Benahadux - Almeria

S
egún la ONU, hay 1.100 millones de personas
en todo el mundo que no tienen acceso al agua
potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció este
acceso como un derecho humano básico, un
derecho que en España empieza a ser un negocio que
está pasando a manos privadas.
Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir,
quienes se encargaban de hacer que este recurso natural
de primera importancia llegara a los ciudadanos, eran
los ayuntamientos. A través de entidades locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de
los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen
por todo el Estado los procesos de privatización de este
suministro. El procedimiento es sencillo: el agua sigue
siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente
privado que consigue la concesión del ciclo urbano del
agua a cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa
situación financiera.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento,
ya ha bautizado este fenómeno como “burbuja hídrica”.
A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos,
inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que
proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.
La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado (PPP) mediante el cual se otorga una
concesión durante 40 o 50 años a una empresa privada.
Así, las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario
seguro y permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%.
Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes
constructoras. Solo la catalana Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC (Fomento
de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y servicios, con sus más de 9 millones de abonados,
controlan cerca del 80% del mercado privatizado. Todo
un oligopolio al que se ha sumado Acciona, que acaba de
obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat, suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.
Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización
suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a
financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central
Europeo les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar liquidez en el sector financiero.
Hay que recordar que, por imposición europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los
PPP, en los que el socio privado hace de banquero.
Para el economista y miembro de Nueva Cultura del
Agua Pedro Arrojo, “privatizar es un acto de sabotaje
social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás
pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran
cobrar de intereses”.
Un futuro oscuro
Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de
Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector “no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables
del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén
impulsando el proceso privatizador experimentado por
el sector”, en este caso en Andalucía.
Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho, Babiano solo encuentra inconvenientes,
ya que “el modelo de gestión pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida del
40
Enero 2013
Privatizaciones www.lamarea.com

Sólo mira lo que ha pasado en Benahadux, nos han sometido sin preguntar a los vecinos si queríamos tener el gran servicio que presta Aqualia y han pensado mucho en nosotros ahora que estamos en una depresión económica monumental.

P.D Llevamos ya 14 días de 2013 y el señor alcalde sigue costando 3.950 € al mes.