Carboneras - Almeria

A pesar de su poder, la Junta mal gestiona el agua de Andalucía e incumple la directiva de la UE

viernes, 08 de mayo de 2009

Andalucía es una de las cinco comunidades afectadas por una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a España al detectar incumplimientos de la directiva marco europea del agua. La condena, hecha pública ayer, hace referencia a las legislaciones autonómicas de Andalucía, Galicia, País Vasco, Baleares y Canarias. La norma europea trata de establecer un marco para proteger las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas.

La Comisión Europea había recurrido al Tribunal de la UE al considerar que España había vulnerado sus obligaciones por no haber designado todas las autoridades competentes para la aplicación de las normas y por no haber comunicado la lista de las mismas. Esta directiva (2000/60/CE) establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas con el objetivo de “establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas”.

En base a estas normas europeas, los países de la UE debían especificar las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional e incluirlas en demarcaciones hidrográficas, así como adoptar las disposiciones administrativas adecuadas, incluida la designación de la autoridad competente apropiada, para la aplicación de la directiva en cada una de las demarcaciones.

La fecha límite para la designación de estas autoridades, por parte de cada Estado miembro, era el 22 de diciembre de 2003. Posteriormente, en un plazo máximo de seis meses, los socios europeos debían remitir la lista de las autoridades competentes a Bruselas.

En España, la gestión de las cuencas hidrográficas se rige por la Ley de Aguas. La legislación distingue dos clases de cuencas hidrográficas. Por un lado, las cuencas denominadas ‘intercomunitarias’, que comprenden territorios pertenecientes a varias Comunidades Autónomas, cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, aclara el comunicado.

Por otra parte se identifican las cuencas denominadas ‘intracomunitarias’, que son aquellas en las que la totalidad de su territorio está comprendido dentro de una única Comunidad Autónoma, y que da la competencia de la gestión del agua al Gobierno regional.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE declara, a título preliminar, que las “obligaciones de delimitación de las demarcaciones hidrográficas y de designación de las autoridades competentes no pueden disociarse”. Por lo que, la delimitación “es indispensable para que una autoridad designada pueda considerarse apropiada a efectos de la aplicación de las normas” de la directiva de aguas europea.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva de política de aguas al no haber designado las autoridades competentes para aplicar sus disposiciones por lo que respecta a las Comunidades Autónomas de Galicia, del País Vasco, de Andalucía, de Baleares y de Canarias.


Denuncia de los ecologistas andaluces

Estos incumplimientos ya fueron denunciados por la organización "Ecologistas en Acción". Según la misma y en denuncia de 2007, hay una mala gestión del Agua en Andalucía. Junto con WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, han criticado la mala gestión de la Agencia Andaluza del Agua que utiliza el discurso ambientalista sin llevarlo a la práctica e incluso está incumpliendo la Directiva Marco del Agua.

Las organizaciones ecologistas han hecho un repaso a la situación de las aguas dos años después de la puesta en marcha de la Agencia Andaluza del Agua y han pedido a la Junta de Andalucía que cambie su política hídrica y favorezca la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de las inversiones, una mejor gestión de los recursos y una mayor transparencia.

Los principales problemas según los ecologistas

Las cuatro organizaciones han hecho un repaso a los principales problemas del agua en la Comunidad. Los ríos andaluces sufren graves problemas de vertidos de aguas residuales sin depurar. El 30% de los municipios de entre 15.000 y 100.000 habitantes carecen de depuradora, en el resto un gran número de instalaciones funcionan mal. El 50 % de las aguas residuales urbanas e industriales de la cuenca del Guadalquivir no se depura. En la cuenca Mediterránea es el 32%.

El escaso control sobre los recursos subterráneos está poniendo en peligro el abastecimiento urbano y áreas protegidas como el Parque Nacional de Doñana. No debemos olvidar que los acuíferos son las mejores reservas estratégicas de agua, porque no son tan sensibles a las sequías como los embalses. Sólo en las cuencas del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza el 25% y el 22% de los acuíferos respectivamente están contaminados con niveles de nitratos superiores a los 50mg/l (límite máximo marcado por la Directiva 91/676). Además, la mayoría de los acuíferos costeros están sobreexplotados debido a la fuerte presión que ejercen sobre ellos los regadíos, las urbanizaciones y los campos de golf.

Ya se denunciaba en 2007 el Incumplimiento de las directivas europeas

La Agencia Andaluza del Agua estudia actualmente eximir a los regantes de la obligación de pagar el precio real del agua que consumen. La propuesta supondría subvencionar el agua a los empresarios agrarios y a cambio gravar más a los usuarios domésticos. De esta forma, los regantes quedarían eximidos de pagar, entre otros, los costes de construcción y funcionamiento de las infraestructuras, los costes ambientales y de oportunidad. Esta medida incumple los planteamientos de la Directiva Marco del Agua.

Además, el Consejo Andaluz del Agua sigue siendo hoy el único órgano de participación con un funcionamiento irregular e inoperante, donde apenas existe debate. De hecho, el borrador del nuevo Decreto que regulará la participación pública en las cuencas andaluzas vuelve a relegar a las organizaciones ecologistas en favor de los regantes. En el Comité de Gestión de los Recursos de la Cuenca ni siquiera se prevé la incorporación de representantes de las organizaciones ambientales aunque sí entran por primera vez los del sector turístico.

Las organizaciones ambientales reconocen que desde su creación, el 1 de enero de 2005, la Agencia ha tenido un efecto positivo en la concienciación sobre el valor del agua y de los ríos y ha promovido un mayor control sobre los usos urbanos del agua, en especial el riego de jardines y el llenado de piscinas en la Costa del Sol. Igualmente, la Consejería de Innovación ha contribuido a controlar la propagación de nuevos pozos ilegales a través de una Orden aprobada en junio de 2006.
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