Santa Pola - Alicante

El exalcalde de Santa Pola critica que Costas y el TSJ actúen contra sus bungalós y deje intactas otras promociones que invaden suelo protegido




El exalcalde de Santa Pola y uno de los promotores de las seis viviendas adosadas de Tabarca que derribará el Consell por haberse construido en zona de servidumbre de paso explicó ayer que ha presentado una «demanda incidental» en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se trata de una demanda contra el fallo, ratificado por el Supremo, en el que declaraba nula la autorización del Consell para los adosados.
Con ella pretende lograr que se tenga en cuenta que «una vivienda y media» de las construidas en esta promoción están fuera de la zona de protección establecida por Costas, que es de 20 metros, por lo que «están en suelo cuya competencia es del Ayuntamiento», además de estar calificado como «urbano y edificable» (como también lo está el que ocupan las demás viviendas).
Se da la circunstancia, explica Orts, de que «estructuralmente estas viviendas pueden subsistir independientemente aunque se quedara una sola en pie», por lo que considera que esta circunstancia debería ser tenida en cuenta.
Por otro lado, Orts critica que la información y la polémica que ha generado este caso se hayan focalizado excesivamente en él y su anterior cargo como alcalde de Santa Pola. Un cargo que llega a vincular al resultado del contencioso iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente contra el Consell. «Esta situación de recurso del Ministerio frente a la Conselleria o al Ayuntamiento ya se dio en otras promociones, exactamente igual a las nuestras», indica, pero «como no estaba Pascual Orts, alcalde y del PP, parece que el TSJ en otros casos dijo que la tramitación fue correcta y ante el nuestro no desarrolla el mismo argumento».
Aún va más allá el exalcalde al aventurar si en esas otras promociones «no tendría nada que ver que acabase siendo propietaria de una de las viviendas la vicesíndica de agravios, Emilia Caballero, colocada por la cuota y poder del PSOE».
Respecto al presunto «trato de favor» hacia él por el Ayuntamiento añade que, meses antes de conceder la licencia de obra a Hermanos Orts Antón (él y cinco promotores más) para los seis adosados, «se concedió otra para 19 viviendas en Tabarca que están en el mismo caso de invasión de la servidumbre y allí están, sin haber causado revuelo al PSOE, EU o el Ministerio», dice. «Esto que está pasando aquí es muy gordo y no pararé hasta que se me oiga en el último rincón donde pueda ir y exigir mis derechos», considera Orts.
El PSOE pide una comisión
El concejal socialista Pablo Rosser señaló ayer que, en su opinión, el Ayuntamiento es «tan responsable como el Consell» en el caso de los bungalós ilegales de Tabarca, ya que «concedió la licencia de ocupación en 2005, cuando el TSJ ya había dicho que eran ilegales». Por ello, les pide que «paguen las indemnizaciones» pero «se descuenten del sueldo de los responsables». Sin embargo, desde Urbanismo negaron ayer responsabilidad alguna en las indemnizaciones, así como que se les haya solicitado nunca por parte del Consell.
Por otro lado, su grupo presentará una moción para crear una comisión multidisciplinar para abordar asuntos pendientes de la isla, como el Plan Especial, y al que presentarían de inicio 18 propuestas.