Benahadux - Almeria

El pasado 11 de febrero se publicaba en el BOE una nueva reforma del Estatuto de los
Trabajadores, se trata de la cuarta gran reforma del sistema de relaciones laborales desde el
comienzo de la crisis financiera en 2008. Esta nueva reforma supone un cambio drástico del mercado
laboral en el Estado español. Nunca las relaciones laborales han sido igualitarias, pero las medidas
incluidas en el R.D-Ley de 10 de febrero han roto definitivamente toda posibilidad de equilibrio. La
nueva reforma laboral no es sino la última vuelta de tuerca contra los derechos de las trabajadoras y
los trabajadores.
Si bien, la justificación oficial de la reforma, es la necesidad de crear empleo y reducir una tasa
de paro que en el año 2011 ha alcanzado el 22,85 % y que para los menores de 25 años está cercana
al 50%, el PP ha aprovechado la crisis económica y la enorme tasa de paro para plegarse a las
exigencias e intereses de la patronal, ya que la nueva Reforma Laboral recoge todos y cada uno de
los argumentos de la CEOE y la derecha. De esta forma, el PP se alinea con los intereses económicos
y empresariales dominantes para decretar una reforma que acaso constituya la mayor agresión a los
derechos de las trabajadoras y los trabajadores desde la Transición.
De nuevo se sitúa a los derechos laborales y los salarios como los causantes de la escandalosa
tasa de paro. Y de nuevo, las trabajadoras y los trabajadores tenemos que asistir a la cansina
cantinela de que una nueva reforma laboral es la clave para crear empleo y salir de la crisis. En un
cinismo sin límite, los mismos que han causado el desastre con su especulación desenfrenada,
reclaman rescates con dinero público al mismo tiempo que el abaratamiento del despido y la
reducción salarial a los trabajadores y las trabajadoras.
No es cierto que la reforma laboral vaya a crear empleo, igual que no lo creó la reforma
aprobada por el PSOE en junio de 2010. De hecho, de las 52 reformas laborales que se han hecho al
Estatuto de los Trabajadores desde el año 1980, ni una sola ha creado empleo. Sin embargo, con
todas ellas se ha ido imponiendo una creciente desregulación, flexibilidad y precariedad laboral. Es
decir, han supuesto una constante pérdida de derechos para la clase trabajadora. La Reforma Laboral
actual viene a cerrar, por ahora, este ciclo contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
En esta reforma, aprobada sin contar con el mínimo consenso social, destacan estas agresiones:
- Se convierte en despido procedente (sea individual o colectivo) todo despido producido tras
una disminución de ingresos de la empresa durante tres trimestres consecutivos (no es
necesario que haya pérdidas), con un coste de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades
como máximo.
- Se generaliza la indemnización por despido improcedente (sin causas objetivas) de 33 días
por año trabajado, hasta un máximo de 24 meses, acabando definitivamente con los pocos
contratos que se hacían de 45 días y 42 meses de indemnización máxima.
- Los EREs (despidos colectivos) no necesitarán autorización administrativa previa, así como
los de suspensión o reducción de jornada.
- Los organismos y entidades del sector público pueden alegar también causas económicas,
organizativas, técnicas o de producción para redimensionar plantillas, es decir que las
administraciones públicas podrán despedir a personas laborales fijas.