Catral - Alicante

Mientras unos se detienen en si la banda sale o no en el desfile multicolor y otros matizan que así es como se denomina a la bandera del orgullo gay, otros se dedican a trabajar y hacer las cosas como deben de hacerse.

Cada uno a lo que le toca.

Todas las viviendas ilegales de Catral deben disponer de una fosa séptica homologada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En el caso contrario los propietarios podrían cometer un delito medioambiental. Desde el Ayuntamiento se ha iniciado un proceso para contabilizar las características de todas las casas diseminadas por la huerta, para ello el equipo de gobierno ha contratado a dos técnicos que realizan este trabajo.
Las fosas sépticas que la CHS homologa llevan incorporadas una depuradora para reutilizar el agua para el riego, y así evitar filtraciones a la capa freática. No obstante, en la actualidad hay dispositivos que renuevan el agua para otros usos como la limpieza. Así las cosas desde el área de Urbanismo se lleva a cabo un registro con todas las construcciones, más de 1.200, y así comprobar que se cumple con la normativa que dictamina la Comunidad Europea.
Los residentes extranjeros ya han solicitado en algunos casos los permisos para realizar estas reformas en sus inmuebles, ya que la mayoría carece de este tipo de dispositivos. El alcalde, Aurelio Albero, explicó que «si carecen de estas fosas sépticas siempre pueden acudir al constructor o al promotor».
Las urbanizaciones levantadas en suelo rústico catralense se realizaron sin ningún tipo de redes de aguas residuales. Por este motivo cada chalé elimina sus sobrantes al subsuelo, un hecho que puede suponer una grave contaminación para la capa freática. Así los dueños de casas irregulares deben solicitar un permiso en la Confederación Hidrográfica, y tras un informe del arquitecto municipal se aprueba la instalación de una fosa.
Desde el Consistorio se ha emprendido un nuevo registro de todas las construcciones para controlar cuáles son las que cumplen la normativa y las que no. De esta manera dos técnicos recaban información sobre los metros útiles construidos, si disponen de aparatos de evacuación de aguas residuales homologados y si se han construido una piscina de forma ilegal.
Todo este proceso lleva un complejo recuento de datos debido al volumen de viviendas y por las distancias de las mismas. Los técnicos también miden los metros de parcelas porque durante los años del 'boom inmobiliario' todas estas casas se crearon con un permiso de vallado y cuarto de aperos.
El regidor explicó que «todo este trabajo y la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, con el que se ha propuesto regularizar su situación, lleva un gran coste económico». Esta inversión se espera recuperar de la tasa aprobada por el equipo de gobierno. Este impuesto, que supone el 1% del valor de cada inmueble y ya se ha comenzado a cobrar. Albero explicó que «con el pago de esta tasa los vecinos pueden exigir a Iberdrola que solucione cualquier problema técnico en el suministro eléctrico».