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El escándalo de los ERE en Andalucía, también conocido como ERE gate1 o caso del fondo de reptiles2 , es una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen del escándalo está en la investigación, actualmente en curso, del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.3 El escándalo de los ERE, expedientes de regulación de empleo, es atribuible al 3% de los ERE totales llevados a cabo en Andalucía.

El caso ERE está siendo actualmente investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el Tribunal de Cuentas del Estado. Es de resaltar que la propia Junta de Andalucía, gobernada como se indica arriba por el PSOE, es acusación particular en el caso, un rara avis en la praxis política institucional.

Terminología

La expresión «fondo de reptiles» procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse al uso, presuntamente fraudulento por parte del PSOE, de los fondos de dinero público destinado a prejubilaciones, después de que utilizara este término por primera vez Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. También se emplea dicho término para los fondos secretos que la policía emplea, presuntamente, en pagar delatores.

Descripción del fraude

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.

La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas), su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.

El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo. La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo. De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,11 que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.

Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba. El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta. El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.

Ayudas fraudulentas a empresas

Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it. La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.

Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE. Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros del "fondo de reptiles".

Juan Francisco Trujillo, chofér del propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizó a sí mismo y a él, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución. Igualmente, Trujillo también afoirmó que sobornaba a Guerrero para conseguir más subvenciones.

El método de investigación

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs. A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final".

La jueza que investiga el fraude está casada con Jorge Castro, que trabajó como auditor de la empresa Mercasevilla. Una denuncia contra dicha empresa fue el origen de la causa. El hecho de que el marido de la juez Alaya trabajara para ella ha servido de base para que un abogado haya presentado un escrito ante la juez para que esta aclare la "presunta lógica animadversión" entre su marido y Mellet, el director de la empresa investigado, que fue precisamente el que despidió a su marido por una negligencia continuada en el ejercicio de auditoria, detectada por una auditora externa encargada precisamente por Mellet, descontento con la situación que encontró al ser nombrado para el puesto. Dicho abogado preguntó a la instructora si ella había recibido "asesoramiento técnico extraprocesal" que pudiera haberle hecho perder su imparcialidad como instructora de la causa. Alaya rehusó hacer declaraciones para esta informacion.elpais

El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.

Comisión de investigación parlamentaria

Desde febrero de 2011 hasta junio de 2012, el Parlamento andaluz rechazó sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE mientras el PSOE-A tuvo la mayoría absoluta del pleno. El Partido Socialista defendió el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa. Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.

Finalmente en junio de 2012 el Parlamento creó esta comisión, al ser una de las condiciones de Izquierda Unida en su pacto con el PSOE tras las elecciones autonómicas. El vicepresidente del Parlamento, Ignacio García Rodríguez, será el presidente de esta comisión de investigación en la que comparecerá a petición propia el presidente autonómico, José Antonio Griñán.

La comisión finalizó el 28 de noviembre de 2012. En un parlamento sin mayoría absoluta y con cada formación apoyando únicamente sus tesis, los trabajos se cerraron sin aprobar ninguna resolución sobre el caso. No hubo acuerdo entre las fuerzas políticas: el PSOE sólo exigía responsabilidades políticas al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero; IU, a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera; mientras el PP elevaba la culpabilidad hasta la cima de la Junta de Andalucía, en las figuras de los presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Personajes públicos implicados

La Fiscalía solicitió una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama. Rivas ya ha dimitido de su cargo. El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros. El 6 de noviembre de 2012, Antonio Rivas, Fernando Mellet (director de Mercasevilla) y Daniel Ponce (subdirector) fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y multas de 600.000 euros; si no abonan estas sanciones, se enfrentarían a 12 meses de prisión.

De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento. El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.

Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.13 El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.

Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".

El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades, que los denunciantes estimaron fraudulenta, ya que el precio fijado fue inferior a los de mercado de entonces, para que las Viviendas de Protección Oficial que pensaban construir sobre él resultasen más baratas que los precios de mercado, lo que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Mercasevilla, incluídos los votos del Partido Popular. Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal. El Partido Andalucista, que no tiene representación en el Ayuntamiento de Sevilla, solicitó su renuncia.44 45 En esta misma causa también está siendo investigada la empresa Construcciones Juan de Robles, propiedad de la familia de Fátima Báñez, ministra de Empleo del Gobierno de España.46

En diciembre de 2011 el ex-jugador de fútbol vasco, Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de 460.742€ a su nombre por impartir su empresa, "Cenforpre", unos cursos de Prevención de riesgos laborales.

Álvaro, hijo de Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la Empresa Dhul.

También está imputado Manuel Olivencia, suegro del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ya que su bufete de abogados asesoró legalmente y gestionó dichos expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones consecuentes. Olivencia percibió 120.000 euros del "fondo de reptiles".

El ex-parlamentario del PSOE-A Ramón Díaz fue imputado el 20 de junio de 2012. Se le atribuye una activa participación en la inclusión de falsos prejubilados en los ERE de tres empresas.

Repercusiones

El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo. El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán, y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.

Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.

Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que fue ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos. La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2011, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs. El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán contestó afirmando que iba a agotar la legislatura en marzo de 2012, convocándose elecciones el 25 de marzo de 2012

El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido, aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.

El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.

El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles". El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos. El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".

El 2 de agosto de 2011 un juzgado de Sevilla sentenció a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido en los ERE de esta empresa.

Imputados

El sábado 10 de marzo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero Benítez, ya que entiende que existe riesgo de fuga. Guerrero se convierte en el primero de los alrededor de 50 imputados que va a la cárcel por el presunto desvío fraudulento de 933 millones de euros.

Operación Heracles

En la madrugada del 19 de marzo de 2013, la jueza Mercedes Alaya ordena la detención de veinte personas, que son llevadas a cabo por la Guardia Civil. Entre los detenidos está Francisco Javier Guerrero Benítez, que es enviado de nuevo a prisión, y el sindicalista de UGT Juan Lanzas.

Esta operación se ha centrado en las empresas intermediarias entre la Junta de Andalucía y los perceptores del dinero de los ERE. Entre las empresas investigadas están las aseguradoras Vitalia y Uniter, además de consultoras y bufetes de abogados. Estas empresas cobraron unas altas comisiones, muy por encima del precio de mercado, por la gestión de los ERE, llevándose un total estimado entre 50 y 68 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía, a traves del IFA (actual Agencia IDEA).