civil, Blanca Rodríguez-Porto, condenada a cuatro años por un delito de encubrimiento y otro contra Hacienda.

Actualmente se halla encarcelado en la cárcel de Brieva (Ávila). Del patrimonio inmobiliario del ex director de la Guardia Civil, valorado en más de 1.700 millones de pesetas, que incluía chalets y pisos en Madrid y Navarra, un terreno en Cambrils, una finca en La Rioja, o una casa en las Antillas Francesas, no ha podido recuperarse casi nada, apenas 300 millones. Sus intermediarios consiguieron que el resto se "esfumara" por diversos procedimientos, como la venta de parte de ellos a financieros rusos.



- Caso FILESA:

El escándalo estalla el 29 de mayo de 1991, cuando algunos medios de comunicación acusan al PSOE de financiación irregular a través de las empresas FILESA, MALESA y Time Export. Entre 1988 y 1990 estas sociedades cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.



- Caso Osakidetza:

En las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990, cuando la cartera de Sanidad estaba dirigida por el PSE, se detectó un "cambiazo masivo" de exámenes, lo que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. El objetivo del fraude era doble: beneficios a numerosos opositores de un determinado ámbito político y sindical -PSOE y UGT- e instalar un grupo de personas afines a este partido en posiciones con capacidad de control efectivo sobre el funcionamiento de la red sanitaria pública. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE.



- Caso Mariano Rubio:

Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España nombrado por el PSOE de Felipe González, amasó una considerable fortuna gracias a una práctica de la que se hablaba en voz baja en los años del "pelotazo" denominada "insider trading", y que en castizo no es más que utilizar en su provecho información privilegiada. Poco después, tras su forzada dimisión, daría Mariano Rubio con sus huesos en la cárcel acusado de delito fiscal, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de Influencias.



- Caso AVE:

Otra financiación irregular del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación del tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en la que se encuentran imputados casi una decena de personas. El sumario fue desglosado de la trama "FILESA" por el Tribunal Supremo, al deducir que "eventualmente" podría haber otras vías de financiación ilegal del PSOE.

En pocas palabras, las obras del tren de alta velocidad fueron presuntamente aprovechadas por altos cargos del PSOE para cobrar comisiones ilícitas, en especial de la empresa Siemens. En el banquillo se sientan el ex ministro de Transportes, Julián García Valverde, el secretario del socialista Guillermo Galeote, Sotero Jiménez, el más famoso fontanero de Moncloa durante la etapa Felipe González, Florencio Ornia, Aída Álvarez, Luis Oliveró, etc.



- EXPO 92:

El Tribunal de Cuentas detecta unas pérdidas de 35.000 millones de ptas. en la gestión de la Exposición Universal celebrada en Sevilla en 1992, en vez de los 18.000 millones de beneficios declarados por sus responsables. El juez Baltasar Garzón imputa a ocho ex-responsables y directivos de la Expo 92 por presuntos delitos de malversación, falsedad y apropiación indebida, entre los que cabe destacar el ex-responsable de FILESA, Luis Olivero Capellades, el abogado Isidor Garces y el ex-presidente de la Exposición, Jacinto Pellón.



- Casos Urralburu y Aragón:

Los negocios irregulares del presidente de Navarra, Urralburu, se destaparon por su relación con el ex-director de la Guardia Civil Luis Roldán. Junto al ex-consejero Antonio Aragón, Urralburu fue procesado por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su mandato de 1987 a 1991.



- Fondos Reservados:

A finales del año 2000, los ex-ministros de Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, el ex-director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y el ex-secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, entre otros, eran juzgados por el presunto robo de los fondos reservados del Ministerio de Interior. Todos ellos eran acusados de un delito de malversación de caudales públicos.



- Caso BOE

Entre 1989 y 1991 se realizaron varias adjudicaciones irregulares por parte de los responsables del Boletín Oficial del Estado (BOE) para la compra de papel por un valor total de 2.385 millones de pesetas, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. El daño económico radica en que el papel se pagó a un precio superior al del mercado. El fiscal sostiene que se pagaron al menos 207 millones en comisiones ilegales a algunos de los procesados, entre ellos la entonces directora general del BOE, la socialista Carmen Salanueva, y el ex responsable del Departamento de Producción, Julio Fernández.

Éstos son sólo algunos de los casos en los que se ha visto involucrado el PSOE. La lista podría continuar con el "Caso Marey", el "Caso Lasa-Zabala", el "Caso Galindo", etc...