Pechina - Almeria

El impresentable discurso del ministro de la amnistía.

El comportamiento político del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, además de inédito, es reprobable. Es impresentable y conculca las reglas y compromisos de la relación política e institucional en una democracia. Cristóbal Montoro no puede hacer un uso torticero de la información fiscal de que dispone para amordazar a la oposición (“Si alguien entiende que el ministro de Hacienda lanza una amenaza, será porque no es un fiel contribuyente”), ni para coartar la libre expresión de actores y actrices, ni para amedrentar a medios de comunicación y periodistas. Su obligación, muy por el contrario, es atenerse a la Ley General Tributaria y a la orgánica de Protección de Datos y mantener reserva y plena discreción, impulsando la lucha contra el fraude a través de la Agencia Tributaria y, en su caso, dando traslado al fiscal de las infracciones que podrían constituir un delito. Todas sus admoniciones amenazantes son de una prepotencia intolerable. Están de más.

Pero es que Montoro, además de carecer de potestas para lanzar estas invectivas, está ayuno también de auctoritas ¿Se puede pronunciar en semejantes términos el responsable de la amnistía fiscal? ¿Acaso sigue ignorando el titular de Hacienda que erró moralmente con esa medida y que no alcanzó los objetivos recaudatorios que prometió? ¿Sabe el ministro el impacto social que produce conocer que presuntos delincuentes se han amparado en esa baratísima regularización fiscal mientras él sermonea a estos y a aquellos? ¿Por qué no dirige esas advertencias a sus compañeros de partido, alguno de los cuales en su momento tenía, y acaso sigue teniendo, su fortuna en Suiza, amasada ilegalmente ante sus propias narices durante años? ¿Cree que está en condiciones de comportarse como lo hace cuando sobre su propia formación política recaen sospechas de fraude, financiación ilegal y opacidad fiscal?

Dice el ministro que comprende que los “llamados creadores de opinión tengan problemas con Hacienda, pero no lo admito”. ¿Qué pretende con esa insinuación? ¿Qué no puede ser criticado en los medios o que si lo es el que critique será sometido a implacable inspección? Es una lástima que Montoro descienda a una dialéctica de vuelo tan raso, de tan mínima altura política y de tan escasísima inteligencia. Porque de ahora en adelante no faltará quien atribuya la acción inspectora de la Agencia Tributaria a ánimo de vindicación, a ajuste de cuentas o a venganza del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Padece con ello, no sólo la adecuada reputación de un miembro del Gobierno, sino también la seguridad jurídica, clave de bóveda para los inversores nacionales y, especialmente, extranjeros.

¿Cree Montoro que está en condiciones de comportarse como lo hace cuando sobre su propia formación política recaen sospechas de fraude, financiación ilegal y opacidad fiscal?

La iniciativa -casi inviable desde el punto de vista jurídico- de anunciar la posibilidad de dar publicidad en una lista a la identidad de evasores y defraudadores (¿en compensación por el fiasco ético y recaudatorio de la amnistía?) resulta una propuesta populista, pero sucederá como con aquella otra que proponía dar a conocer la identidad de los autores de violencia machista. Es verdad que en algunos Estados de USA existen esas listas, al igual que en Irlanda y en el Reino Unido, pero en ellas se refleja a los infractores condenados en firme por sentencia judicial y sólo respecto de determinados impuestos. La Administración Pública no puede en caso alguno dar publicidad a la identidad de evasores o defraudadores, salvo que se lo permita una ley que reforme la General Tributaria y la de Protección de Datos, y que lo sean por condena judicial firme.

El ministro de Hacienda tiene ante sí un panorama desolador. Porque, además de ser el político que más ha elevado los impuestos en menor tiempo de gestión -directos e indirectos, contraviniendo el programa electoral de su partido-, es el responsable aquí y ahora de que en España la economía sumergida suponga hasta un 25% de nuestro PIB y que, pese a ser uno de los países de Europa con los impuestos más elevados, tenga una de las recaudaciones más bajas del Continente -también en relación con el PIB-. La eficiencia recaudatoria de nuestro Fisco es ampliamente menor que la media de los países de la zona euro. Y tal estado de cosas no va a mejorar en modo alguno porque Montoro lance amenazas más o menos sutiles sobre determinados colectivos que, por motivos varios, le resultan incómodos, críticos o molestos.

Por otra parte, sería muy interesante conocer qué piensan de esta línea argumental del señor ministro los inspectores de la Agencia Tributaria, a los que pone en el disparadero de parecer a ojos de los contribuyentes como dóciles instrumentos de las hostilidades y querencias políticas de su jefe político. Es cierto que para circular socialmente con espíritu crítico, para reclamar honradez y para exigir ejemplaridad hay que predicar con el ejemplo. Como es cierto que para escribir y decir según qué cosas hay que disponer de una transparencia total ante la Hacienda Pública. Pero ese es un deber cívico, una obligación legal que ha de ser cumplida y exigida tal y como establecen las leyes y con la publicidad que estas permiten. Sólo donde no hay un cabal imperio de la ley y un pleno sentido democrático y cívico son posibles las amnistías fiscales y los discursos ministeriales como los de Montoro, la una y los otros abiertamente impresentables.

BIOGRAFIA DEL AUTOR
José Antonio Zarzalejos es licenciado en derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Ha desempeñado puestos de distinta responsabilidad tanto en el Grupo Correo, primero, como en Vocento, después. Fue director del diario ABC de 1999 a 2008. Su "cuaderno de notas" pretende ser una aproximación certera a la realidad política, económica y social española e internacional.