Casas-Ibáñez - Albacete

Los socialistas castellanomanchegos, que llevaban en el poder 28 años, están cada vez más nerviosos tras la debacle electoral del pasado 22-M. Sus presuntas actuaciones intentando romper documentos comprometidos en la gestión económica de la Junta de Castilla-La Mancha les delatan. ¿De qué tienen miedo? El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias presentará hoy un escrito en la Fiscalía General del Estado en el que denuncia al ex presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, por “ordenar presuntamente la destrucción de informes y documentos tanto en papel como informatizados antes de proceder al traspaso de poderes”.

Según se desprende de la denuncia, la presunta conducta delictiva de Barreda está encuadrada en el artículo 413 del Código Penal que está dentro del capítulo referido a la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Este precepto señala que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años”. Además, también se le castigará con “inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres a seis años”.

Según el sindicato, “la infidelidad en la custodia de documentos ha servido al socialista Barreda para tapar otras conductas delictivas como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricaciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y autoridades”.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, señaló a este diario: “Hay constancia de que el presidente en funciones de Castilla-La Mancha ha dado órdenes a las empresas que tienen el dominio informático para la destrucción de documentos”. Por tanto, “el máximo responsable es Barreda, la orden no ha podido partir de un consejero cualquiera”, apuntó.

Según la denuncia, el bien jurídico protegido es “la seguridad en la custodia y en el tráfico documental”. Además, de “la reserva o el secreto como instrumentos necesarios para que la Administración Pública pueda desempeñar su función social”. En definitiva, “Barreda ha llevado a comunidad autónoma a la quiebra más absoluta al no respetar las reglas de la transparencia de una Administración que debe actuar defendiendo los intereses generales de los ciudadanos y no los particulares de los gestores”, subrayó Bernad.

Medidas cautelares
En otro orden de cosas, la denuncia solicita al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la adopción urgente de medidas cautelares. Concretamente la “intervención de todo el soporte informático de la empresa que tenía contratado el dominio de la Junta de Castilla-La Mancha”. El objetivo es “evitar la destrucción de pruebas del Gobierno socialista”.

Otro de los puntos que el Colectivo Manos Limpias describe en la denuncia se refiere a que el “Gobierno de Barreda estaba en connivencia con el ex presidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, que era el instrumento que utilizaba para sus fines ilícitos”.
En este sentido, “la entidad financiera se vaciaba para la concesión de créditos a promotores afines al presidente en funciones y avalar expedientes de recalificación de suelos”, razona la denuncia. Además, según la legislación vigente, “hay obligación de conservar, archivar y custodiar los documentos administrativos durante 20 años”.

Para el secretario general de Manos Limpias, “la corrupción ha anidado y ha adquirido carta de naturaleza en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE”.

Quiebra total
Por otra parte, hoy se producirá una reunión informal del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en funciones, a la que acudirán todos los consejeros salientes para estudiar si se suspenden definitivamente las reuniones que se estaban llevando a cabo con el PP para preparar el traspaso de poderes. Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia en funciones, Santiago Moreno. A esta reunión no asistirá Barreda.

Moreno afirmó que se van a analizar las acusaciones de los populares de los últimos días en las que han dicho que la Junta está en “quiebra total” y en las que han insistido en decir que “no tienen nada que ver con la realidad” y que “no se sustentan en documentos ni hechos reales”, según informa Europa Press.

En cualquier caso, los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos del PP que en la próxima semana comenzarán a tomar posesión de sus cargos, temen encontrarse las arcas públicas vacías y “pufos por todas partes”. “¿Qué tiene que ocultar de su gestión para obsesionarse con la destrucción de documentos?”, se pregunta un dirigente regional del partido. Un portavoz popular en Castilla-La Mancha asegura que el gran lastre de esa posible destrucción de documentación provoca un problema a largo plazo, pues si los nuevos gobernantes no conocen la realidad de los Gobiernos locales, la gestión será insostenible.

Desde la sede nacional del PP, su vicesecretario de Política Local y Autonómica, Javier Arenas, echó ayer en cara a los socialista su supuesto mal hacer en el traspaso de poderes. El también presidente del PP andaluz criticó al PSOE (extendiendo la denuncia a todo el partido, no sólo al de Castilla-La Mancha) por no saber “dar ejemplo en el tránsito de las funciones hacia los nuevos gobernantes” y recordó que sus alcaldes siempre han tenido una actitud “intachable” e “impecable” cuando les ha tocado a ellos dejar el poder.
Arenas se remontó a las generales de 2004 y, tras apuntar que él mismo se encargó del traspaso entre el Gobierno de José María Aznar y el de José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que ellos sí consultaron “todo lo que se hacía desde el día siguiente de las elecciones a quienes habían ganado” y confió en que se haga así “en todas las corporaciones locales y provinciales”.