Redován - Alicante

En las últimas elecciones municipales no me pasó inadvertida la circunstancia de que un buen número de inmigrantes acudieron a votar y, por el resultado de las mismas, casi me atrevo a asegurar que la mayoría de ellos lo hicieron al PP. Hecho que no critico porque la voluntad del electorado siempre es respetable. Esto viene al pelo para comentar la noticia del anuncio por parte del portavoz del PP en el congreso en materia de inmigración Rafael Hernando de que el futuro gobierno modificará el actual sistema de regularización de inmigrantes “para evitar que estos tengan los mismos derechos que las personas que viven legalmente en nuestro país”. Como era de esperar, la reacción de las asociaciones de personas afectadas por esa variación de la política de inmigración no se ha hecho esperar. Una de estas asociaciones, la de ecuatorianos que se denomina Rumiñahui, por medio de su máximo representante Vladimir Paspuel, le pide al PP “que respete la normativa actual” y espera que Hernando cambie de opinión porque, asegura, “que en el PP hay corrientes sociales y progresistas siempre pegados a la norma y a la ley, como la propia asociación mencionada”. No se puede asegurar que esto sea cierto, porque no sabemos que “corrientes” de ese estilo hay en este partido. Pero si que podemos afirmar, como he dicho antes, que una parte mas o menos amplia de este colectivo piensan que con la derecha la situación va a volver a ser la misma en un corto periodo de tiempo. Lo piensen o lo deseen, lo cierto es que en el hipotético caso de que esto ocurra, quieren volver a tomar parte en el reparto de la tarta de lo que creen que será la tercera parte del milagro español. Pero no es menos cierto que con esas buenas nuevas con las que avisan los flamantes gestores de la política y la economía española, una parte de los sufridos expatriados económicos que hay en nuestro país, no cuenten mucho en esas expectativas para el futuro gobierno. Hay mucho paro en España, es verdad. Pero este no se combate desde la injusticia de cargar contra quienes tienen menos posibilidades de defensa por que su situación jurídica sea más precaria. Y aún sería más injusto, si consideramos que este colectivo en tiempos de bonanza económica, ha sido uno de los que también ha aportado su trabajo mientras duró esa prosperidad. Y aún seria más injusto si cabe, si consideramos que en esta época de crisis que estamos atravesando, este mismo colectivo mayoritariamente este sufriendo el abuso de estar siendo explotados impunemente por los empresarios sin escrúpulos que se mueven en el mundo de la economía sumergida.A estos sería a quienes habría que meterles mano.

¡¡Hasta los que no pueden votar EXISTEN!!